Otra vez los pactos, o la foto consoladora

Los antecedentes pr¨®ximos no pueden ser m¨¢s negativos. En 1991 fracas¨® la iniciativa del Gobierno denominada Pacto Social de Progreso. En 1992 salt¨® por los aires el Plan de Convergencia Europea, a pesar de conseguir el Gobierno en el debate parlamentario el consenso a su propuesta de la pr¨¢ctica totalidad de los grupos de las c¨¢maras.Los sindicatos, asimismo, durante los ¨²ltimos a?os han lanzado a sus huestes a defender incrementos salariales fijados sin referencia alguna a la inflaci¨®n prevista por el Gobierno. Las cifras de Solchaga no ofrec¨ªan credibilidad alguna a Redondo y Guti¨¦rrez. Negociar a partir de la inflaci¨®n estimada por el Gobierno para el a?o en curso tiene sentido si ello es fruto de un pacto; en caso contrario, es obvia la dificultad de acertar para cualquier Gobierno, si tenemos en cuenta que los salarios son el 60% del valor a?adido del PIB.

Los rectores del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda han culpabilizado a los empresarios de cierta "dejadez salarial" en la negociaci¨®n colectiva. Ello no es del todo cierto. Existen m¨²ltiples explicaciones que justifican tal actitud. De una parte, para muchas empresas, los incrementos salariales no son la cuesti¨®n que m¨¢s les preocupa. En efecto, presionan mucho m¨¢s sobre sus estructuras de costes los impuestos, el coste de la energ¨ªa y, sobre todo, la Seguridad Social, soportada abrumadoramente por cuotas que pagan sobre todo las empresas.

Las transferencias del decretazo de julio del pasado a?o, obligando a las empresas a asumir los primeros 15 d¨ªas por el concepto de ILT, supone para muchas de ellas una cifra de imposible absorci¨®n en el esc¨¢ndalo de sus precios, por lo que est¨¢ destinada a ser deglutida por su cuenta de resultados.

Hemos de sumar a este ¨²ltimo dato las correcciones al alza efectuadas por la Seguridad Social durante los ¨²ltimos meses en materia de bases m¨¢ximas y cuota de desempleo, lo que en medida nacional ha podido significar para la mayor¨ªa de las empresas una incidencia sobre sus masas salariales entre 1 y 3 puntos , dependiendo ello, parad¨®jicamente, de la mayor o menor generosidad de las empresas en materia salarial.

Es obvio que las ¨²ltimas decisiones gubernamentales castigan mucho m¨¢s a las empresas que pagan mejores salarios. Las reformas estructurales de los servicios sociales pueden ser inevitables en ¨¦pocas de crisis, pero ello no les resta conflictividad, sobre todo cuando todos tenemos la firme convicci¨®n de que ¨¦sta no es meramente coyuntural.

Para la pr¨¢ctica totalidad del empresariado, resulta evidente la afirmaci¨®n de que el Gobierno ha cedido desde 1988 una y otra vez a las demandas sindicales. A mayor abundamiento, la base de las organizaciones empresariales no comprende por qu¨¦ los l¨ªderes sindicales denostan al Gobierno, y especialmente a su presidente. Las cifras confirman el acertado diagn¨®stico de los empresarios de a pie. En la d¨¦cada 1982-1992, las prestaciones por desempleo han pasado de 465.000 millones de pesetas a 1.838.000 millones, es decir, un incremento del 295,27%; asimismo, las prestaciones por ILT, por ejemplo, han ascendido de 153.000,1 millones a 516.000,2 millones de pesetas, es decir, un incremento del 237,17%.Negar que el Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por recaudar m¨¢s y ha incrementado el gasto p¨²blico en medida capaz de desbordar todas las presiones es, adem¨¢s de in¨²til, absurdo. En efecto, en porcentaje del PIB, el gasto p¨²blico en una d¨¦cada ha pasado del 37,4% al 46,8%, y la deuda p¨²blica, del 26,5% al 47,9%. Es indudable que el Gobierno ha afrontado ingentes obras p¨²blicas, cuesti¨®n que nadie apostilla, por estimar todos que son imprescindibles para, sobre dicha cimentaci¨®n, construir nuestro pr¨®ximo futuro, pero a ello hemos de a?adir que el empleo p¨²blico se ha incrementado en un 41,94%, mientras el privado s¨®lo lo ha hecho en el 4,42%.

