El Ejecutivo franc¨¦s propone a los agentes sociales una moderada flexibilizaci¨®n laboral para crear empleo

El Gobierno franc¨¦s present¨® ayer ante el Consejo Econ¨®mico y Social su anteproyecto de Ley quinquenal para el empleo. Se trata de un texto que deber¨¢ ser discutido en la Asamblea Nacional a partir del 4 de octubre y una vez los llamados agentes sociales hayan hecho sus sugerencias. Actualmente el anteproyecto consta de 49 art¨ªculos repartidos en 4 grandes cap¨ªtulos: acceso y creaci¨®n de empleo; organizaci¨®n y adecuaci¨®n del tiempo laboral; formaci¨®n profesional; coordinaci¨®n y simplificaci¨®n de leyes y reglamentos.En su conjunto supone una moderada flexibilizaci¨®n de la normativa laboral. El ministro de Trabajo Giraud ha deso¨ªdo los consejos m¨¢s radicales de la comisi¨®n que, por ejemplo, propon¨ªa que el salario m¨ªnimo se rigiese s¨®lo por los precios, lo que habr¨ªa supuesto que los 4.500 francos mensuales se redujesen a 2.500. La ley prev¨¦ el c¨®mputo anual de las horas de trabajo, lo que permite a los empresarios adaptar la plantilla a sus necesidades y favorece los contratos a media jornada o intermitentes. Para favorecer la creaci¨®n de empleo el Estado asume determinados gastos sociales, hasta ahora a cargo de la patronal, aunque s¨®lo en los bajos salarios y siempre y cuando el empresario se comprometa a no despedir a nadie.

La ley, que tambi¨¦n descentraliza la Formaci¨®n Profesional para adecuarla a la demanda, no afecta a "la protecci¨®n social de la que se benefician los m¨¢s modestos", en palabras del primer ministro Balladur. La jubilaci¨®n a los 60 a?os, por ejemplo, sigue siendo legal pero ahora se exigen m¨¢s a?os trabajados para tener derecho a pensi¨®n. Las pensiones ya no se calculan sobre los cinco a?os en que el trabajador recibi¨® un salario m¨¢s alto, sino sobre un total m¨¢s amplio que reduce la cuant¨ªa final. Son recortes que permiten reducir el d¨¦ficit y que la Seguridad Social no se declare en bancarrota. Un caso sintom¨¢tico de la actitud moderadamente social del gobierno Balladur, al que parte de la prensa de derechas acusa de ser "el ¨²ltimo socialdem¨®crata", se encuentra en los llamados 600.000 contratos de empleo-solidaridad, que los partidos RPR y UDF hab¨ªan denunciado desde la oposici¨®n por considerarlos paro encubierto, y que en 1994 beneficiar¨¢n a 650.000 personas.

La patronal CPNF ha dicho y repetido que si bien todas esas medidas le parecen acertadas, no por ello se considera obligada a compromiso alguno en lo que a cuantificar la creaci¨®n de empleo.