?Reforma laboral o ley de la selva?

Como un esquiador en el fondo de un pozo, el Gobierno es incapaz de salir de la crisis econ¨®mica. De hecho, para el a?o pr¨®ximo, la previsi¨®n de crecimiento es muy baja y se pronostica un aumento del paro en 159.000 personas. Los sindicatos venimos exigiendo, desde hace a?os, el cambio de una pol¨ªtica econ¨®mica basada en el ajuste que ha hundido el pa¨ªs en la depresi¨®n, que es incapaz de resolver los problemas estructurales y genera fuertes costes sociales.En este sentido, hemos planteado la necesidad de negociar un acuerdo por el empleo basado en el relanzamiento de la econom¨ªa, el aumento de la demanda y la defensa de las pol¨ªticas de Estado de bienestar. Para ello habr¨ªa que reducir sustancialmente los tipos de inter¨¦s, realizar un gran esfuerzo inversor, desarrollar pol¨ªticas industriales activas, repartir el empleo y mejorar la competitividad. Se complementar¨ªan con el control de precios y la moderaci¨®n de todas las rentas (manteniendo el poder adquisitivo de los salarios para no deprimir la demanda y no perjudicar el empleo), creando fondos de inversi¨®n, con una mayor equidad fiscal y lucha contra el fraude.

Pero el Gobierno no ha querido negociar. La conversi¨®n de la concertaci¨®n en un simulacro, la imposici¨®n unilateral de medidas regresivas y la prevalencia dada al acuerdo presupuestario con la derecha catalana han frustrado las posibilidades de un acuerdo por el empleo.

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1994, el proyecto de ley financiera, as¨ª como las propuestas sobre reforma del mercado de trabajo, conforman la mayor agresi¨®n social de toda la etapa democr¨¢tica y no tienen parang¨®n en otros pa¨ªses de Europa. Las medidas m¨¢s lesivas de este cuadro de proyectos legales son:

1. El recorte de las prestaciones al desempleo en 260.000 millones de pesetas, afectando a m¨¢s de un mill¨®n de parados (pago por los parados de la Seguridad Social, del IRPF y fijaci¨®n del tope m¨ªnimo en el 75% del salario m¨ªnimo; negaci¨®n del subsidio a parados que tengan a sus padres a su cargo).

2. La p¨¦rdida de poder adquisitivo de las pensiones: el cambio de indiciaci¨®n del IPC pasado al previsto supone un coste de transformaci¨®n de 60.000 millones de pesetas y 8.000 pesetas anuales menos en promedio.

3. La reducci¨®n de los salarios de los empleados p¨²blicos en al menos cuatro puntos y modificaci¨®n de la Ley 30/84 para anular la oferta de empleo p¨²blica y aplicar la movilidad geogr¨¢fica y funcional, con el objetivo de reducir los efectivos.

4. Reducci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica en t¨¦rminos reales el a?o pr¨®ximo en relaci¨®n a la ejecutada en 1993. S¨®lo alcanza el 3, 1 % del PIB y se incumple el programa electoral del PSOE, que hablaba del 5%.

Las deducciones al impuesto de sociedades, las vacaciones fiscales a las empresas y el conjunto de gastos fiscales suman 437.000 millones de pesetas, m¨¢s de la mitad de la recaudaci¨®n prevista por dicho impuesto. Tambi¨¦n se reduce la imposici¨®n en el impuesto del patrimonio. Mientras, la presi¨®n fiscal por la no deflactaci¨®n del IRPF va a aumentar en 165.000 millones de pesetas y recaer¨¢ en su mayor¨ªa sobre los salarios, se hace pagar IRPF a los parados y se sube un punto a los trabajadores la cuota por desempleo escalonadamente hasta 1996.

En cuanto a la reforma del mercado de trabajo, la posici¨®n del Gobierno parte de una serie de premisas falsas, que no dejan de serlo por su continua repetici¨®n: a) no es cierto que nuestro ordenamiento laboral pueda ser calificado de r¨ªgido en referencia a otros sistemas y se pretende confundir regulaci¨®n, garant¨ªas y derechos con rigideces: tenemos instituciones y figuras donde el nivel de flexibilidad es excesivo y de los m¨¢s altos de la CE; b) la reforma del mercado de trabajo no crea por s¨ª sola empleo; el mercado laboral es una instituci¨®n social a la que no se le pueden aplicar mec¨¢nicamente las mismas reglas y criterios de otros ¨¢mbitos.

