La muerte de Carmelo Soria

EN MARZO de 1991, la comisi¨®n chilena de Verdad y Reconciliaci¨®n emiti¨® un duro informe en el que se describ¨ªan los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos durante casi 17 a?os de dictadura por el r¨¦gimen del general Pinochet. Uno de esos 2.115 cr¨ªmenes fue la tortura y asesinato, en 1976, de un funcionario internacional de la CEPAL en Santiago de Chile, el espa?ol Carmelo Soria, a manos de la tristemente c¨¦lebre Direcci¨®n de Inteligencia Nacional Anticomunista (DINA), la polic¨ªa pol¨ªtica chilena.El informe de la comisi¨®n era un documento pragm¨¢tico orientado a la reconciliaci¨®n, con la vista puesta en no irritar en demas¨ªa a un estamento militar poderoso y siempre receloso de la libertad. Aun hoy, el Ej¨¦rcito en Chile -del que no se debe olvidar que su comandante en jefe es el- general Pinochet- mantiene en alto la amenaza de golpe de Estado a poco que sus considerables apetencias y soberbia sean contradichas por un poder civil al que siempre considera subordinado. Se hubiera dicho que, con el informe, el presidente Aylwin pretend¨ªa no s¨®lo pasar una p¨¢gina de la historia antes de que provocara demasiada angustia o mantuviera abiertos los rencores, sino cifrar la esperanza de reconciliaci¨®n nacional en el rechazo ante el horror de los cr¨ªmenes m¨¢s que en la sordidez de los criminales. Una ambici¨®n razonable en una situaci¨®n extremadamente fluida y que, pese a ello, ha resultado imposible de mantener.

Un programa de televisi¨®n en el que aparec¨ªa recientemente un miembro norteamericano de la DINA, Michael Townley, ha demostrado que la herida sigue abierta y que un pueblo que ha recuperado la libertad tiene la suficiente dignidad para mirar de frente a unos criminales que eran s¨®lo an¨®nimos porque lo impon¨ªa la censura.

Una de las revelaciones que hizo Townley fue la de la muerte del espa?ol Carmelo Soria, se?alando directamente a quienes eran sus autores. Las declaraciones del agente, no imputables a ning¨²n compl¨® urdido por elementos civiles para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, provocaron la apertura de un proceso penal civil contra ¨¦l y tres de sus colegas y un considerable esc¨¢ndalo que protagoniza directamente la c¨²pula militar, empe?ada en tapar completamente el asunto.

Ante las evidentes muestras de la barbarie de la DINA, el jefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito se?al¨® hace dos meses que la polic¨ªa pol¨ªtica nada ten¨ªa que ver con el estamento armado. Pero este lavatorio de manos ten¨ªa el inconveniente de dejar a los agentes policiales a merced de la justicia civil: en vista de lo cual, desdiciendo lo afirmado por el general S¨¢nchez Casillas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Chile decidi¨® el 15 de noviembre pasar el proceso a la fiscal¨ªa militar para que as¨ª el correspondiente tribunal castrense pueda dar carpetazo al tema.

Y as¨ª est¨¢ el proceso. Revivido, replanteado y mantenido -a flote por la voluntad decidida de la hija de Carmelo Soria, empe?ada en que se haga justicia y a punto de verse derrotada por la jur¨ªdicamente no pertinente decisi¨®n de que la causa se devuelva a la justicia militar.

El Gobierno espa?ol ha actuado con presteza para defender los intereses de la familia de Soria. Ha solicitado el nombramiento de un juez civil del Tribunal Supremo que act¨²e como instructor de la causa. Madrid, pese al riesgo de enfriar unas relaciones que pasan por un momento delicado, debe impedir por todos los medios a su alcance la tropel¨ªa de que el proceso sea sobrese¨ªdo o, peor a¨²n, que los militares declaren la inocencia o la m¨ªnima culpabilidad de unos polic¨ªas que, efectivamente, mataron al funcionario espa?ol. Est¨¢n en juego varias cosas y conceptos importantes: el leg¨ªtimo castigo que merecen quienes cometieron el crimen, es decir, la erradicaci¨®n de la impunidad, y, adem¨¢s, la indudablemente cuantiosa indemnizaci¨®n que el Estado chileno habr¨¢ de satisfacer a la familia Soria seg¨²n el grado de culpabilidad que se demuestre en el juicio.