Democracia y nueva sociedad

En nuestros d¨ªas, los ideales democr¨¢ticos aparecen con m¨²ltiples contenidos y significados. De cara a la nueva centuria, la democracia se expresa con un tono plural y rompe las ataduras que la conceb¨ªan como un simple mecanismo electoral. A trav¨¦s de los a?os, los mexicanos hemos crea do un sistema pol¨ªtico que se inscribe en la tradici¨®n republicana, sustentado en un esquema de alianzas y contrapesos en el que destaca la figura presidencial. La presencia de un Ejecutivo fuerte, con amplias facultades consagradas en la Constituci¨®n, ha contribuido a lograr estabilidad y paz social durante largo tiempo, adem¨¢s de haber sido un factor relevante para la integraci¨®n de la naci¨®n y el relevo generacional.Tambi¨¦n por razones hist¨®ricas similares, la ciudad de M¨¦xico, adem¨¢s de ser la sede de los poderes federales, se ha constituido en el centro pol¨ªtico y econ¨®mico de la naci¨®n, lo que ha generado una concentraci¨®n excesiva de poblaci¨®n y de las actividades econ¨®micas y pol¨ªticas que generan problemas de enorme dimensi¨®n y gran diversidad, cuya atenci¨®n oportuna demanda esfuerzos y recursos en forma pr¨¢cticamente ilimitada.

A lo largo de nuestra historia, la instituci¨®n presidencial ha sido el centro de la vida pol¨ªtica nacional. Sin embargo, todo parece indicar que ha llegado el momento para que la presidencia, libre de la amplia discrecionalidad que ha ejercido y m¨¢s all¨¢ de personalidades concretas o de simpat¨ªas personales, redise?e su posici¨®n frente a los dem¨¢s factores de poder, bas¨¢ndose tanto en los nuevos elementos que hoy caracterizan la acci¨®n de gobierno y el ejercicio pol¨ªtico como en las nuevas formas que definen la fuerza institucional del Estado y la leg¨ªtima representaci¨®n del conjunto social.

En otro orden de ideas, el pa¨ªs cuenta con un sistema de partidos que a¨²n no terminan de consolidarse como alternativas reales para la representaci¨®n social. El PRI, que surge como consecuencia del proceso revolucionario de 1910, mantiene un predominio casi absoluto: desde 1929 todos los presidentes de la Rep¨²blica, la gran mayor¨ªa de los legisladores y gobernadores estatales han surgido de sus filas. A la fecha, los partidos de oposici¨®n, salvo excepciones, no han logrado mantener una s¨®lida presencia pol¨ªtica a nivel nacional. En muchas ocasiones la conformaci¨®n de ¨¦stos obedece a coyunturas particulares y no a inquietudes profundas de los sectores sociales.

Por mucho tiempo la sociedad mexicana asumi¨® una actitud pasiva frente a los procesos pol¨ªticos. Esto obedeci¨®, entre otras cosas, a la actitud patemalista de algunos gobiernos al poner en marcha programas de beneficio social, lo que inhibi¨® el surgimiento de una sociedad civil cr¨ªtica y combativa. Adem¨¢s, las organizaciones pol¨ªticas, lejos de fomentar entre la ciudadan¨ªa una aut¨¦ntica militancia, se ocuparon m¨¢s de reclutarla como simple clientela pol¨ªtica. En la actualidad, las reivindicaciones sociales consagradas en la Constituci¨®n de 1917 permanecen vigentes para amplios sectores de la poblaci¨®n. Ya no parece viable un modelo de gesti¨®n unilateral. La soluci¨®n de los problemas pide una mayor autonom¨ªa de la sociedad que se traduzca en libertades pol¨ªticas y participaci¨®n m¨¢s activa en las decisiones gubernamentales y comunitarias.

Ante este desearlo, la Administraci¨®n del presidente Salinas de Gortari se propuso llevar a cabo una reforma pol¨ªtica acorde con las expectativas de la poblaci¨®n, a fin de perfeccionar los mecanismos electorales y fortalecerlos como un ejercicio ciudadano, ordenado y con estricto apego a la ley. Hoy, por ejemplo, se discuten nuevas f¨®rmulas encaminadas a abrir el Senado de la Rep¨²blica a un m¨¢s rico pluripartidismo, incrementando el n¨²mero de senadores por entidad federativa, para que los Estados tengan mayor representaci¨®n en los trabajos de la federaci¨®n; a suprimir los colegios electorales de ambas C¨¢maras y por ende la autocalificaci¨®n, otorgando la funci¨®n en ¨²ltima instancia al Tribunal Federal Electoral; a regular el financiamiento de los partidos y establecer topes a los gastos de campa?a; a fijar criterios para la compra de espacios comerciales en radio y televisi¨®n; a ofrecer resultados inmediatos de los comicios, y a verificar el padr¨®n electoral por parte de empresas privadas, propuestas por los partidos.

