El juez Marino Barbero se pone de nuevo a trabajar

Dos a?os y medio despu¨¦s -de la apertura del sumario por el caso Filesa, no est¨¢n concluidas las diligencias sobre financiaci¨®n ilegal de un partido pol¨ªtico -el PSOE- que, por cierto, nunca ha sido aceptado como parte en esta causa judicial.Existen cuatro inculpados, contra los que se ha dirigido el procedimiento: Josep Maria Sala y Carlos Navarro, presuntos accionistas de las empresas Time Export y Filesa, as¨ª como Alberto Flores y Luis Oliver¨®, como directivos o apoderados. Pero no se ha decretado la apertura de juicio oral, ni el fiscal ha precisado los delitos de una eventual acusaci¨®n.

El Supremo ha rechazado todos los intentos de varios acusadores particulares para extender la causa al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, as¨ª como a los parlamentarios socialistas Alfonso Guerra y Jos¨¦ Mar¨ªa Benegas, y a Guillermo Galeote y Aida ?lvarez, ambos relacionados con las finanzas del PSOE.

Por lo tanto, la situaci¨®n vuelve a ser la misma que la de mediados de septiembre. Las diligencias se interrumpieron tras la petici¨®n de suplicatorio para actuar contra el senador Sala. Marino Barbero, el juez instructor, no pidi¨® ese suplicatorio porque el procedimiento estuviera concluido, sino como resultado del apremio de la Sala Segunda del Supremo, inquieta por el hecho de que la investigaci¨®n se realizara sin autorizaci¨®n de la C¨¢mara afectada, en este caso el Senado.

Pero una vez despejado el camino procesal, el juez vuelve a apreciar dificultades para llevar a t¨¦rmino la investigaci¨®n. La documentaci¨®n obtenida por Barbero en los registros de bancos, empresas y la propia sede del PSOE proporcionan indicios para actuar en m¨²ltiples direcciones. Barbero no ha aclarado cuales son sus prop¨®sitos, pero ha insistido en la necesidad de numerosos medios humanos y materiales. Por lo tanto, no se dispone a cerrar pronto el sumario, sino a agotar todas las v¨ªas.

Barbero, al igual que el resto de los magistrados del Supremo, trabaja en un despacho compartido por otro colega, y en ocasiones hasta por dos, lo cual le resulta inc¨®modo: por eso ha solicitado un despacho individual. Una petici¨®n dif¨ªcil de atender, puesto que el edificio del Tribunal Supremo se encuentra en obras y los magistrados han recibido indicaciones de desalojar progresivamente sus dependencias actuales.

El Supremo hab¨ªa autorizado a Barbero para utilizar la llamada "sala de plenillos", situada junto al despacho del presidente del organismo, en la que se custodia parte de la documentaci¨®n del caso y est¨¢ vigilada permanentemente por guardias privados de seguridad.

El Consejo del Poder Judicial le ha negado, en cambio, el nombramiento de jueces adjuntos, alegando un acuerdo por el cual s¨®lo pueden adscribirse jueces adjuntos o auxiliares a "¨®rganos judiciales" y, no a una causa en concreto.

En cualquier caso, Barbero se encuentra en condiciones de ponerse de nuevo al trabajo. Seg¨²n algunos de sus colaboradores, tiene previsto llamar a declarar a los responsables de los bancos y empresas que dieron fondos a Filesa, as¨ª como extender sus investigaciones a otros pa¨ªses.