Solidaridad y redistribuci¨®n en el modelo auton¨®mico

El producto interior bruto (PIB) por habitante de Extre madura es, seg¨²n cifras de 1992, 2,15 veces inferior al de Baleares. Pero la distancia entre las que son, respectivamente, la regi¨®n m¨¢s pobre y la m¨¢s rica de Espa?a queda sustancialme?te reducida comparado su renta familiar disponible (RFD), un concepto que tambi¨¦n tiene en cuenta las transferencias de renta.Gracias a las prestaciones sociales, a las subvenciones y los apoyos financieros, la RFD extreme?a es ¨²nicamente 1,4 veces menor que la de Baleares Si el PlB per c¨¢pita de Extrema dura equivale al 64% de la me dia nacional y el de Baleares a 138%, sus RFD por habitant, representan, en cambio, el 830/ y el 120%.

Similarei acortamientos di las distancias, y ello a costa di una reducci¨®n de las rentas familiares de las regiones m¨¢s ricas, se verifica en todos los casos: el desarrollo del Estado de las autonom¨ªas, y particular. mente el que ha tenido lugar en los ¨²ltimos a?os, tiene un sesgc claramente redistribuidor a favor de las regiones pobres.

Los datos del cuadro (los relativos a la RFD est¨¢n, adem¨¢s, corregidos por los ¨ªndice,, de precios de cada regi¨®n, que son relativamente menores en las m¨¢s pobres) confirman los efectos de la pol¨ªtica de solidaridad seguida hasta el momento y que constituye uno de los aspectos m¨¢s caracter¨ªsticos del Estado del bienestar espa?ol: en el periodo 1985-1992, la RFD per c¨¢pita de regiones como, Andaluc¨ªa, Extremadura, Galic¨ªa, Castilla y Le¨®n, Asturias o Cantabria -estas dos ¨²ltimas, en clara fase de declive econ¨®mico- progres¨® con respecto a la media nacional.

Pero, parad¨®jicamente, ello ocurri¨® en un periodo en el que el PIB de todas ellas, es decir, su capacidad productiva real, empeor¨® con respecto al conjunto. Entre 1985 y 1992, el PIB de Extremadura cay¨® m¨¢s de tres puntos respecto de la media nacional. El de Andaluc¨ªa descendi¨® desde el 70,8 al 69,5 en relaci¨®n con esa media. El de Castilla y Le¨®n, del 90,9 al 87,9. El de Asturias, del 96,5 al 87, 1, y el de Cantabria, del 97,4 al 92,1. El de Galicia descendi¨® cuatro d¨¦cimas.

Ello indica que en uno de los periodos de m¨¢s alto crecimiento econ¨®mico se ha vuelto a abrir el abanico de los PIB regionales. Hasta 1979 (y sobre todo por efecto del descenso demogr¨¢fico que hasta entonces la emigraci¨®n hab¨ªa provocado en las regiones menos favorecidas), la distancia disminuy¨® en t¨¦rminos de capacidad productiva real.

Posteriormente, el proceso se estanc¨®. Durante el boom econ¨®mico de los a?os ochenta la diferencia ha vuelto a aumentar, revelando la gravedad de los problemas de fondo de esas econom¨ªas y el escaso impacto que en los mismos han te nido los mecanismos de apoyo solidario y las transferencias. Andaluc¨ªa (con un 32,3%) y Extremadura (con un 30,2%) dan los m¨¢s altos ¨ªndices de paro en la ¨²ltima Encuesta de Poblaci¨®n Activa.

Como inevitable contraparida del mecanismo redistributivo, y dado que los fondos p¨²blicos que se transfieren a las pobres se detraen, en ¨²ltima instancia, de las dem¨¢s, las regiones ricas presentan una relaci¨®n entre la evoluci¨®n de sus PIB y la de sus RFD claramente peor que las de las pobres. Hasta ahora, sobre todo en las ¨¦pocas de crecimiento generalizado, nadie ha protestado. Pero ¨²ltimamente se empiezan a o¨ªr cr¨ªticas.