En resumen, la situaci¨®n de tensi¨®n social es indudable; el 22% de nuestra mano de obra potencialmente activa est¨¢ parado, y los agujeros que prevemos para nuestros respectivos fondos sociales, desempleo, ILT, etc¨¦tera, ser¨¢n multimillonarios al final de este a?o. Tal horizonte sobrecogedor se cierne sobre un pa¨ªs que, tras unas elecciones generales, dispone de un Gobierno reciente, dirigido por el mismo l¨ªder que ha presidido las tareas p¨²blicas durante la ¨²ltima d¨¦cada y que, hemos de estimar, es plenamente consciente de la dificultad de la situaci¨®n.

En efecto, Felipe Gonz¨¢lez sabe que, habiendo elevado los impuestos en porcentaje sobre el PIB el 31,18% en la d¨¦cada 1982-1992, no es posible resolver el d¨¦ficit recaudando m¨¢s.

Pero las cuentas p¨²blicas est¨¢n tan claras que, para gastar menos, o paralizamos la inversi¨®n p¨²blica, lo que producir¨ªa todav¨ªa m¨¢s paro y nos alejar¨ªa de la aventura europea, o reducimos los gastos sociales. Pero afrontar esta ¨²ltima alternativa conduce al enfrentamiento con los sindicatos, al margen de que es extremadamente duro para un partido socialista poner en duda los niveles alcanzados por la denominada sociedad del bienestar.

Todos los interlocutores sociales y el presidente del Gobierno son conscientes de que la suscripci¨®n de un pacto, por modesto que sea, genera una indudable confianza en el pa¨ªs. De ah¨ª que el efecto inicialmente siempre es positivo. Pero la dificultad est¨¢ en el contenido del pacto. Los sindicatos se han opuesto a muchas cosas, en especial a reformar el mercado de trabajo, desregularizando las intervenciones administrativas que todav¨ªa est¨¢n vigentes y que exigen expediente previo, sobre todo, los referidos a los despidos colectivos por crisis o causas tecnol¨®gicas.

La CEOE se halla muy segura de su posici¨®n estrat¨¦gica, a sabiendas de que la econom¨ªa espa?ola no despegar¨¢, aunque se produzca reactivaci¨®n internacional, si no desaparecen las obstrucciones que en la actualidad dificultan la creaci¨®n de empleo. Los empresarios no dudan de que vincular la contrataci¨®n laboral a la existencia de previa causa, lo que suprimir¨ªa los contratos a tiempo que autoriza el art¨ªculo 17 del Estatuto de los Trabajadores, sin tomar ninguna otra medida, significar¨ªa m¨¢s paro. Al mismo tiempo, el empresariado multinacional, al haber tenido que soportar durante los tres ¨²ltimos a?os costosos procesos de ajuste de plantillas, no est¨¢ dispuesto a permanecer resignadamente en nuestro pa¨ªs y a invertir en ¨¦l si el coste de dichos ajustes, que de otra parte son biol¨®gico-naturales en las econom¨ªas de mercado, no se acomoda a las cifras que son habituales en las naciones de nuestro entorno econ¨®mico. Tales razones obligan a reformar.

Los pactos que se inician ahora no son posibles si los interlocutores sociales y el Gobierno no afrontan sinceramente una decidida pol¨ªtica reformadora. El ¨²nico medio para pactar exige replantearse todo el marco de relaciones laborales existente, hijo de la d¨¦cada de los ochenta, para examinar qu¨¦ revisiones han de efectuarse a fin de acomodarlo al mercado ¨²nico europeo y a la competitividad plena que ¨¦ste supone.

