La Ertzaintza llevaba 17 meses tras los pasos de los chantajistas

La polic¨ªa auton¨®mica vasca llevaba 17 meses tras la pista de los extorsionadores de ETA. El primer hilo que condujo a este ovillo fue la operaci¨®n en la que se desmantel¨®, el 31 de enero de 1992, una red de cobro del llamado impuesto revolucionario.En aquella acci¨®n policial, denominada Operaci¨®n Easo y desarrollada en Guip¨²zcoa y Navarra, fueron detenidos Juan Manuel Idarraga y Jos¨¦ Carlos Apeztegu¨ªa, empleados de los peri¨®dicos Egin y Egunkaria; el miembro del sindicato LAB -af¨ªn a Herri Batasuna- en Renter¨ªa (Guip¨²zcoa), Jon Andoni Solagureneaskoa, y el abogado ?lvaro Reizabal, ex miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y ex diputado auton¨®mico de esta coalici¨®n.

El chantaje, conocido como impuesto revolucionario, hab¨ªa sido, junto con los secuestros de empresarios, la principal fuente de financiaci¨®n de ETA. La presi¨®n policial en Francia acab¨® a finales de los ochenta con la impunidad con que se cobraba el chantaje y oblig¨® a desplazar las operaciones a Espa?a.

La actuaci¨®n policial, iniciada por la Ertzaintza 17 meses antes, si bien la pista concreta de la red desarticulada ayer comenz¨® exactamente hace medio a?o, fue para el consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, una prueba evidente de que la "mafia vasca" ten¨ªa dos -brazos: ETA y la Mesa Nacional de Herri Batasuna y su entorno. Juan Mar¨ªa Atutxa compareci¨® entonces ante la Comisi¨®n de Interior del Parlamento vasco y present¨® un v¨ªdeo con las im¨¢genes de distintos momentos de la extorsi¨®n.

Peque?os empresarios

La red consigui¨® extorsionar a cerca de una veintena de peque?os empresarios que pagaron unos 200 millones de pesetas.La banda exig¨ªa normalmente entre 10 y 30 millones de pesetas, aunque los empresarios consegu¨ªan rebajar a entre 3 y 15 millones. La mayor¨ªa de los empresarios cedi¨® al chantaje, pero aIgunos se negaron a pagar. Las declara ciones posteriores de dos de los empresarios extorsiona dos implicaron, d¨ªas m¨¢s tarde, al abogado y senador de HB ¨¢igo Iruin. El letrado est¨¢ acusado de gestionar y mediar en -el pago del impuesto revolucionario.

Los cuatro detenidos fueron condenados, en mayo de 1993, a diversas penas. ?lvaro Reizabal, a tres a?os de c¨¢rcel por mediar en el cobro del impuesto; la pena para Jos¨¦ Carlos Apeztegu¨ªa y Juan Manuel Idarraga fue de 40 y 35 a?os, respectivamente, por delitos de pertenencia a banda armada m¨¢s 12 delitos de amenazas. Por ¨²ltimo, Jon Andoni Solagureneaskoa, fue condenado a 6 a?os por colaboraci¨®n con ETA.