En M¨¦xico la v¨ªa electoral garantiza, cada d¨ªa con mayor eficacia, la transmisi¨®n pac¨ªfica del poder. As¨ª lo confirma el hecho de que la oposici¨®n gobierna en tres entidades federativas, as¨ª como en un n¨²mero significativo de municipios. No obstante, el gran problema a resolver es el abstencionismo. Para abatirlo no s¨®lo el Gobiemo debe asegurar las condiciones de credibilidad electoral, sino que los partidos tienen que impulsar su propia modernizaci¨®n a fin de asumir nuevas posiciones y compromisos con la ciudadan¨ªa. Los partidos, contrariamente a lo que pudiera suponerse, no han sido los grandes protagonistas del proceso democr¨¢tico: el impulso social los ha rebasado. Esta necesaria modernizaci¨®n debe impulsarse especialmente en el seno del PRI. Es tiempo de que las relaciones entre esta organizaci¨®n y el Gobierno se definan con claridad, precisi¨®n y de cara a la sociedad.

Otro de los aspectos centrales dentro de la reforma pol¨ªtica se refiere a la democratizaci¨®n del Gobierno de la Ciudad de M¨¦xico. Desde principios de siglo, la ciudad es administrada y dirigida por el ejecutivo federal, a trav¨¦s de un funcionario. No cuenta con un congreso propio que realice labores legislativas, porque esta tarea es competencia del Congreso de la Uni¨®n, pero su crecimiento acelerado y el incremento de sus problemas exigen instrumentar mecanismos de representaci¨®n que permitan a los ciudadanos participar directamente en el gobierno de la capital.

Debido a ello, en 1988 se cre¨® la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con facultades legislativas para revisar las finanzas de la ciudad. Se establece la creaci¨®n de consejos ciudadanos para que participen en la elaboraci¨®n de los programas de Gobierno; se elimina la autocalificaci¨®n en la elecci¨®n de los asamble¨ªstas y se establece la elecci¨®n indirecta del regente de la ciudad, quien surgir¨¢, a propuesta del Ejecutivo, de entre los miembros de la asamblea o de los representantes electos por los ciudadanos.

La reforma pol¨ªtica no ha estado exenta de cr¨ªticas. Los cambios han roto con concepciones que se consideraron inmutables. En este contexto se inscribe la modificaci¨®n constitucional que reconoce y otorga personalidad jur¨ªdica a las asociaciones religiosas y permite que ¨¦stas participen directamente en la educaci¨®n, as¨ª como en los diversos ¨¢mbitos de la vida nacional. Adem¨¢s, se autoriza al Estado para establecer relaciones diplom¨¢ticas con el Vaticano que no se hab¨ªan tenido por el principio de la separaci¨®n de la Iglesia y el Estado decretado desde el siglo pasado en las llamadas Leyes de Reforma y recogido en la Constituci¨®n de 1917.

El cambio responde a la necesidad de reconocer que un Estado moderno no tolera m¨¢s la simulaci¨®n, ni negociaciones a puerta cerrada y que los procesos democr¨¢ticos no deben ser, bajo ning¨²n punto de vista, excluyentes; un Estado moderno que ahora reclama de las iglesias un comportamiento m¨¢s maduro, en concordancia con el desarrollo de una democracia plural. La reforma pol¨ªtica, a diferencia de la econ¨®mica, tiene tiempos de gesti¨®n y ejecuci¨®n que no pueden predecirse con exactitud. Todo ejercicio democr¨¢tico pretende encontrar el punto de equilibrio entre intereses contradictorios. Lograrlo significa buscar, por la v¨ªa del di¨¢logo acuerdos m¨ªnimos entre las diferentes fuerzas pol¨ªticas que permitan sacar adelante las propuestas. Los resultados tienen que observarse en el mediano y largo plazo, ya que la simple voluntad gubernamental es insuficiente para consolidar los cambios. En el umbral del siglo XXI, M¨¦xico se acerca a la definici¨®n de un proyecto de naci¨®n surgido del centro mismo de la sociedad.

La sociedad mexicana, tanto sus sectores m¨¢s educados como los que se encuentran en desventaja social, sabe hoy que nadie har¨¢ por ella lo que no haga por s¨ª misma. Por eso, se organiza, act¨²a y se muestra dispuesta a asumir todos los riesgos: la incertidumbre misma de la democracia. Pero hay en ella un arraigado sentimiento nacional que, sin llegar al l¨ªmite de la intolerancia o de la Violencia, le confiere una secreta seguridad.