Un regate de m¨¢s

CORCUERA No debi¨® vincular su continuidad a un fallo favorable a sus tesis por parte del Tribunal Constitucional, porque al hacerlo condicionaba dicho fallo. Pero una vez producida la sentencia, su salida era obligada porque la hip¨®tesis contraria, que siguiera en el cargo, bien por retirada del compromiso, bien porque el presidente no le aceptase la renuncia, supondr¨ªa a?adir un elemento de burla al desplante. Ser¨ªa ins¨®lito que quien plante¨® el problema en tales t¨¦rminos- objetivamente, de presi¨®n sobre el tribunal- tuviera luego la posibilidad de rehuir sus consecuencias, una vez que el desenlace ha sido diferente al previsto por ¨¦l. Eso s¨ª que ser¨ªa desmoralizador, y en ese sentido tiene raz¨®n Corcuera cuando dice que habr¨ªa que haber o¨ªdo a los que critican su salida si por cualquier motivo -y siempre hay asesores dispuestos a apa?arlos- se hubiera vuelto atr¨¢s de su compromiso de irse. Pero ah¨ª se acaba el acierto de Corcuera en su despedida de ayer, porque casi todo lo dem¨¢s que dijo fue bastante disparatado.Corcuera pudo haberse ido con la dignidad de quien ha jugado y ha perdido, pero no resisti¨® la tentaci¨®n de un ¨²ltimo regate, y eso agrand¨®, en lugar de disculpar, su derrota. La vanidad que otras veces ha derribado a sus enemigos le perdi¨® ayer a ¨¦l, ceg¨¢ndole respecto a su verdadera situaci¨®n, y sus descalificaciones de Anguita y Trillo, entre otros, bordearon el rid¨ªculo. Al secretario general del PCE le reproch¨® serlo tras haber dicho que no aceptar¨ªa el puesto. Aparte de que es un delito que comparten los secretarios generales de todos los partidos, no se entiende el sentido del reproche cuando la petici¨®n de coherencia que le hab¨ªa hecho Anguita coincid¨ªa con lo que el propio Corcuera acababa de exponer como fundamento de su dimisi¨®n. A Federico Trillo le calific¨® con soma de "eminente jurista", le recomend¨® volver a la Universidad y se ofreci¨® para darle clases particulares. Pero no fue sabidur¨ªa jur¨ªdica lo que a continuaci¨®n exhibi¨® Corcuera en su intento, algo pueril, de hacer pasar por victoria la derrota que le hab¨ªa: llevado a dimitir.

Es cierto que el tribunal no ha declarado inconstitucional toda la ley, sino algunos de sus preceptos, pero: 1) ello ha ocurrido respecto de un texto que ya hab¨ªa sido expurgado de sus componentes antijur¨ªdicos m¨¢s obvios tras el severo dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); 2) nadie hab¨ªa impugnado la totalidad de la ley, sino determinados art¨ªculos; 3) los preceptos que el tribunal considera inconstitucionales son dos (no uno, como dijo Corcuera), y sobre un tercero, el de la identificaci¨®n, introduce tales cautelas, por v¨ªa interpretativa, que pr¨¢cticamente modifica su contenido; 4) esos preceptos rechazados o reinterpretados son, en todo caso, los que hab¨ªan polarizado la discusi¨®n, tanto entre los juristas como en la opini¨®n p¨²blica.

Esa polarizaci¨®n fue en parte provocada por el propio Corcuera, que atribuy¨® al art¨ªculo 21.2 -el relativo a la entrada en domicilio sin orden judicial, en determinadas circunstancias- un papel crucial en la lucha contra el narcotr¨¢fico y la delincuencia en general. Imprudente atribuci¨®n cuando desde el primer momento se sab¨ªa que exist¨ªan dudas razonables sobre su constitucionalidad. Por otra parte, nunca ha sido cuestionada la facultad del Parlamento para definir legislativamente el concepto de delito flagrante, siempre que esa definici¨®n respetara, a los efectos de entrada policial en los hogares, los rasgos esenciales que la Constituci¨®n atribuye a dicho concepto. Justamente lo que, seg¨²n la sentencia, no hac¨ªa el art¨ªculo 21.2. U obvia posibilidad de esa definici¨®n legislativa que recuerda la sentencia no constituye, por tanto, como pretendi¨® ayer Corcuera, un tanto a su favor.

Jos¨¦ Luis Corcuera ha sido un buen ministro del Interior, pero su empecinamiento en este asunto ha sido lamentable, y quienes le dieron la embarcada demostraron tan escaso talento jur¨ªdico como el ministro para no meterse en camisa de once varas. Por a?adidura, ese empecinamiento ha dado a la discusi¨®n un tono de reyerta -agravado por el desplante de la amenaza de dimisi¨®n- que ha impedido plantear en t¨¦rminos racionales debates que s¨ª eran acuciantes, como el de la necesidad de reforzar la colaboraci¨®n entre los jueces y la polic¨ªa para hacer frente a las nuevas y cada vez m¨¢s extendidas formas de delincuencia.