El Gobierno remiti¨® al CES un documento 15 d¨ªas antes de convocar las elecciones, cuya lectura provoc¨® inmediatamente las iras sindicales. No es para menos, ya que dicho informe documental que acompa?aba a las cuestiones que, a modo de preguntas, el Gobierno requer¨ªa contestar al CES, suscitaban la inminencia de un amplio proceso reformador. En dicho documento, el Gobierno plantea incluso la necesidad de reformar la estructura de los salarios para que ¨¦stos no se conviertan en factor permanente de hiperinflaci¨®n, y la relaci¨®n ley-autonom¨ªa colectiva-autonom¨ªa individual, as¨ª como otras cuestiones de las que el olfato sindical deduc¨ªa el prop¨®sito gubernamental de no abordar a corto plazo lo que a los sindicatos m¨¢s interesa por el momento, que es la reducci¨®n de las modalidades de contrataci¨®n, suprimiendo la mayor¨ªa de ellas y manteniendo, en todo caso, s¨®lo las causales.

Sindicatos y patronal han reafirmado su voluntad de no plantear cuestiones previas. El calificativo a otorgar a las diferencias existentes entre ellos es lo de menos. En nuestra opini¨®n, como las meigas gallegas, las cuestiones previas no existen, pero haberlas haylas. En el contexto pol¨ªtico actual, una ley de huelga como la aprobada por el Senado extinto ser¨ªa inoportuna, inconveniente y absurda. Y una ley de salud laboral como la que no ha visto siquiera el Consejo de Ministros carece de sentido si ha de sumar a los sindicatos un mill¨®n de horas m¨¢s en favor de sus liberados, cuando el problema es reducir la siniestrabilidad laboral y no potenciar m¨¢s a los sindicatos a costa de una necesidad que nadie desconoce.

De otra parte, la negociaci¨®n colectiva es un factor de conflicto en nuestro pa¨ªs, y su estructura exige una inmediata reforma. Derogar las ordenanzas no es innecesario, pero no resuelve el problema si el contenido de ¨¦stas encuentra refugio en la mayor¨ªa de los convenios vigentes. Hemos de observar que los convenios en nuestro pa¨ªs se proyectan ultra vires, al margen de su capacidad temporal, por lo que se constituyen en eternos, trascendiendo a la voluntad de sus firmantes. Parad¨®jicamente, una ley puede ser sustituida por otra, pero a nadie se le escapa la cuasi imposibilidad de transformar el contenido obsoleto, contrario a la productividad general de la econom¨ªa y de la empresa, de un convenio colectivo, cuando sus interlocutores no desean cambiarlo.

Pactar es necesario. Le conviene al Gobierno para ofrecer, tras los calores del est¨ªo, una imagen de esperanza al pa¨ªs. Asimismo, los sindicatos precisan del pacto, ya que en la dura recesi¨®n en la que nos encontramos, sus reivindicaciones salariales al alza carecen de sentido, y ellos lo saben. El empresariado, representado por la CEOE, puede sustituir la imposibilidad de un pacto por una decidida pol¨ªtica del Gobierno, raz¨®n por la cual pretende residenciar en el Parlamento las decisiones que a este ¨¢mbito pertenecen, record¨¢ndole al Gobierno una y otra vez que su mayor¨ªa minoritaria le obliga a pactar con sus cuasi iguales: los dem¨¢s grupos parlamentarios.

Pero para la CEOE es indudable que un pacto le permitir¨ªa obtener una cuota de paz, m¨¢s necesaria que nunca y, sin duda, en estos instantes, principal factor de reactivaci¨®n econ¨®mica. Ahora bien, las dificultades son tantas, y la crisis estructural es tan profunda, que el empresariado no puede prestarse a una mera foto consoladora. Si lo hiciera, la realidad se encargar¨ªa de contestar de forma rotunda en muy escaso tiempo, poniendo de manifiesto a unos y otros que ocultar la cabeza debajo del ala nunca ha sido una soluci¨®n.

es asesor de la CEOE