El primer ministro brit¨¢nico asegura que nadie le inform¨® de la venta secreta de armas a Irak

John Major se convirti¨® ayer en el primer jefe de Gobierno del Reino Unido obligado a declarar ante una comisi¨®n investigadora. Major compareci¨® ante la llamada comisi¨®n Scott, que ¨¦l mismo estableci¨® hace meses para esclarecer el esc¨¢ndalo de la venta se creta de armas a Irak. Afirm¨® no saber nada e, impl¨ªcitamente, admiti¨® que sus subordinados m¨¢s directos le hab¨ªan puenteado y ocultado informaci¨®n.El esc¨¢ndalo conocido como Irakgate estall¨® el a?o pasado, al descubrirse que el Gobierno brit¨¢nico hab¨ªa modificado secretamente, en diciembre de 1988, sus propias reglas sobre exportaci¨®n de armas y, sin notificarlo al Parlamento, hab¨ªa proporcionado material b¨¦lico al r¨¦gimen de Sadam Husein. Major fue secretario del Tesoro hasta julio de 1989 y ministro de Asuntos Exteriores a partir de esa fecha.. En ambos puestos ten¨ªa que haber sido informado de que Irak recib¨ªa armas brit¨¢nicas, especialmente como jefe del Foreign Office.

El juez Scott interrog¨® al primer ministro sobre una carta muy significativa. En febrero de 1992, ya como jefe del Gobierno, Major remiti¨® una carta a un diputado laborista en la que afirmaba que "las restricciones sobre la venta de armas a Irak permanecieron en vigor hasta 1990", cuando fueron endurecidas por la invasi¨®n de Kuwait y el embargo internacional contra el r¨¦gimen de Sadam Husein. El juez Scott mostr¨® ayer a Major un borrador de esa carta, en el que hab¨ªa un inciso tachado posteriormente. La frase completa era "permanecieron en vigor, con modificaciones menores, hasta 1990".

Major afirm¨® desconocer la diferencia entre borrador y original, y, ante el visible desaliento del juez, se declar¨® incapaz de identificar al autor de la tachadura. El primer ministro insisti¨® en que nunca supo nada y en que no recordaba qui¨¦n le redact¨® la carta en cuesti¨®n.

El Irakgate, sobre el que ya han declarado la ex primera ministra Margaret Thatcher y varios ministros, podr¨ªa acabar convirti¨¦ndose en un problema grave -uno m¨¢s- para John Major.

Dos pesos pesados de su Gobierno, el canciller Kenneth Clarke (considerado el m¨¢s probable sucesor en caso de renuncia de Major) y el ministro de Industria, Michael Heseltine, se han comprometido p¨²blicamen-. te a dimitir si en las conclusiones de la comisi¨®n Scott se les atribuye finalmente alg¨²n tipo de culpabilidad.