La propuesta del Gobierno plantea fundamentalmente reformas legales en la l¨ªnea de:

1. Introducir formas desreguladoras en el proceso de intermediaci¨®n p¨²blica en el mercado de trabajo, a trav¨¦s de la posibilidad de contrataci¨®n directa de trabajadores y supresi¨®n de la obligaci¨®n de registro de los parados en el Inem.

2. Mantener altos niveles de temporalidad y precariedad en materia de contrataci¨®n. As¨ª, se pretende regular -sin reformas necesarias previas- las empresas de trabajo temporal, precarizar el contrato de aprendizaje y a tiempo parcial, reduciendo sus cotizaciones y prestaciones de Seguridad Social.

El contrato basura de aprendizaje supone la posibilidad de tener contratados hasta los 28 a?os a trabajadores ganando 39.000 pesetas, sin garant¨ªas formativas y sin derecho a las contingencias comunes de enfermedad y al desempleo.

3. Desregular la relaci¨®n laboral incrementando de forma exorbitante el poder empresarial. En materia de movilidad funcional y geogr¨¢fica, ordenaci¨®n del tiempo de trabajo y modificaci¨®n sustancial de condiciones de trabajo -horario, turnos, jornada, sistema de remuneraci¨®n y rendimiento-, se pretende dar mayor margen de actuaci¨®n y decisi¨®n al empresario, cuando su poder ya es enorme, e ir¨ªa en contra de cualquier idea de democracia y participaci¨®n en el ¨¢mbito de la empresa.

4. Abaratar y facilitar los despidos. Es ¨¦sta una de las m¨¢s firmes exigencias de la patronal y el Gobierno pretende llevarla a efecto con el peregrino argumento de que crear¨¢ empleo. Nuestro ordenamiento laboral se limita a establecer una serie de garant¨ªas y derechos para el trabajador, como el resto de los ordenamientos de nuestro entorno. Se cumple la directiva comunitaria sobre la materia, y la Comisi¨®n s¨®lo ha encontrado d¨¦ficit en relaci¨®n a la consulta y a la informaci¨®n.

Los costes por despido est¨¢n en Espa?a en la media comunitaria y la autorizaci¨®n administrativa en los despidos colectivos se ajusta al derecho comunitario y no ha supuesto de ning¨²n modo un elemento de rigidez: 2,3 millones de trabajadores han sido despedidos en los ¨²ltimos 10 a?os.

Las medidas del Gobierno abaratan y consagran en la pr¨¢ctica el despido libre en porciones (de hasta diez o hasta treinta trabajadores por trimestre, seg¨²n el tama?o de la empresa) y la unilateralidad absoluta del empresario al ampliar tanto las causas que supone, de hecho, descausalizarlo.

5. Cuestionar el papel de la ley haciendo disponibles los m¨ªnimos de derecho necesario, suprimiendo as¨ª el principio de norma m¨ªnima. En la m¨¢s suave de las valoraciones, supone una irresponsabilidad de los poderes p¨²blicos.

6. Fijaci¨®n de plazo para la derogaci¨®n unilateral de las ordenanzas laborales y supresi¨®n de los mecanismos de estabilidad de los convenios colectivos. Ello producir¨ªa vac¨ªos de regulaci¨®n e indefensi¨®n para los trabajadores, as¨ª como el debilitamiento de la negociaci¨®n colectiva y la lesi¨®n del principio de autonom¨ªa colectiva.

No se puede aceptar la reforma que plantea el Gobierno por las siguientes razones:

- Es profundamente desequilibrada y parcial; las consecuencias reales que producir¨ªa son: un notable incremento del paro y del poder de. direcci¨®n empresarial, y una reducci¨®n dr¨¢stica de los niveles de protecci¨®n que el ordenamiento laboral garantiza al trabajador.

- Tiene un fuerte contenido ideol¨®gico neoliberal en la gran mayor¨ªa de sus propuestas, que, de llevarse a cabo, supondr¨ªa un golpe frontal para el actual derecho del trabajo y para el modelo de relaciones laborales.

