Reforma econ¨®mica

Con una mezcla de azoro e indredulidad encontramos al mundo en el umbral de un nuevo milenio. Para unos es hora de balance; para otros, de reflexi¨®n; pero para todos el fin del siglo XX aparece como una gran expectativa de futuro. Hoy, m¨¢s que nunca, la convivencia es una necesidad de todos y no privilegio de unos cuantos.Presenciamos la conformaci¨®n de un nuevo orden internacional en el que las naciones buscan sumar sus recursos y capacidades para crear frentes estrat¨¦gicos y poder actuar en un contexto de creciente competitividad.

La sociedad contempor¨¢nea enfrenta una doble agenda de problemas: por un lado, rezagos estructurales en los que se incuban pobreza y marginalidad, es decir, los obst¨¢culos b¨¢sicos para alcanzar el desarrollo democr¨¢tico y el bienestar general; por el otro, conflictos que la modernidad subraya: el cuestionamiento y legitimidad de los procesos pol¨ªticos y electorales, el repunte de nacionalismos exacerbados y la necesidad de proteger la vida y conservar el medio ambiente, entre otros.

Hemos vivido en un siglo de agitaci¨®n y cambio permanente; un siglo que, en sus transformaciones, ha dejado grandes ense?anzas que son referencias para no equivocarnos al optar por el futuro. Estos a?os nos recuerdan que ning¨²n principio ideol¨®gico puede eliminar las circunstancias hist¨®ricas de cada naci¨®n y que el respeto a la pluralidad es la base misma de la existencia de las sociedades. Asimismo, nos han mostrado que en el interior de cada naci¨®n la convivencia democr¨¢tica es una forma de vida que trasciende la esfera pol¨ªtica para vincularse con el quehacer cotidiano de los individuos: toda democracia tiene frente a s¨ª el reto de incorporar a las inmensas mayor¨ªas en la toma de decisiones.

En M¨¦xico, estos procesos de cambio ejercen una gran influencia. Se trata de un pa¨ªs de perfil cada vez m¨¢s urbano y cuya estructura social es diversificada. A los actores sociales de siempre se suman d¨ªa con d¨ªa otros nuevos que demandan atenci¨®n oportuna y eficaz para sus problemas. En esta din¨¢mica la poblaci¨®n plantea la urgencia de establecer novedosos mecanismos de relaci¨®n con el Estado, que le permitan participar en la base de las instituciones y hacer de las tareas de Gobierno un ejercicio de responsabilidades compartidas.

Como consecuencia del proceso revolucionario de 1910, el Estado desempe?¨® funciones que correspond¨ªan a la sociedad. Durante varios decenios las estrategias de desarrollo lo convirtieron en el principal promotor de la actividad productiva. Con el tiempo, el valor original de estas acciones fue desvirtu¨¢ndose, impidiendo a las instituciones desempe?ar una acci¨®n efectiva, tanto para atender problemas como para anticipar los cambios.

As¨ª, en la segunda mitad de los ochenta, la econom¨ªa mexicana presentaba signos negativos de gran preocupaci¨®n: un considerable d¨¦ficit fiscal; un ¨ªndice inflacionario que giraba alrededor del 200% anual; una enorme deuda externa, cuyo pago absorb¨ªa una buena parte de los recursos disponibles; un ritmo de crecimiento insignificante, con una p¨¦rdida creciente de liquidez, y una estructura productiva que, en t¨¦rminos generales, era obsoleta para enfrentar las demandas nacionales, as¨ª como para competir en el mercado internacional.

Para corregir esta situaci¨®n, el Gobierno del presidente Salinas de Gortari dise?¨® e impuls¨®, con el consenso social, una pol¨ªtica econ¨®mica encaminada a recuperar y a asegurar el ritmo de crecimiento, con el requisito de mantener la inflaci¨®n bajo control. En este sentido, uno de los primeros pasos consisti¨® en sanear las finanzas p¨²blicas y eliminar el d¨¦ficit fiscal. Para ello, se continu¨® impulsando la privatizaci¨®n de empresas p¨²blicas no prioritarias, iniciada en el Gobierno de Miguel de la Madrid, que representaban una carga para el erario porque, en la mayor¨ªa de los casos, operaban con grandes p¨¦rdidas.

Por otra parte, la reforma econ¨®mica puso ¨¦nfasis en la modernizaci¨®n del sector productivo y en crear las condiciones indispensables para abrir la econom¨ªa a la competencia internacional y a la inversi¨®n extranjera; asimismo, la renegociaci¨®n de la deuda externa redujo significativamente los recursos destinados a su pago y despej¨® horizontes para el inicio de nuevos proyectos de inversi¨®n.