Los gastos sociales represenan la mayor parte de las citaas transferencias de renta. Entre 1981 y 1991, el gasto total en Seguridad Social (pensiones, desempleo, gastos sanitarios) creci¨® un 14,03% al a?o y pas¨® de 2,5 a 9,4 billones de pesetas. Pero aument¨® por encima de la media en Canarias (16,2%), Extremadura (15,8%), Castilla-La Mancha (14,8%), Andaluc¨ªa y Galicia (14,7% en ambos casos), Baleares (14,5%) y Castilla y Le¨®n (14,3%); en 1981, el conjunto de dichas regiones absorbi¨® el 39,6% de todo el gasto social; en 1991 recibi¨® el 42,6%. En esa d¨¦cada la aportaci¨®n del Estado (es decir, de los impuestos) a la financiaci¨®n de la Seguridad Social creci¨® desde el 20,2% al 30,9%. El 80% de la financiaci¨®n restante es aportada por las empresas, y el 20%, por los trabajadores cotizantes, sea cual sea su ubicaci¨®n geogr¨¢fica.

De la magnitud de estas cifras se desprende que la incidencia econ¨®mica y social de las mayores prestaciones sociales que reciben las regiones m¨¢s pobres, y las que sufren un declive industrial, es infinitamente superior a las consecuencias que podr¨ªa tener el menos solidario de los sistemas que se adopten para ceder el 15% del IRPF a las comunidades aut¨®nomas.

Gastos sociales

Los gastos sociales representan el 20,6% de la RFD espa?ola, cifra muy inferior a la que se registra en los pa¨ªses m¨¢s avanzados de la CEE. Pero en 1991 supusieron el 28,4% de la RFD asturiana, el 25,8% de la extreme?a, el 23,6% de la andaluza o el 23,4% de la de Cantabria y del Pa¨ªs Vasco (una regi¨®n que a su particular sistema de financiaci¨®n suma las transferencias destinadas a la reconversi¨®n industrial). Por contra, los gastos sociales ¨²nicamente representaron el 17,7% de la RFD madrile?a, el 17,8% de la de Baleares, el 18,3% de la catalana o el 18,6% de la del Pa¨ªs Valenciano.

Otros instrumentos espec¨ªficos con que cuenta el Estado se destinan tambi¨¦n a reducir las diferencias regionales. El Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial tiene una dotaci¨®n de 128.000 millones de pesetas para 1993. Cerca del 40% del fondo se destina a Andaluc¨ªa; el 18,3%, a Galicia y Extremadura; Castilla-La Mancha, y Castilla y Le¨®n reciben, respectivamente, el 9%. Sin embargo, este a?o Extremadura recibir¨¢ casi 11.000 pesetas por habitante; Galicia, 8.600; Andaluc¨ªa, 7.300, mientras que Castilla y Le¨®n s¨®lo obtendr¨¢ 4.500, y Castilla-La Mancha, 6.700.

Los llamados incentivos regionales, que- se destinan al fomento de iniciativas empresariales en regiones atrasadas, ascendieron a m¨¢s de 27.000 millones de pesetas en 1992. Finalmente, los fondos estructurales de la Comunidad Europea representaron el 0,9% del producto interior bruto espa?ol en el periodo 19891993, y los cerca de seis billones de pesetas que Espa?a deber¨ªa recibir entre 1994 y 1999 por este concepto equivaldr¨¢n al 1,5% del PIB de cada a?o.

La mayor parte de los mismos se destinan a financiar proyectos en regiones cuyo PIB por habitante sea inferior al 75% de la media comunitaria. Entre 1989 y 1992 el FEDER, el m¨¢s importante de los fondos, destin¨® expresamente a comunidades aut¨®nomas 272.350 millones de pesetas, y la Administraci¨®n central, 412.630 millones. El 30% de estas inversiones recay¨® en Andaluc¨ªa; el 15%, en Galicia; m¨¢s del 10%, en Castilla y Le¨®n, y cerca del 8%, en Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias.