La eficacia de la Administraci¨®n p¨²blica

La figura del empleado p¨²blico nunca ha gozado de buena prensa en nuestro pa¨ªs. Sin embargo, a nadie se le debiera escapar que, desde los tiempos del ya manido "vuelva usted ma?ana" de Mariano Jos¨¦ de Larra, hasta nuestros d¨ªas, se ha producido un importante proceso de transformaci¨®n en nuestra sociedad, al que ni siquiera la Administraci¨®n ha podido escapar.Al Estado autoritario y burocr¨¢tico del franquismo, heredero de otras formas estatales igualmente autocr¨¢ticas que consideraba a los ciudadanos como meros s¨²bditos, le ha sucedido afortunadamente un nuevo modelo democr¨¢tico -a¨²n en proceso de desarrollo- que ha redefinido las relaciones entre la funci¨®n p¨²blica y los ciudadanos. Los empleados p¨²blicos desempe?an su funci¨®n por encargo de estos ¨²ltimos, que son, en ¨²ltima instancia, sus empleadores. De ello, tanto unos como otros somos cada vez m¨¢s conscientes.

Por otra parte, el desarrollo econ¨®mico y cultural de la sociedad ha hecho que los empleados p¨²blicos gocen de una preparaci¨®n profesional muy superior a la de ¨¦pocas pasadas, como ocurre en el conjunto de la poblaci¨®n trabajadora.

Sin embargo, la opini¨®n p¨²blica, y no digamos la opini¨®n publicada, sigue percibiendo al empleado p¨²blico, y a la Administraci¨®n en su conjunto, como el paradigma de lo ineficaz y anticuado. Esa visi¨®n es injusta y contraproducente para el perfeccionamiento del Estado democr¨¢tico y el buen servicio de ¨¦ste a los ciudadanos.

El empleado p¨²blico es un trabajador igual que cualquier otro de nuestro pa¨ªs; el resultado de su trabajo (los servicios que presta a los ciudadanos) est¨¢ sujeto a las mismas vicisitudes que cualquier otra instituci¨®n privada: la capacidad de sus directivos, las inversiones en tecnolog¨ªa, la cualificaci¨®n y motivaci¨®n de sus recursos humanos, etc¨¦tera. La opini¨®n p¨²blica habitualmente no se pregunta qu¨¦ responsabilidad tienen los trabajadores del sector privado en la marcha de sus empresas, pero s¨ª suele categorizar que los empleados p¨²blicos no cumplen correctamente su funci¨®n.

Conceptos tan actuales como eficacia, calidad, productividad o rentabilidad, niveles retributivos, estabilidad en el empleo, etc¨¦tera, deber¨ªan utilizarse para analizar con un poco m¨¢s de rigor el trabaj¨® y la situaci¨®n laboral de los empleados p¨²blicos.

El funcionamiento de la Administraci¨®n p¨²blica, que es muy grande y diversa, es bastante desigual, aunque los empleados p¨²blicos, sin embargo, son muy parecidos entre s¨ª en lo sustancial, toda vez que su selecci¨®n, formaci¨®n y retribuci¨®n ion muy homog¨¦neas. Cabr¨ªa preguntar entonces ?a qu¨¦ se debe la diferente eficacia entre los diversos organismos estatales? La respuesta es sencilla y es la misma que en el sector privado: la eficacia depende -en lo esencial- de la direcci¨®n que ¨¦stas tengan y de los recursos disponibles.

En los organismos estatales donde existe una buena organizaci¨®n, y est¨¢n dirigidos por personas medianamente razonables y preparadas, el servicio a los ciudadanos puede ser tan bueno como el que las entidades privadas puedan ofrecer.

Por ejemplo, la Administraci¨®n de la Seguridad Social -a la que pertenece el autor de este art¨ªculo-, dicho sin ¨¢nimo de afirmar que sea el no va m¨¢s de la eficacia, ni que constituya un caso excepcional entre los organismos p¨²blicos, ha venido mejorando en los ¨²ltimos a?os su organizaci¨®n (bien es cierto que bajo la presi¨®n sostenida del personal), habi¨¦ndose conseguido un notable avance que merece la pena que se conozca.

Esta Administraci¨®n tiene entre otras tareas la recaudaci¨®n decuotas a la Seguridad Social y la tramitaci¨®n de las prestaciones por jubilaci¨®n, viudedad, invalidez, incapacidad laboral transitoria y protecci¨®n familiar. Pues bien, una de estas prestaciones, la de jubilaci¨®n, que en diciembre de 1987 contaba con un tiempo medio de tramitaci¨®n de 78 d¨ªas, en junio de 1992 se hab¨ªa reducido a 26 d¨ªas. Los art¨ªfices de esta mejora en el servicio a los ciudadanos son empleados p¨²blicos cuyos salarios reales no s¨®lo no han mejorado en la ¨²ltima d¨¦cada, sino que han disminuido abiertamente desde enero de 1993 y est¨¢n amenazados de nuevos recortes.

En cuanto al esfuerzo para mejorar la recaudaci¨®n, basta con consultar a cualquier empresario para saber el rigor y la agilidad con que se est¨¢n tramitando los apremios cuando no se realiza en tiempo y forma el pago de las cuotas.

