Baza judicial

LA APROBACI?N por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la memoria sobre las necesidades de la Administraci¨®n de justicia que cada a?o eleva a las Cortes Generales ha coincidido casi en el tiempo con el nombramiento de uno de sus vocales, Juan Alberto Belloch, como ministro de Justicia. La coincidencia no puede ser, en principio, m¨¢s afortunada. Uno de los autores de la memoria -conocedora a fondo, por tanto, de los problemas de la justicia- tiene ahora en sus manos la posibilidad de resolverlos o, por lo menos, de impulsar las pol¨ªticas y voluntades necesarias para alcanzar ese objetivo.Adem¨¢s, la personalidad y la trayectoria profesional del nuevo ministro re¨²nen elementos suficientes como para augurarle ¨¦xito en la tarea: Belloch es un juez que ha demostrado tener al menos tanta vocaci¨®n pol¨ªtica como jur¨ªdica. Es decir, junto a su labor estrictamente jurisdiccional ha desarrollado una actividad p¨²blica (en el marco de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia primero y como vocal del CGPJ despu¨¦s) que se ha caracterizado sobre todo por la aportaci¨®n de ideas y de propuestas globales para erradicar los males que aquejan a la justicia.

Lo que hace falta ahora es que lo que se predica como bueno en la sede del CGPJ se predique tambi¨¦n en la del departamento ministerial de la calle de San Bernardo, y sobre todo que esta visi¨®n pueda acoplarse a la global del Gobierno sobre la pol¨ªtica judicial y las relaciones entre el poder pol¨ªtico y los jueces. La experiencia muestra cu¨¢n distintas se ven las cosas de la justicia desde las responsabilidades del Gobierno y desde las del CGPJ, a pesar de que ambos sean ¨®rganos pol¨ªticos del Estado y, por tanto, obligados a tener perspectivas esencialmente convergentes sobre los objetivos de la justicia y el desarrollo del Estado de derecho.

El que al inicio de la cuarta legislatura socialista los problemas de la justicia se manifiesten casi con la misma fuerza que al inicio de la primera, hace m¨¢s de 11 a?os, muestra que, o bien han opuesto una resistencia m¨¢s fuerte de la esperada a los tratamientos aplicados, o bien ¨¦stos no han sido los m¨¢s adecuados. De todo ha habido en estos a?os. En todo caso, la exasperante lentitud de la maquinaria Judicial -el problema que resume todos- sigue en los niveles de anta?o, si no peores, originando unas listas de espera al menos socialmente tan insoportables como las sanitarias. Y ello a pesar del aumento sustancial del n¨²mero de jueces (m¨¢s de 1.000 hasta llegar a los 3.036 actuales, casi la media europea), de la mayor productividad de la oficina judicial y de los intentos llevados a cabo para imprimir m¨¢s celeridad a los procedimientos. El caso es que, como reconoce la memoria referida al a?o 1992 que acaba de aprobar el CGPJ, a 31 de diciembre de ese a?o los tribunales ten¨ªan pendientes de resolver 1.767.065 asuntos.

Pero adem¨¢s de este problema cr¨®nico, que no han logrado erradicar los aumentos presupuestarios y las mejoras organizativas (aparte de que los espa?oles gozan de derechos que antes no ten¨ªan, y, l¨®gicamente, litigan m¨¢s), la justicia de los a?os noventa se enfrenta a nuevos problemas, que en alg¨²n caso suplantan a los viejos y en alg¨²n otro se les a?aden. Alcanzar la media europea de jueces por habitante ha propiciado una alarmante baja de calidad en la producci¨®n judicial que es necesario corregir cuanto antes. En bien de las garant¨ªas del justiciable, pero tambi¨¦n de la justicia. ?sta puede quedar burlada si el juez no est¨¢ preparado para enfrentarse a la cada vez mayor complejidad de muchos de los asuntos (delincuencia organizada y de cuello blanco) que llegan a los tribunales. De ah¨ª que sea urgente, y parece que m¨¢s coherente, que el CGPJ se haga cargo (le una tarea -la selecci¨®n y formaci¨®n de jueces- que el Gobierno no ha sabido o podido realizar con ¨¦xito.