- Olvida algo b¨¢sico a la hora de emprender modificaciones normativas: la revisi¨®n cr¨ªtica de anteriores reformas y, sobre todo, el conocimiento real del nivel legal del que se parte. El Estatuto de los Trabajadores (ET) es una norma hija de la crisis econ¨®mica de los setenta, que dej¨® su impronta en dicha ley al frenar y reducir las garant¨ªas y derechos que hab¨ªan de corresponder al trabajador, en relaci¨®n con otros ordenamientos de nuestro entorno europeo.

Los sindicatos consideramos necesario reformar y mejorar el mercado de trabajo a partir de tres premisas b¨¢sicas: a) la superaci¨®n solidaria de la crisis, b) la consecuci¨®n de una mayor cohesi¨®n social y c) el car¨¢cter irrenunciable de determinados derechos y conquistas sociales. Y, en concreto, proponemos:

1. En materia de acceso al mercado de trabajo planteamos una reforma integral del Inem que le transforme en un aut¨¦ntico servicio p¨²blico de empleo.

2. La formaci¨®n profesional en todas sus variantes es un instrumento clave dentro de una pol¨ªtica activa por el empleo.

3. Es necesaria la sustituci¨®n negociada de las ordenanzas laborales mediante convenios sectoriales de ¨¢mbito estatal.

4. En materia de contrataci¨®n es necesario reducir los fen¨®menos de segmentaci¨®n y precarizaci¨®n de la mano de obra, as¨ª como los escandalosos niveles de temporalidad, a trav¨¦s de la recuperaci¨®n del principio de causalidad, la simplificaci¨®n de contratos, la lucha contra el fraude y los plenos derechos sociales.

5. En cuanto a los despidos colectivos: establecimiento de planes sociales, formativos y de recolocaci¨®n para los despedidos; exigencia legal de presentar, en su caso, planes de viabilidad para la continuidad de la empresa; ampliaci¨®n de los derechos de consulta y participaci¨®n de los representantes de los trabajadores; modificaci¨®n de la legislaci¨®n mercantil en orden a la responsabilidad de la sociedad y de los administradores en estos supuestos.

Las propuestas sindicales pretenden una mejora y saneamiento del mercado de trabajo, as¨ª como una democratizaci¨®n efectiva de nuestro sistema de relaciones laborales, todo ello en el marco de la consolidaci¨®n del derecho del trabajo como componente b¨¢sico de la cultura social europea e instrumento de equilibrio y tutela de los derechos de los trabajadores.

Estamos ante una quiebra del modelo y en un contexto recesivo. En este panorama se acent¨²an los efectos perversos de un concepto negativo de flexibilidad del mercado de trabajo: con recesi¨®n, se incrementa a¨²n m¨¢s la destrucci¨®n de empleo, porque, a m¨¢s desregulaci¨®n para la misma carga de trabajo, disminuye el n¨²mero de empleos. Medidas como un despido m¨¢s libre y m¨¢s barato, combinado con los contratos basura de aprendizaje, pueden favorecer una fuerte destrucci¨®n de empleo y el efecto de sustituci¨®n de fijos por eventuales.

Ante esta ofensiva neoliberal, que pretende llegar a las l¨ªneas de retaguardia de la clase trabajadora (demolici¨®n del raqu¨ªtico Estado de bienestar, desregulaci¨®n salvaje del mercado de trabajo, ataque a los salarios reales y derrota ideol¨®gica de los sindicatos), es m¨¢s necesario que nunca movilizar a la sociedad frente a la agresi¨®n social y para que no se imponga la contrarreforma social y contin¨²e con el recorte de pensiones.

La contraofensiva social debe tener la contundencia precisa para que el Gobierno retire las medidas y se vea obligado a negociar una orientaci¨®n progresista y expansiva de la pol¨ªtica econ¨®mica en favor del empleo y de la solidaridad social. Sobran los motivos y las razones para una huelga general; se trata de crear las condiciones, si el Gobierno no rectifica, para asegurar el ¨¦xito de sus objetivos y evitar la taiwanizaci¨®n de nuestro modelo social y laboral.

Agustin Moreno Garc¨ªa es secretario de acci¨®n sindical de la Confederaci¨®n Sindical de Comisiones Obreras y ?ngel Mart¨ªn Aguado pertenece a su gabinete jur¨ªdico.