Es obvio que no todo el ¨¦xito de este avance es atribuible a los empleados p¨²blicos (funcionarios y contratados laborales). Ha existido una apreciable inversi¨®n en medios inform¨¢ticos que han facilitado el trabajo. Sin embargo, el dise?o de los medios, la simplificaci¨®n del proceso documental, el manejo y mantenimiento diario de esos instrumentos lo ha realizado el personal.

En 1992, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) efectu¨® 24.501.564 actos administrativos relacionados con clientes, es decir, con personas que demandaron sus servicios. Esta cifra es equivalente a que, al menos una vez en el a?o, todos los ciudadanos mayores de 18 a?os han sido atendidos por alguna oficina del INSS. La opini¨®n que esos ciudadanos han manifestado sobre el trato recibido, y sobre el tiempo de tramitaci¨®n de sus asuntos, es la siguiente (seg¨²n una encuesta realizada por el propio INSS, cuya fiabilidad puede ser f¨¢cilmente contrastada por las personas que est¨¦n interesadas): un 82,9% consider¨® correcto el tiempo de tramitaci¨®n; un 12%, algo largo, y un 4,5%, demasiado largo. En cuanto al trato recibido, el 95,9% lo estim¨® positivo, y tan s¨®lo un 1,8%, incorrecto. Estos datos indican que aunque los empleados p¨²blicos no sean perfectos, obtienen resultados competitivos con los del sector privado, tanto en cantidad como en calidad.

En el periodo 1981-1993, los pensionistas han pasado de 4.626.612 a 6.652.187, lo que supone un incremento cercano al 50% en 12 a?os. La Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social, que ejecuta los cobros y pagos del sistema, ha tenido que afrontar un crecimiento importante en cuanto a su volumen de gesti¨®n: en 1981 constaban 682.884 empresas inscritas y 11.153.143 trabajadores afiliados, frente a las 1.014.441 empresas y 13.899.758 trabajadores de 1992. Pues bien, este notable incremento en el volumen de trabajo no ha supuesto un incremento en alguna forma proporcional de sus recursos humanos. Es m¨¢s, en los dos ¨²ltimos a?os han disminuido la plantilla en 2.600 puestos de trabajo.

En la Administraci¨®n de la Seguridad Social los gastos de gesti¨®n suponen el 2,5% del presupuesto ejecutado. Si los comparamos con otra actividad semejante en el sector privado, como es la gesti¨®n de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, gestionadas por las denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo, veremos que sus costes de gesti¨®n alcanzan el 10%.

Los datos aportados constatan sin lugar a dudas que se ha incrementado la productividad de los empleados p¨²blicos de estos organismos. Eso est¨¢ muy bien y nos felicitamos por ello (ya que nadie lo hace). Por ello, es natural que los empleados p¨²blicos no comprendan las imputaciones que cuestionan su trabajo y justifican las duras medidas que est¨¢n siendo tomadas en su contra. Algunos sostendr¨¢n que la llamada "estabilidad en el empleo" de los empleados p¨²blicos justifica todo, sobre todo en esta ¨¦poca de crisis. Es una posici¨®n doblemente equivocada: ni existe una generalizada estabilidad en el empleo en la Administraci¨®n (no todos los empleados p¨²blicos somos funcionarios), ni las deficiencias de los servicios p¨²blicos (all¨¢ donde efectivamente se produzcan; pues no se puede generalizar, como ya hemos visto) se arreglan mediante el procedimiento de empeorar sistem¨¢ticamente la situaci¨®n laboral de los trabajadores del Estado. Muy al contrario, puede contribuir a su empeoramiento si se provoca irresponsablemente su desmoralizaci¨®n.

El empleo eventual en la Administraci¨®n, como en el sector privado, se ha incrementado notablemente. Se han cerrado instalaciones, se han reconvertido organismos y servicios a la baja, se han anticipado jubilaciones y se han realizado expedientes de regulaci¨®n de empleo y despidos (v¨¦ase el caso del Ministerio de Defensa, la Agencia del Tabaco, Aduanas, etc¨¦tera). Nadie que est¨¦ bien informado puede negar que la crisis econ¨®mica afecta tambi¨¦n a la seguridad en el empleo de los trabajadores del Estado, aunque bien es cierto que en menor medida que en el sector privado.

Si se desea mantener y mejorar los servicios p¨²blicos gratuitos del Estado (cosa distinta ser¨ªa plantear su liquidaci¨®n y/o privatizaci¨®n), resulta necesario reflexionar consecuentemente sobre la reforma de la Administraci¨®n y el papel de los empleados p¨²blicos. Es impensable que sin racionalizar la organizaci¨®n de todos y cada uno de los organismos de la Administraci¨®n, dot¨¢ndoles de los recursos t¨¦cnicos y humanos apropiados, y poniendo a su frente directivos capaces y comprometidos con su funci¨®n, pueda mejorarse el servicio a los ciudadanos. Por mucho que se precarice el empleo p¨²blico o se degraden los salarios en las distintas administraciones hasta niveles ¨ªnfimos (que s¨®lo potenciar¨¢ la huida de los mejores profesionales al sector privado, fen¨®meno que desgraciadamente se viene produciendo desde siempre) no se conseguir¨¢ ese objetivo, sino todo lo contrario.

Si el Gobierno, que representa a la sociedad, lo desea realmente, podremos conseguir entre todos articular una Administraci¨®n eficaz al servicio de los ciudadanos, los empleados p¨²blicos, como demostramos en los acuerdos Administraci¨®n-sindicatos de noviembre de 1991, somos los primeros interesados en que ello se produzca.