11 a?os de procedimiento "de urgencia"
El primer juicio comenz¨® en marzo de 1987. Cuatro ingenieros del entonces llamado Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo ocuparon el banquillo. Se trataba de Salvador Madrigal, autor del proyecto de la presa; Jes¨²s Gonz¨¢lez Mar¨ªn, ingeniero a pie de obra; Florentino Santos, director de las obras durante un tiempo, y Rom¨¢n Guerrero, jefe del servicio de Regad¨ªos del ministerio.A los pocos d¨ªas, las sesiones se suspendieron para investigar la responsabilidad de Juan Sancho-Tello, comisario de Aguas del J¨²car, quien hab¨ªa acudido como testigo. Sancho-Tello declar¨® que conoc¨ªa el riesgo de temporal, pero no lo comunic¨® a las presas.
El segundo juicio se inici¨® en 1989, ya con Sancho-Tello en el banquillo. Las sesiones duraron un a?o y luego hube) que esperar ocho meses para conocer la sentencia. El tribunal conden¨® a Rom¨¢n Guerrero y a Juan Sancho-Tello. El Estado deb¨ªa indemnizar a unos 4.500 damnificados, los que estaban representados por las acusaciones particulares. Ello se debi¨® a que el fiscal s¨®lo acus¨® a dos ingenieros, que resultaron absueltos.
Sin embargo, el Supremo anul¨® ese juicio y el procesamiento de Rom¨¢n Guerrero y Florentino Santos. Por ello, al menos al principio, estos dos ingenieros no estar¨¢n en el banquillo. El alto tribunal consider¨® que el presidente del tribunal que juzg¨® el caso hab¨ªa participado en la instrucci¨®n. Once a?os despu¨¦s de la cat¨¢strofe, el proceso contin¨²a por el "procedimiento de urgencia".
El fiscal representa ahora a 31.700 perjudicados, 8.200 m¨¢s que en 1989. La diferencia se explica porque el Gobierno, a trav¨¦s del decreto-ley de febrero pasado, incluy¨® a m¨¢s pueblos como damnificados.
El dinero total que pide el fiscal para los 31.700 damnificados a¨²n se desconoce por la dificultad de efectuar la suma. Con la anterior sentencia -que reduc¨ªa el dinero pedido por el fiscal- el Consell valenciano calcul¨® que ser¨ªan necesarios unos 25.500 millones para pagar a los anteriores 23.500 afectados. Ahora, habr¨¢ que sumar las cantidades que reclaman los nuevos perjudicados y restar lo que exig¨ªan quienes se han acogido al decreto del Gobierno.
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