La Generalitat quiere fijar cuotas de pantalla para obligar a los cines a exhibir filmes en catal¨¢n

Las salas cinematogr¨¢ficas de Catalu?a tendr¨¢n la obligaci¨®n de programar un n¨²mero m¨ªnimo de pel¨ªculas habladas o subtituladas en catal¨¢n si prospera el anteproyecto de ley elaborado por la Generalitat para actualizar la Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica de 1983. La Generalitat considera que puede fijar una cuota de hasta el 50% en la exhibici¨®n de cine en lengua catalana, pero ser¨¢n los reglamentos derivados de la ley los que determinar¨¢n el porcentaje concreto.

El incumplimiento de las cuotas de pantalla que se fijen se considerar¨¢n infracciones administrativas, y por tanto sancionables (entre 250.000 y 10 millones de pesetas, seg¨²n su gravedad).El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha decidido que este anteproyecto no se presente al Parlamento hasta haberlo discutido y negociado con las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas, con la voluntad de llegar al m¨¢ximo consenso. En esta negociaci¨®n se da especial protagonismo al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). No se trata de una nueva ley, sino de una modificaci¨®n de la aprobada en 1983.

La modificaci¨®n de la ley de 1983 tiene como principal objetivo extender y garantizar el uso social del catal¨¢n, una vez que se ha logrado elevar el nivel de conocimiento de la lengua y se ha garantizado su ense?anza en la escuela gracias a la legislaci¨®n que ahora se quiere actualizar.

Administraci¨®n de justicia

Una de las asignaturas pendientes de la ley de 1983 era el pleno uso del catal¨¢n en las relaciones con la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado y con la de justicia. La ley vigente garantiza el derecho del ciudadano a dirigirse en catal¨¢n a esas administraciones, pero no a que se le atienda en esa misma lengua. "Nos encontramos con una situaci¨®n que puede calificarse de colonial: el ciudadano se dirige en catal¨¢n, pero es contestado en castellano", apunta Miquel Reniu, director general de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica.

Una disposici¨®n adicional de aquella ley se?alaba que la normalizaci¨®n del uso del catal¨¢n en los ¨¢mbitos que no dependen de la Generalitat se llevar¨ªa a cabo de com¨²n acuerdo. Un acuerdo que apenas ha prosperado. El anteproyecto introduce aqu¨ª cambios sustanciales.

Las modificaciones a la ley recoger¨¢n el derecho del ciudadano a ser atendido en catal¨¢n. Dicho de otra forma, el deber de todas las administraciones que act¨²en en Catalu?a de contestar de forma oral o por escrito en catal¨¢n a quien se dirija a ellas en esa lengua. Ahora bien, la ley catalana fijar¨¢ aquel derecho, pero no podr¨¢ regular c¨®mo cumplirlo porque escapa a la competencia de la Generalitat.

"Lo que podemos hacer es marcar nuestro objetivo ling¨¹¨ªstico e instar a las administraciones competentes a que establezcan las medidas pertinentes para cumplirlo", indica el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Guitart. Es decir, que el poder judicial o el Gobierno central deber¨¢n tomar disposiciones legales o normativas para acatar la ley catalana.

Los nuevos art¨ªculos dedicados a la escuela ponen el acento en que el catal¨¢n ser¨¢, "normalmente", la lengua de expresi¨®n y de ense?anza en Catalu?a. Tambi¨¦n extiende la pr¨¢ctica de la inmersi¨®n al catal¨¢n de los ni?os castellanohablantes. Si antes los padres pod¨ªan decidir la lengua de la primera ense?anza de sus hijos, en la nueva redacci¨®n ese derecho se restringe. Ahora, los derechos ling¨¹¨ªsticos de los castellanohablantes se concretan en que los ni?os que tengan dificultades de comprensi¨®n del catal¨¢n tendr¨¢n derecho a ser atendidos de forma personalizada hasta alcanzar el dominio suficiente de esta lengua. Se legalizan as¨ª las disposiciones que se aplican desde este curso acad¨¦mico, que provocaron la protesta de algunas familias. El objetivo legal seguir¨¢ siendo que los ni?os, al acabar la ense?anza obligatoria, puedan utilizar normal y correctamente el catal¨¢n y el castellano.

La ley de 1983 establece que profesores y alumnos de centros de ense?anza superior tienen derecho a expresarse, de palabra o por escrito, en la lengua oficial que prefieran. Con, la actualizaci¨®n de la ley se introduce que el profesor universitario debe conocer suficientemente las dos lenguas oficiales, de acuerdo con las exigencias de su tarea docente. Estar¨¢n exentos de ese deber los profesores visitantes.

En relaci¨®n con los medios de comunicaci¨®n, la ley modificada establecer¨¢ que las concesiones de radiodifusi¨®n o televisi¨®n que dependan de la Generalitat estar¨¢n condicionadas a la utilizaci¨®n de la lengua catalana en un determinado porcentaje. El incumplimiento ser¨¢ sancionable como en el caso del cine.

Tambi¨¦n est¨¢ previsto modificar la Ley Municipal de Catalu?a, aprobada en 1987, porque el Tribunal Constitucional ha admitido que la exigencia del conocimiento del catal¨¢n para los funcionarios de las administraciones dependientes de la Generalitat es legal.

Garantizar la convivencia

"Nos movemos bajo un principio fundamental: que las lenguas no se imponen, sino que se ganan", declara a este diario Joan Guitart. "Nosotros [Converg¨¨ncia i Uni¨®] no podremos nunca, ni queremos, imponer que una persona hable una determinada lengua, y menos en un pa¨ªs en el que hay dos idiomas oficiales", agrega. Lo que s¨ª quieren hacer es que "se reconozca el derecho de los catalanohablantes a utilizar su lengua en todos los aspectos de su vida".

Guitart niega que la ley reformada vaya a ser coactiva. "Nosotros queremos que, por encima de todo, haya convivencia en Catalu?a", se?ala el consejero de Cultura. "Y eso, en el tema ling¨¹¨ªstico, es fundamental" agrega. "Los l¨ªmites que nosotros mismos nos autoimponemos son todos aquellos que pueden incidir [negativamente] en la convivencia. Y hemos de tener en cuenta la gradualidad: se ha producido un progreso en el conocimiento y uso de la lengua catalana, y nos hemos de dotar de los instrumentos legales que se adecuen a esos avances y los faciliten, pero no debemos dejarnos llevar por inquietudes o actitudes que, de alguna forma, hieran a la sociedad catalana. Los ritmos generacionales son los que, son, y los cambios de lengua son lentos", a?ade Guitart.

El consejero quiere dejar claro que el anteproyecto de ley ya ha sido discutido internamente por los ¨®rganos de gobierno de la Generalitat y que est¨¢ en condiciones de entrar en el Parlament antes de que termine noviembre, como era su compromiso, pero que ese plazo se sacrificar¨¢ para alcanzar el m¨¢ximo consenso.

El anteproyecto de ley al que ha tenido acceso este diario por medios distintos al consejero de Cultura es guardado celosamente por las autoridades auton¨®micas. ?Qu¨¦ ocurrir¨¢ si ese consenso no se alcanza con todos los partidos? "Entonces ya valoraremos la situaci¨®n", contesta el consejero, que piensa sobre todo en el Partido Popular. "Ahora veremos cu¨¢l es su sensibilizaci¨®n [del PP] en esta materia".