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GENERAL O no, la huelga es un derecho constitucional. Que su objetivo sea contrario a la voluntad expresada por la mayor¨ªa del Parlamento no resta legitimidad a la convocatoria. Pero la idea de que un seguimiento amplio de la huelga deslegitimar¨ªa al Parlamento y las jesu¨ªticas advertencias contra tal riesgo deslizadas por algunos dirigentes sindicales revelan una mentalidad no democr¨¢tica: aquella seg¨²n la cual determinados partidos o sindicatos representan unos intereses tan sagrados y generales que incorporan una legitimidad intr¨ªnseca, comparable a la emanada de las urnas, y que justifica cualquier recurso para imponerlos. Que alg¨²n pol¨ªtico, como Anguita, se haya adherido a ¨¦sta l¨ªnea no hace sino m¨¢s preocupante esta ofensiva antiparlamentaria. Por lo dem¨¢s, es rigurosamente falsa la especie de que ning¨²n partido llevara en su programa la flexibilizaci¨®n laboral. Figuraba en los del PSOE, el PP y CiU.Si se eliminan falsos dilemas sobre legitimidades paralelas, lo que hay que dilucidar es si la reforma laboral propuesta por el Gobierno y respaldada por el Parla mento es adecuada para reducir el paro y si la huelga general lo es como inicio de una propuesta alternativa.

Espa?a es el pa¨ªs comunitario que ha registrado en los ¨²ltimos 15 a?os aumentos salariales m¨¢s elevados y el que combina las m¨¢s altas indenmizaciones por despido con la regulaci¨®n m¨¢s estricta de las causas del mismo. La posible relaci¨®n entre estas caracter¨ªsticas del mercado laboral espa?ol y un paro que dobla la media europea es lo que justifica el intento de reforma.

Entre 1992 y 1993, con tasas de paro superiores al 20%, los salarios han crecido 2,7 puntos por encima de la inflaci¨®n acumulada (13,1%, frente a 10,4%). El dato deber¨ªa bastar para concluir que el mercado laboral espa?ol es incapaz de adaptar los salarios a la coyuntura, lo que constituye un obst¨¢culo a la hora de intentar contrarrestar los efectos de la crisis y del agravamiento de la competencia exterior que de ella deriva. Los pa¨ªses con menores costes laborales y menor rigidez normativa est¨¢n en mejores condiciones para competir en el mercado de bienes y servicios y para atraer inversiones.

La reforma es una condici¨®n necesaria, aunque no suficiente, para invertir la din¨¢mica de p¨¦rdida de empleos. La circunstancia de que el paro juvenil se sit¨²e 17 puntos por encima de la media indica por d¨®nde habr¨ªa de ir la reforma. Los objetivos a conseguir ser¨ªan facilitar, abarat¨¢ndolos, los mecanismos de entrada y salida del mercado laboral. La apuesta es que ello estimular¨¢ iniciativas empresariales creadoras de empleo, improbables en un marco m¨¢s r¨ªgido.

Los,argumentos de los sindicatos contra tal planteamiento son que, al establecer salarios mucho m¨¢s bajos para los nuevos contratos, su efecto pr¨¢ctico ser¨¢ la sustituci¨®n de empleo estable y bien pagado por empleo barato y precario, y que ello estimular¨¢ situaciones de competencia desleal, por parte de empresarios sin escr¨²pulos que producir¨¢n a m¨¢s bajo coste que aquellos que mantengan plantillas con trabajadores fijos.

Para eso est¨¢n los sindicatos

Nunca hay que descartar efectos perversos de cuaIquier reforma. Pero la experiencia de los ¨²ltimos anos indica m¨¢s bien que ha sido precisamente la rigidez de los contratos fijos lo que primero estimul¨® la contrataci¨®n temporal y m¨¢s tarde hizo que el ajuste se realizara por la v¨ªa del despido de esos trabajadores sin contrato indefinido. Al llegar la crisis exist¨ªan dos posibilidades de adaptaci¨®n de las empresas: reducci¨®n de costes laborales o reducci¨®n de plantilla. Lo primero fue impedido. por los sindicatos, como demuestra el crecimiento salarial por encima del IPC. Fue lo segundo lo que ocurri¨®, pero sustancialmente a costa de los trabajadores con contrato temporal, cuyos costos de despido son menores. Es a trav¨¦s de ese mecanismo como se relacionan la rigidez laboral y la p¨¦rdida de empleos.

