Las imperfecciones de una teor¨ªa

Con el t¨ªtulo de Keynesianismo hidr¨¢ulico imperfecto se publicaba recientemente en este mismo peri¨®dico un art¨ªculo firmado por Alberto Recarte, t¨¦cnico comercial del Estado, en el que denunciaba "la incongruencia de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno que supone, por una parte, aumentar el gasto p¨²blico y, por otra, retrasar los pagos a las empresas a las que se contrata" (EL PA?S, 29 de septiembre de 1993).El autor plantea, sin duda, una cuesti¨®n de gran importancia, no suficientemente conocida por la opini¨®n p¨²blica y escasamente considerada en la discusi¨®n sobre la pol¨ªtica econ¨®mica espa?ola. Quisiera hacer aqu¨ª algunas consideraciones sobre algunas de las ideas y opiniones que se exponen en el citado art¨ªculo.

En primer lugar, y sin pretender en absoluto minimizar la dimensi¨®n del problema, resulta dif¨ªcil compartir la visi¨®n en extremo catastrofista de Recarte. Por ejemplo, cuando afirma: "los retrasos en los pagos de todas las administraciones p¨²blicas (AA PP) se han convertido, en mi opini¨®n, en un factor clave para explicar el desplome de las expectativas empresariales, la recesi¨®n y el desempleo de nuestro pa¨ªs". El retraso del pago a sus sumistradores por parte de las AA PP existe, pero de ah¨ª a explicar la crisis econ¨®mica por la que atraviesa nuestro pa¨ªs -y el conjunto de nuestros socios europeos- en base a este factor, constituye obviamente una exageraci¨®n.

Igual que afirmar que "el 50% del gasto en Espa?a es p¨²blico". Es tambi¨¦n una exageraci¨®n porque la realidad es que no llega ni siguiera a la mitad, ni al 25%. En 1992, el gasto de las AA PP en consumo e inversi¨®n en porcentaje del PIB, es decir, en porcentaje de la producci¨®n o gasto realizado en Espa?a, fue un 21,1% (un 17,41/6 correspondiente a gastos de consumo y un 4,3% a gastos de inversi¨®n). Si a esa cifra del 21,1% le a?adimos el valor de las transferencias que realizan las AA PP a familias y empresas (las pensiones, las prestaciones por desempleo, las subvenciones y los de la deuda, b¨¢sicamente) entonces s¨ª obtenemos una cifra m¨¢s cercana a ese 50% al que se refiere Recarte, exactamente el 46,3% del PIB en 1992. Pero merece la pena insistir en que ello no significa que "el 50% del gasto en Espa?a es p¨²blico". En realidad, esa cifra corresponde al indicador utilizado m¨¢s frecuentemente para medir el tama?o del sector p¨²blico y hacer comparaciones entre pa¨ªses; un indicador que a menudo se interpreta mal produciendo una visi¨®n muy distorsionada de la actividad p¨²blica en la que se atribuye a las AA PP un peso desmesurado en el gasto nacional. Porque las AA PP no gastan las transferencias: ¨²nicamente las canalizan hacia las familias y empresas quienes decidir¨¢n, como ingresos suyos que son, si los gastan o si prefieren ahorrarlos.

En el actual contexto recesivo, para muchas empresas espa?olas el retraso de las AA PP en sus pagos tiene consecuecias especia mente graves, poniendose incluso en cuesti¨®n la supervivencia de la misma empresa. Pero la soluci¨®n que propone Recarte tampoco parece que pueda ser la apropiada. No basta, lamentablemente, con que "el actual Gobierno, que sigue siendo monocolor, se confiese y reconozca ese mayor gasto y endeudamiento" y recurra a "una financiaci¨®n heterodoxa con el Banco de Espa?a a¨²n a pesar de la consiguiente realimentaci¨®n de las tensiones inflacionistas" como se propone.

No basta porque, por un lado, la deuda no es s¨®lo de la Administraci¨®n central, sino tambi¨¦n de las 17 comunidades aut¨®nomas y de los m¨¢s de 8.000 Ayuntamientos y diputaciones de nuestro pa¨ªs.

Y, por otro lado, porque la posibilidad de acudir al Banco de Espa?a debe quedar descartada, pero no ya por su potencial incidencia negativa sobre la inflaci¨®n, sino porque a partir del primero de enero de 1994, el Tratado de Maastricht prohibe totalmente que el Banco de Espa?a conceda financiaci¨®n a cualquier organismo p¨²blico.

Al Gobierno de la naci¨®n no le podemos pedir responsabilidades sobre la evoluci¨®n de los d¨¦bitos de las adminitraciones territoriales quienes tienen plena autonom¨ªa financiera fundada en la Constituci¨®n y en la LOFTCA. Y en lo que se refiere a la deuda de la Administraci¨®n central, que es sobre la que el Gobierno tiene responsabilidad, creo que es justo reconocer el esfuerzo que se ha realizado ya para abordar el problema. Un esfuerzo que puede medirse; que puede cuantificarse por medio de cifras, aunque a veces ¨¦stas lleguen a la opini¨®n p¨²blica de forma confusa. Creo que ¨¦sta es una buena oportunidad para hacer algunas aclaraciones al respecto, para lo cual me centrar¨¦ en la evoluci¨®n de la deuda con las empresas constructoras del Ministerio de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente por ser ¨¦ste el principal agente inversor p¨²blico: en 1994 el conjunto de organismos y entes p¨²blicos dependientes del MOPTMA realizar¨¢n una cifra de inversi¨®n pr¨®ximo al 2% del PIB.