Clave en el ¨¦xito para el combate a la inflaci¨®n ha sido la pol¨ªtica de concertaci¨®n con los sectores productivos y sociales que ha impulsado el Gobierno a efecto de moderar el crecimiento de los precios, sin necesidad de intervenir en su fijaci¨®n y garantizado el abasto. Gracias a ello, durante 1993 se podr¨¢ alcanzar la meta de reducir a un d¨ªgito la inflaci¨®n.

Los resultados de estos esfuerzos permitieron tambi¨¦n poner en marcha una reforma que, sin contratiempo alguno, introdujo a partir de enero pasado una nueva unidad monetaria, equivalente a la eliminaci¨®n de tres ceros en la moneda anterior.

Por lo dem¨¢s, M¨¦xico no ha sido ajeno a las tendencias que conducen a la conformaci¨®n de espacios regionales de competencia comercial. Por ello, participa en la iniciativa de crear un libre mercado en Am¨¦rica del Norte con Estados Unidos y Canad¨¢. La suscripci¨®n del Tratado de Libre Comercio constituye s¨®lo un elemento m¨¢s para impulsar el desarrollo econ¨®mico del pa¨ªs. Desde ning¨²n punto de vista se considera como una panacea; sin embargo, participar en ese bloque comercial significa para el pa¨ªs enfrentar grandes desaf¨ªos: tiene que aumentar la calidad y competencia de sus productos y redoblar sus esfuerzos en las ¨¢reas que cuentan con niveles de excelencia, as¨ª como enfrentar los riesgos que se derivan de su asimetr¨ªa con Estados Unidos.

La historia muestra que nuestro poderoso vecino no es de f¨¢cil trato. No ser¨¢ sencillo actuar con ¨¦l en calidad de socio sin vernos, a menudo, presionados pol¨ªtica y econ¨®micamente. M¨¦xico cuenta con una tradici¨®n diplom¨¢tica basada en el principio de autodeterminaci¨®n, en el que ciframos nuestra independencia y soberan¨ªa. El futuro de la relaci¨®n depender¨¢ del equilibrio que logremos entre los acuerdos comerciales que nos integran al mercado m¨¢s grande del mundo y la facultad para regirnos con plena autonom¨ªa y libertad.

La reforma econ¨®mica ha tenido un alto sentido comunitario, ya que los beneficios generados por la gesti¨®n macroecon¨®mica se han destinado al gasto social. Con el Programa Nacional de Solidaridad se han ampliado y mejorado los servicios educativos, m¨¦dicos y de asistencia social, en general, a la vez que el Estado ha podido promover una amplia movilizaci¨®n social, pues en ¨¦l participan millones de personas. Resulta evidente que este programa ha mostrado ser un instrumento eficaz para resolver las necesidades del sector mayoritario de la poblaci¨®n, pero su permanencia, como un valioso modelo de gesti¨®n comunitaria, depende de que se logre consolidar en las entidades federativas y en los municipios como el eje conductor de sus pol¨ªticas p¨²blicas regionales.

El nuevo papel del Estado en la econom¨ªa permite consolidar instituciones claves para la definici¨®n y permanencia de las pol¨ªticas determinantes del desarrollo. Una muestra de este prop¨®sito ha quedado de manifiesto con la reciente reforma constitucional que brinda autonom¨ªa al Banco Central para que, libre de vaivenes pol¨ªticos y de requerimientos de coyuntura, imprima mayor confianza y estabilidad a la conducci¨®n econ¨®mica y financiera del pa¨ªs.

Los cambios se han desarrollado en muy corto tiempo y han modificado las estructuras econ¨®micas de la naci¨®n. Sin duda, toda reforma en profundidad supone riesgos y, en este sentido, no puede negarse que la nuestra, pese a los programas compensatorios, ha tenido un costo social que se manifiesta en la todav¨ªa lenta recuperaci¨®n de los salarios m¨ªnimos. Lo importante es que prevalece un consenso acerca de la bondad de las reformas sobre la oportunidad de iniciar una etapa reintegradora de equilibrios y, especialmente, en torno a un optimismo generalizado que minimiza riesgos futuros. Comparado con otros pa¨ªses que han reincidido en una pol¨ªtica autoritaria, el ejemplo de M¨¦xico radica en que ha podido realizar sus ajustes sin alterar el orden constitucional, con un claro prop¨®sito de que la liberalizaci¨®n econ¨®mica coincida con una apertura de espacios para las libertades pol¨ªticas.

La actual pol¨ªtica econ¨®mica, en nuestro caso, ha ido de la mano del impulso social. La circunstancia en que se mueve le da, forzosamente, el empuje que exige trascender la gesti¨®n de Gobierno para convertirse, por ese mismo mandato social, en una aut¨¦ntica pol¨ªtica de Estado.