El fiscal general, Eligio Hern¨¢ndez, inform¨® al Gobierno contra la gesti¨®n de Antoni Asunci¨®n

El fiscal general del Estado, Eligio Hem¨¢ndez, elev¨® al Gobierno en septiembre un dur¨ªsimo informe elaborado por una docena de fiscales contra la gesti¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Asuntos Penitenciarios, cuyo m¨¢ ximo responsable, Antoni Asunci¨®n, tom¨® ayer posesi¨®n del cargo de ministro del Interior. El informe asegura que la Administraci¨®n penitenciaria ha conseguido "escapar de lo que considera intromisiones judiciales" y "determina la duraci¨®n de las penas de c¨¢rcel y el modo en que se cumplen". Las circulares penitenciarias "en ocasiones cercenan o limitan los derechos de los internos" o "crean situaciones de privilegio, constituyendo una especie de normas paralelas (... ) arbitrarias y cambiantes", dicen los fiscales.

El informe de las diversas fiscal¨ªas sobre la gesti¨®n de Asuntos Penitenciarios iba envuelto en la Memoria anual de actividades del Ministerio Fiscal, que Eligio Hern¨¢ndez entreg¨® al Gobierno el pasado 15 de septiembre. Los fiscales aseguran que 12 a?os despu¨¦s de la puesta en marcha de los juzgados de vigilancia que iban a evitar que la Administraci¨®n controlase en exclusiva el cumplimiento de las penas de c¨¢rcel, "nos encontramos", afirman, "en el punto de partida".As¨ª, el fiscal de Bilbao considera "perniciosa" la costumbre de algunas prisiones de notificar el castigo en celda de aislamiento "sin especificar de modo detallado los motivos" y "sin concretar el contexto en que se ha producido la intervenci¨®n de los funcionarios de prisiones". La notificaci¨®n se realiza "en una escueta nota en forma de impreso normalizado en la que, como mucho, se hace una gen¨¦rica menci¨®n a la infracci¨®n cometida".

El fiscal de Sevilla denuncia la "hipocres¨ªa" que se esconde en el sistema de concesi¨®n de permisos de salida. En noviembre de 1988, una circular de Asuntos Penitenciarios (entonces Instituciones Penitenciarias) impuso a los directores de prisiones que suspendiesen los acuerdos de las Juntas de R¨¦gimen cuando ¨¦stas concediesen permisos a violadores, homicidas, asesinos y delincuentes condenados a m¨¢s de 18 a?os.

Seg¨²n el fiscal de Sevilla, el, sistema ha degenerado en trasladar la responsabilidad del permiso al juez de vigilancia penitenciaria, ya que Asuntos Penitenciarios lo deniega sistem¨¢ticamente. Si el permiso hab¨ªa sido informado a favor y por unanimidad del equipo de tratamiento y de la Junta de R¨¦gimen y el interno recurre, el juzgado se ve obligado a concederlo.

La "hipocres¨ªa" que se enconde en el sistema se manifiesta, seg¨²n el fiscal, "en que el director que suspende el acuerdo previamente suele votar a favor del permiso, y el recurso del interno en no pocas ocasiones se materializa en un documento formulario, elaborado por ordenador por el propio centro".

Redistribuci¨®n de etarras

Por su parte, el fiscal de Ciudad Real, que tiene a su cargo la c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad de Herrera de la Mancha, explica en su informe que no ha conseguido "disipar la sospecha" de que algunos internos de ETA que se hab¨ªan apartado de la banda terrorista fueran "reubicados" en otros centros penitenciarios cuando el juez les levant¨® el r¨¦gimen especial que se aplica a penados de peligrosidad extrema. A la decisi¨®n judicial se hab¨ªa opuesto la Secretar¨ªa de Estado de Asuntos Penitenciarios.

A su vez, el fiscal de Valladolid no alcanza a entender c¨®mo en ocasiones se emite un informe favorable al permiso de salida tras haberse apuntado con car¨¢cter dubitativo "el factor de riesgo de la drogodependencia, unido a la reincidencia o la marginaci¨®n profesional".

El fiscal de Albacete reclama que los equipos de tratamiento est¨¦n debidamente atendidos y sus informes profundicen m¨¢s en la personalidad de los reclusos, y el de Ciudad Real exige "desterrar cualquier automatismo objetivista en la concesi¨®n de permisos". El informe del fiscal de Tenerife asegura que no se verifican todos los estudios o peritajes de predicci¨®n de peligrosidad y a?ade que en los expedientes de permiso "no figura certificaci¨®n de la sentencia dictada para conocer el detalle de la conducta sancionada".

El fiscal de Vitoria denuncia la frecuencia con que se deniega el permiso a los presos extranjeros que no tienen domicilio rijo al que acudir.

El fiscal de C¨¢diz subraya "la impresi¨®n generalizada" de que las peticiones de traslado de los presos por razones de vinculaci¨®n familiar est¨¢n normalmente fundadas, pero "raramente se atienden por la Administraci¨®n". Seg¨²n este Fiscal, esto se debe, m¨¢s que a la falta de establecimientos, a que el destino de los internos se decide "con tanta discrecionalidad" que tal ejercicio "est¨¢ algunas veces m¨¢s cerca de la arbitrariedad que de la discrecionalidad.