Mayores para todo

LA LLEGADA de Juan Alberto Belloch al Ministerio de Justicia ha tenido, de momento, el efecto de desbloquear algunos de los asuntos que permanec¨ªan congelados desde hace a?os en los despachos ministeriales. La introducci¨®n del jurado, la actualizaci¨®n del aborto desde una perspectiva m¨¢s favorable a la mujer o el tratamiento de la delincuencia juvenil desde criterios m¨¢s pr¨®ximos al derecho y a la realidad social son cuestiones espinosas, pero a las que hay que dar respuesta alguna vez.En el reciente congreso de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Belloch ha dejado entrever la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley penal juvenil si el futuro C¨®digo PeNal elevara, finalmente, la mayor¨ªa de edad penal a los 18 a?os (ahora est¨¢ en los 16). El anuncio del ministro ata?e a una materia sumamente controvertida, sobre la que las opiniones son dispares y cambiantes. Los socialistas, que han defendido electoralmente la elevaci¨®n de la edad penal a los 18 a?os, no se han atrevido a llevarla a la pr¨¢ctica como decisi¨®n de gobierno, y el Partido Popular, del que cabr¨ªa presumir una resistencia a esta medida, se ha manifestado inequ¨ªvocamente a favor de su inclusi¨®n en el C¨®digo Penal. La toma de posici¨®n de Belloch trasluce un posible cambio en el comportamiento de los socialistas sobre esta cuesti¨®n.

Es cierto que la oposici¨®n de los socialistas a materializar su promesa electoral radica m¨¢s en motivaciones econ¨®micas que pol¨ªticas o ideol¨®gicas. La salida del C¨®digo Penal com¨²n de los menores comprendidos entre los 16 y 18 a?os implica la creaci¨®n de centros y sistemas penitenciarios adecuados a esta edad o, en todo caso, la remodelaci¨®n de algunos de los existentes, donde estos delincuentes juveniles se mezclan con los m¨¢s experimentados. Es la misma motivaci¨®n econ¨®mica que acaba de alegar el PSOE en el debate parlamentario sobre los presupuestos del Estado para aplazar la introducci¨®n del jurado a una fecha posterior a 1994. Lo cual hace prever que la ley penal juvenil anunciada por Belloch y la paralela elevaci¨®n de la edad penal de los 16 a los 18 a?os no son de hoy para ma?ana. Es decir, que no ser¨¢n realidad en tanto perdure la actual penuria presupuestaria.

Todos los argumentos pol¨ªticos, jur¨ªdicos y sociales llevan a no establecer discriminaci¨®n alguna entre la mayor¨ªa de edad penal y la civil, de modo que no se produzca la situaci¨®n aberrante en que hoy se encuentran los j¨®venes entre 16 y 18 a?os: negarles los derechos pol¨ªticos y civiles de los mayores -no pueden votar, ni hacer un contrato, por ejemplo- y al mismo tiempo imponerles sus leyes y sus c¨¢rceles. La Constituci¨®n no hace tal discriminaci¨®n, ni tampoco las convenciones internacionales sobre los derechos de los menores.

No se trata, evidentemente, de dejar sin defensa a la sociedad frente a una delincuencia cada vez m¨¢s nutrida de j¨®venes entre 16 y 18 a?os de edad y que alcanza tambi¨¦n, de manera harto preocupante, a estratos de poblaci¨®n juvenil en edades todav¨ªa inferiores. Se trata de dar una respuesta punitiva que tenga en cuenta las caracter¨ªsticas de la poblaci¨®n a la que se va a aplicar, que acent¨²e los aspectos reeducadores de la sanci¨®n, que grad¨²e la responsabilidad seg¨²n los tramos de edad en un periodo vital en el que existen grandes diferencias en la maduraci¨®n de las personas, y que, en cualquier supuesto, respete de modo escrupuloso las garant¨ªas procesales. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS) revel¨® en 1991 que la mitad de la poblaci¨®n consultada era favorable a la modificaci¨®n de la mayor¨ªa de edad penal. El argumento sociol¨®gico avala tambi¨¦n, pues, este cambio. Y es que la mayor¨ªa social percibe como una injusticia -a pesar del fuerte impacto de la delincuencia- que la respuesta a las transgresiones de los j¨®venes no se distinga en absoluto de la de los adultos. Con mayor motivo, si al mismo tiempo se les niegan los derechos espec¨ªficos de estos ¨²ltimos.