No a la muerte impune de Juantxu

AYER SE cumpli¨® el cuarto aniversario de la muerte del fot¨®grafo y colaborador de EL PA?S Juantxu Rodr¨ªguez, abatido por las balas de los soldados norteamericanos que invadieron Panam¨¢ en 1989, sin que EE UU haya modificado un ¨¢pice su rechazo frontal a cualquier investigaci¨®n o al menos a dar una explicaci¨®n racional de lo sucedido, y, por supuesto, a indemnizar adecuadamente a los padres de la v¨ªctima de un hecho que no fue, en modo alguno, una acci¨®n de guerra, sino fruto de un alarde de inconsciencia o de desprecio por la vida ajena.La actitud de las autoridades norteamericanas merece el calificativo de c¨ªnica, como lo es la legislaci¨®n que exime al Ej¨¦rcito de EE UU de cualquier responsabilidad penal o civil por actos cometidos en acciones b¨¦licas fuera de sus fronteras. Lo cual no quita para que estas mismas autoridades se salten esta norma cuando les conviene pol¨ªticamente. As¨ª sucedi¨® tras el derribo de un avi¨®n iran¨ª por un misil disparado desde un barco norteamericano durante la guerra del Golfo. En esa ocasi¨®n, el Gobierno de EE UU no rehuy¨® indemnizar -en el ¨¢mbito de un deber moral que trasciende a la propia ley- a los familiares de las numerosas v¨ªctimas habidas en lo que, sin duda, constituy¨® un tr¨¢gico error de su Marina de Guerra.

Pero tampoco puede decirse que el Gobierno espa?ol haya actuado con la firmeza exigible en pro del esclarecimiento y la reparaci¨®n debidos por la muerte de Juantxu Rodr¨ªguez. Al menos no en el grado que lo ha hecho, con ¨¦xito indudable ante los Gobiernos de Chile y El Salvador para que no quedaran impunes los asesinatos del funcionario espa?ol Carmelo Soria y del padre Ellacur¨ªa y sus compa?eros jesuitas. Apenas una nota diplom¨¢tica ante el Departamento de Estado es cuanto hizo Exteriores, hace ya m¨¢s de un a?o. Protesta que ha sido ol¨ªmpicamente ignorada.

Como no existe ley, ni nacional ni internacional, que ampare una injusticia tan manifiesta como la cometida por EE UU, es obligado acudir a cualquier instancia judicial que pueda hacer prevalecer el derecho sobre la arbitrariedad. Han sido agotados todos los caminos por hacer ver a la Administraci¨®n norteamericana su deber -y no s¨®lo moral- de acceder a las justas exigencias de una indemnizaci¨®n que alivie en la medida de lo posible la situaci¨®n de la familia de Juantxu.

De ah¨ª el deber que tiene el Gobierno espa?ol de poner el asunto en manos del Tribunal Internacional' de La Haya. Es posible que EE UU hiciera caso omiso -existen precedentes- de una resoluci¨®n contraria a la obstinada posici¨®n que mantiene. Pero dicha resoluci¨®n constituir¨ªa, al menos, una condena moral de comportamientos inadmisibles a la luz de los m¨¢s elementales principios del derecho internacional. La muerte de nuestro compa?ero Juantxu Rodr¨ªguez merece que no se abandone ninguna v¨ªa que la deje impune.