Un juez pregunta a la CE si es delito sacar m¨¢s de cinco millones de Espa?a

El sacar de Espa?a todos los beneficios de la empresa en un malet¨ªn para situarlos en el extranjero sin pedir autorizaci¨®n puede no ser delito. As¨ª lo ha entendido Angel Calder¨®n, juez de la Audiencia Nacional, que ha aplazado la sentencia contra un italiano, Aldo Bordessa, detenido en la Junquera el 10 de noviembre de 1992 cuando sal¨ªa con 49.870.000 pesetas escondidas en su Mercedes.

El juez ha planteado una cuesti¨®n prejudicial y ha preguntado al Tribunal de Justicia de la CE si lo dispuesto en el Tratado de Constituci¨®n de la CE es contrario a la legislaci¨®n espa?ola en materia de delitos monetarios.Las normas espa?olas sobre control de cambios establecen la exigencia de declaraci¨®n previa para la salida f¨ªsica de un importe superior a un mill¨®n de pesetas por persona y viaje. Esa declaraci¨®n se convierte en autorizaci¨®n administrativa previa si. el importe excede de cinco millones. El incumplimiento de esta ¨²ltima norma supone un delito monetario castigado con una pena m¨ªnima de arresto mayor (de uno a seis meses de c¨¢rcel).

El juez Calder¨®n se ha planteado si esta normativa vulnera el art¨ªculo 30 del citado tratado que prohibe las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importaci¨®n. La limitaci¨®n en la salida de dinero puede implicar un obst¨¢culo a la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas por constituir una restricci¨®n de los medios de pago de las importaciones (no hay problema para pagar por transferencias bancarias).

Id¨¦ntica interpretaci¨®n podr¨ªa hacerse respecto al art¨ªculo 59 del tratado que garantiza la libre prestaci¨®n de servicios en la comunidad, ya que igualmente se ver¨ªan limitados los medios de pago.

Sin embargo, el Tribunal de la CE ya se?al¨® que "deben considerarse compatibles con el Tratado aquellas reglamentaciones que, a¨²n implicando alg¨²n tipo de obstaculizaci¨®n a las importaciones, persiguen la realizaci¨®n de exigencias relativas a la protecci¨®n de los consumidores, la salud p¨²blica, la eficacia de los controles fiscales...".

El juez Calder¨®n reconoce que la legislaci¨®n espa?ola persigue "tanto la eficacia de los controles fiscales, precaviendo eventuales operaciones de fraude o elusi¨®n tributaria, como la de la lucha contra determinadas formas de delincuencia especialmente la conectada al narcotr¨¢fico".

Sin embargo, de acuerdo con el art¨ªculo 67 del Tratado que establece la libre circulaci¨®n de capitales, y la directiva 88/361 que afecta a Espa?a, Calder¨®n se cuestiona si la reglamentaci¨®n espa?ola, y especialmente la autorizaci¨®n previa a la salida de capital, no constituye una restricci¨®n a los medios de pago de importaci¨®n de materiales, cuyo mandato de eliminaci¨®n de restricciones afecta a Espa?a.