Las informaciones que suelen aparecer en la prensa eval¨²an la deuda a las empresas constructoras entre 700.000 y 800.000 millones, de pesetas y corresponden, no s¨®lo al Estado, sino a la totalidad de las administraciones p¨²blica . La parte correspondiente a la Administraci¨®n central (incluyendo Seguridad Social), se eval¨²a por la misma patronal en un tercio del total.

Ahora bien, lo que fuentes del sector de la construcci¨®n estiman como deuda del ministerio con las empresas constructoras, corresponde a tipos de expedientes diversos: unos (t¨¦cnicamente denominados liquidaciones o revisiones de precios), s¨ª son deuda en sentido estricto; otros no (los expedientes de obras complementarias o modificados, a¨²n no aprobados t¨¦cnicamente), porque en este caso lo que hay es una incidencia contratual en tr¨¢mite de regularizaci¨®n, es decir, obra prevista pero no realizada a¨²n, por lo que realmente no constituye deuda.

Actualmente, el tiempo medio transcurrido desde que en cualquier punto del pa¨ªs un ingeniero, a pie de obra, certifica el volumen de trabajo realizado hasta que los servicios administrativos del ministerio remiten al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda la orden de pago, es de 25 d¨ªas (incluyendo los tr¨¢mites ante la Intervenci¨®n General del Estado, que certifica la existencia de cr¨¦dito disponiIble). A ello hay que a?adir un plazo medio de 45 d¨ªas que emplea Tesoro en ordenar la disposici¨®n del pago. Todo ello -70 d¨ªas- est¨¢ por debajo de los 90 d¨ªas que recoge la Ley de Contratos del Estado, y en consonancia con las pr¨¢cticas habituales de nuestras empresas. Por ¨²ltimo, no se tiene en cuenta tampoco en las estimaciones anteriores (no se resta) el anticipo pagado a las constructoras para acopio de materiales y maquinaria, establecido en la Ley de Contratos.

En suma, ?cu¨¢l es la realidad?

La realidad es que, desde el verano de 1991 hasta el ejercicio actual, se habr¨¢n regularizado todas las incidencias aprobadas (revisiones de precios, modificaciones de proyectos, obras complementarias) (130.000 millones de pesetas), quedando pendientes tan s¨®lo aqu¨¦llas que a¨²n no cuenten con la correspondiente aprobaci¨®n t¨¦cnica. Al acabar 1993 no habr¨¢ deuda en sentido estricto -obra aprobada y realizada, pendiente de pago- y el saldo de incidencias en tramitaci¨®n, normal en toda ejecuci¨®n de obra, se estima ser¨¢ de cuant¨ªa similar a la del anticipo vivo (50.000 millones de pesetas).

Por tanto, la responsabilidad directa del Gobierno en la deuda con las empresas constructoras est¨¢ muy lejos de la cifra total que se maneja, y en una parte importante -la correspondiente al MOPTMA, principal inversor del Estado se habr¨¢ regularizado antes de final de a?o.

En conclusi¨®n, el diagn¨®stico que realizaba el articulista es cierto -existe un importante volumen de suministros impagados por el conjunto de las AA PP- pero, a mi juicio, se exagera tanto al valorar su incidencia en la situaci¨®n econ¨®mica como, sobre todo, al se?alar al culpable de tal desatino. Es cierto, que sufrimos sequ¨ªa, pero exclamar piove, porco governo dificilmente ayudar¨¢ a resolver el tema.

M¨¢s a¨²n, en los ¨²ltimos meses una parte del debate pol¨ªtico en Espa?a parece arrastrar tambi¨¦n, como mercanc¨ªa no declarada, de contrabando, posturas de rechazo al sistema, a los partidos, a los pol¨ªticos, sin matices ni mayores disquisiciones. Para cualquier sensibilidad m¨ªnimamente democr¨¢tica esto debe resultar dif¨ªcilmente tolerable. El debate pol¨ªtico es necesario y conveniente, pero siempre que ¨¦ste se centre en clarificar los problemas presentes, aportando datos, propugnando soluciones y huyendo de la simplificaci¨®n demag¨®gica, que. puede servir para el mitin, pero dif¨ªcilmente nos ayuda a reflexionar.

Creo, por tanto, que los keynesianos hidr¨¢ulicos del ministerio -entre los que debo incluirme- podemos quedarnos tranquilos: en la actual coyuntura recesiva que atraviesa la econom¨ªa espa?ola, apoyamos sin reservas el mantenimiento del ritmo de la inversi¨®n en infraestructuras como mecanismo de impulso a la actividad econ¨®mica, pero sin acudir para ello a retrasar los pagos a las empresas constructoras. No se nos puede acusar, por tanto, de incongruentes.

El nivel de inversi¨®n depende en parte, sin duda, de la confianza que a los empresarios les inspire la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno. Pero la confianza dif¨ªcilmente se alcanzar¨¢ si el debate pol¨ªtico y econ¨®mico -l¨ªcito, l¨®gico, necesario- se mueve aparentemente m¨¢s en el terreno de las generalizaciones descalificatorias que en el rigor presumible en aquellos que hablamos de pol¨ªtica, escribimos de econom¨ªa y trabajamos para el Estado.