La reforma del sistema de contrataci¨®n establece limitaciones tendentes a evitar los abusos sobre los que alertan los sindicatos. Si tales cautelas se revelasen insuficientes, los sindicatos habr¨ªan de enfrentarse a ello en las empresas- uno de los objetivos de la reforma es potenciar la negociaci¨®n colectiva frente a la uniformidad de las ordenanzas laborales. En relaci¨®n con el contrato de aprendizaje, por ejemplo, el decreto fija un salario m¨ªnimo, pero nada impide aumentarlo en la negociaci¨®n. La dial¨¦ctica sindical ha convertido ese m¨ªnimo casi en salario obligatorio, cuando no hace ese ejercicio con el salario m¨ªnimo interprofesional que se fija cada a?o. Y lo mismo respecto a intentos de sustituci¨®n de trabajadores fijos por aprendices u otros abusos.

El problema es que los sindicatos espa?oles tienden a compensar la debilidad que deriva de su escasa representatividad directa -la de la afiliaci¨®n- con la b¨²squeda de una representatividad indirecta o impl¨ªcita mediante su presencia en el escenario p¨²blico: los grandes convenios sectoriales, las negociaciones con el Gobierno sobre asuntos como las pensiones y subsidios, o la regulaci¨®n de la huelga, etc¨¦tera. Ello conduce a situar la huelga general en el centro de su estrategia.

En v¨ªsperas de la del 14-D se dijo que los sindicatos estaban obligados a hacerla al menos una vez: para demostrar su capacidad de movilizaci¨®n y dar as¨ª credibilidad a la amenaza permanente de volver a convocarla. Pero si ello es as¨ª, con el mismo fundamento cabe considerar que el Gobierno (sobre todo si es un Gobierno socialista) tiene que resistir la presi¨®n sindical al menos una vez: para demostrar que, pese al desgaste pol¨ªtico que ello pueda suponer, el chantaje de la permanente amenaza de huelga general no siempre tiene ¨¦xito. No, al menos, cuando la situaci¨®n de emergencia ofrece escaso margen para concesiones como las que plantearon los sindicatos para suscribir un pacto social y retirar su amenaza de huelga. Desde hace a?os, las centrales vienen alimentando el equ¨ªvoco de que la mayor¨ªa de la poblaci¨®n las respalda en su exigencia de un cambio de la pol¨ªtica econ¨®mica. Seguramente es mayoritario hoy el sector que est¨¢ de acuerdo con los sindicatos en que debe haber un cambio, pero considera que el giro debe producirse en el sentido opuesto al que proponen: hacia una reducci¨®n del gasto p¨²blico y una limitaci¨®n del poder e influencia de que hoy disfrutan sus dirigentes.

Los sindicatos afirman que los socialistas "lamentar¨¢n alg¨²n d¨ªa" haber abierto la puerta a la reforma laboral que ellos combaten con esta cuarta huelga general en nueve a?os. La experiencia indica que si no se hubiera introducido la reforma de las pensiones contra la que se convoc¨® la de 1985, o el decretazo que justific¨® la de 1992, el sistema asistencial estar¨ªa hoy en quiebra. Y ning¨²n economista serio duda de que los efectos presupuestarios del 14-D fueron decisivos en los desequilibrios que impidieron responder eficazmente a los primeros s¨ªntomas de la crisis.

Insisten los sindicatos en la huelga porque su propia debilidad les lleva a intentar legitimar su influencia con su capacidad de movilizaci¨®n. De ah¨ª el reiterado recurso a iniciativas propagand¨ªsticas como la del jueves; pero de ah¨ª tambi¨¦n su actitud respecto a los servicios m¨ªnimos y a los piquetes. Si fuera cierto que la mayor¨ªa de la poblaci¨®n se identifica con sus planteamientos, no tendr¨ªan tanto inter¨¦s en limitar, en nombre del derecho a la huelga de los trabajadores del sector del transporte, las posibilidades de desplazamiento de la mayor¨ªa.

No es casual que sea en relaci¨®n con los transportes urbanos y de cercan¨ªas donde las centrales se muestren m¨¢s intransigentes: saben que ning¨²n argumento es tan persuasivo como la imposibilidad material de acudir al centro de trabajo. Incluso si el Gobierno fijase esos m¨ªnimos ante la falta de acuerdo, el efecto inhibitorio ya estar¨ªa logrado. Especialmente si junto a la denuncia de esa decisi¨®n unilateral se advierte que los piquetes vigilar¨¢n para evitar provocaciones. El eufemismo "de informaci¨®n" no podr¨¢ ocultar la evidencia de que la ¨²nica funci¨®n de tales piquetes -y del anuncio de que ser¨¢n "m¨¢s numerosos que nunca"- es la de quebrar la voluntad de quienes se resistan a secundar el llamamiento. La huelga es leg¨ªtima. Los abusos cometidos en su nombre, no.