La justicia chilena sienta a los torturadores en el banquillo

La temible Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (Dina), el aparato represivo que tortur¨® y asesin¨® a cientos de personas durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, est¨¢ en el banquillo de los acusados en Chile. Los procesos por dos cr¨ªmenes cometidos por la Dina en 1976 llegaron esta semana a sus etapas decisivas, con diferentes resultados, aunque unidos por los nombres de algunas de las v¨ªctimas y la brutalidad de los hechos.Despu¨¦s de 17 a?os, los asesinatos del espa?ol Carmelo Soria y del ex ministro socialista Orlando Letelier ponen a prueba la capacidad de la democracia chilena para impartir justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos.

En el crimen de Soria, ex funcionario internacional de la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe (CEPAL) y ex militante del Partido Comunista de Espa?a (PCE), la lucha es contra la impunidad. El abogado querellante, Alfonso Insunza, present¨® el viernes un recurso de apelaci¨®n contra el fallo de una sala del Tribunal Supremo que, por cuatro votos contra dos, traspas¨® el caso desde la justicia civil a la militar, mientras el Gobierno espa?ol pidi¨® al de Chile designar un juez del tribunal superior para proseguir la investigaci¨®n, porque el caso afecta a las relaciones bilaterales entre los dos pa¨ªses.

En el crimen de Letelier un magistrado del Tribunal Supremo, designado porque el caso afecta a las relaciones entre Chile y Estados Unidos, conden¨® al jefe m¨¢ximo de la Dina, el general retirado Manuel Contreras, y al jefe de operaciones, el brigadier Pedro Espinosa, a siete y seis anos de prisi¨®n, respectivamente. Los abogados querellantes apelaron el fallo ante el m¨¢ximo tribunal, pidiendo cadena perpetua, mientras Contreras y Espinosa recurrir¨¢n alegando inocencia.

Cuatro nombres se repiten en los dos procesos: Contreras, Espinosa, Michael Townley, un estadounidense que fue agente de la Dina, y Virgilio Paz, un cubano anticastrista condenado por el crimen de Letelier. Townley, cuyas declaraciones han sido claves en ambos casos, prest¨® su domicilio, que serv¨ªa de sede a la brigada Mulch¨¦n de la Dina, a los agentes que mataron a Soria.

"?Pobre Chile!"

Despu¨¦s de ser secuestrado en la calle por un grupo de seis agentes, dos de ellos vestidos de polic¨ªas de tr¨¢nsito, Soria fue interrogado en la casa de Townley. "?Pobre Chile!", repiti¨® una y otra vez a sus captores mientras era interrogado, seg¨²n relat¨® uno de ellos a la justicia.Townley declar¨® que Espinosa orden¨® eliminar a Soria. Tras varios intentos de matarlo, le rompieron el cuello con el pelda?o de una escalera. El cubano Paz presenci¨® los hechos. El proceso sostiene que Soria fue destorturado. Despu¨¦s de arrojar el cuerpo del espa?ol dentro de un coche a un canal de regad¨ªo, para simular un accidente, los agentes celebraron el asesinato bebiendo whisky. Contreras los llam¨® por tel¨¦fono para felicitarlos, seg¨²n declaraciones de un testigo.

El traspaso del caso a un tribunal militar, porque el crimen fue cometido en un acto de servicio, implica su cierre de acuerdo a la experiencia en otros procesos. "Matar a alguien no es un acto de servicio", replica, sin embargo, el abogado Insulza.

De los militares en servicio que han declarado en el proceso como inculpados, dos son cercanos colaboradores del general Pinochet. Los detalles de este proceso son m¨¢s conocidos en Espa?a que en Chile. La justicia militar envi¨® esta semana una nota a todos los diarios reiterando que rige la prohibici¨®n de informar del proceso.

Ante la petici¨®n espa?ola de designar un magistrado del Tribunal Supremo, el ministro portavoz del Gobierno, Enrique Correa, asegur¨® que dar¨¢ "todas las facilidades procesales y va a contribuir en todo lo que est¨¦ de su parte para esclarecer este crimen".

La Dina, un organismo cuyo jefe s¨®lo daba cuentas a Pinochet y que ten¨ªa por s¨ªmbolo un pu?o cerrado, qued¨® al desnudo con el fallo del juez Adolfo Ba?ados, que conden¨® a Contreras y Espinosa como coautores del crimen de Letelier. Ba?ados es un magistrado que goza de prestigio en Chile. En la dictadura, investig¨® el asesinato y el ocultamiento de cuerpos de campesinos en Lonqu¨¦n, que inspira parte del relato de la novela De amor y de sombra, de Isabel Allende. Su fallo del caso Letelier estableci¨® en 410 p¨¢ginas que el crimen "es la culminaci¨®n de un plan reflexivamente elaborado".

La sentencia detalla c¨®mo la Dina envi¨® a Townley a poner la bomba que mat¨® a Letelier y a su colaboradora, Ronni Moffitt, mientras iban en coche en el centro de Washington. El dictamen se refiere tambi¨¦n a otros actos terroristas de la Dina: el asesinato en Buenos Aires, tambi¨¦n con una' bomba en el veh¨ªculo, del ex jefe del Ej¨¦rcito chileno Carlos Prats y su esposa, y el atentado en Roma contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa.

Descarta la tesis esgrimida por los condenados, seg¨²n la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) cometi¨® el asesinato de Letelier, y en el caso de Espinosa estima que le est¨¢ vedado acogerse a la obediencia debida, pues una orden que tiende a perpetrar un delito no debe ser ejecutada. Se?ala que los procesados, especialmente Contreras, incurrieron repetidamente en "inexactitudes, contradicciones y falsas excusas", y determina las condenas sobre la base de cinco presunciones.

En declaraciones a un canal de televisi¨®n, desde EE UU Townley desafi¨® a Contreras a un debate. Afirm¨® esperar que su confesi¨®n estimule a otros ex agentes. "Esto es como una infecci¨®n, hasta que no se abra y se dejen salir los venenos, no se va a sanar nunca", se?al¨® el estadounidense.