El fiscal del PER reduce las penas para el ex alcalde de Padul y 28 jornaleros

El fiscal redujo inesperadamente ayer la petici¨®n de pena contra el ex alcalde de Padul (Granada), Dlego Garc¨ªa Villena, y contra los 28 jornaleros procesados en el supuesto fraude del PER. El fiscal pidi¨® dos a?os y ocho me ses contra el ex alcalde y tres me ses para cada jornalero, frente a los 10 a?os y el a?o y cuatro meses, respectivamente, que solicit¨® en las conclusiones provisionales. Los antiguos responsables de Trabajo y del Inem prestaron de claraci¨®n ayer como peritos.Pese a que ninguna de las declaraciones prestadas ante el tribunal por los acusados y los testigos ha modificado pr¨¢cticamente en nada lo ya conocido -la firma indiscriminada de peonadas- el fiscal rebaj¨® sorprendentemente las penas solicitadas al principio y que curiosamente coinciden con las que pesan sobre otros alcaldes y peones de la provincia procesados bajo la misma acusaci¨®n.

Garc¨ªa Villena mostr¨® su satisfacci¨®n por el nuevo punto de vista del fiscal aunque reiter¨® que los jornaleros tienen que ser absueltos. El ex alcalde dijo que la presencia f¨ªsica de los acusados y las explicaciones que han ofrecido sobre sus circunstancias personales han sido claves para que el fiscal modificara a la baja la pena de c¨¢rcel.

Los jornaleros llegaron a la Audiencia de Granada a bordo de dos microbuses fletados por el Ayuntamiento de Padul por encargo del tribunal para que ninguno pudiera justificar su ausencia por impedimento de la huelga.

Los responsables del Ministerio de Trabajo, de los servicios de inspecci¨®n y del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en Granada durante 1987 y 1988 justificaron ayer el retraso en la actuaci¨®n contra los ayuntamientos desde que en 1984 se cre¨® el Plan de Empleo Rural (PER) debido a la novedad que representaba el fraude. No obstante, el entonces director de Trabajo y Seguridad Social, Emilio Rodr¨ªguez Labella, reconoci¨® que en 1986, estando destinado en C¨®rdoba, pudo comprobar un caso de fraude en el Ayuntamiento de Fern¨¢n N¨²?ez.

Justicaci¨®n

Los representantes, de la Administraci¨®n trataron de justificar por qu¨¦ el plan para investigar a los ayuntamientos se puso en pr¨¢ctica en el oto?o de 1987, y no antes. Todos ellos aseguraron que nunca recomendaron a los alcaldes que continuaran completando con firmas de favor las cartillas de los jornaleros. Miguel Garc¨ªa Piqueras, inspector de Trabajo, declar¨® ayer que la investigaci¨®n que se plante¨® sobre los ayuntamientos era "at¨ªpica y nueva", de ah¨ª los tres a?os que transcurrieron desde que comenzaron tales pr¨¢cticas y el levantamiento de las primeras actas de inspecci¨®n. "Cuando se piensa en una infracci¨®n nosotros pensamos siempre en el caso de un empresario que no da de alta al trabajador y nunca en el de un empresario que d¨¦ de alta al que no trabaja", se?al¨® en su descargo."El hecho il¨ªcito se fue configurarido con el tiempo, sobre todo cuando comprobamos el crecimiento desmesurado de los censos agrarios", dijo el inspector. Garc¨ªa Piqueras declar¨® que en una reuni¨®n mantenida en 1986 en Sevilla con responsables de Trabajo, uno de los asistentes, que eludi¨® identificar, dijo que inspeccionar con m¨¢s minuciosidad a los trabajadores agr¨ªcolas equival¨ªa a "ponerles puertas al campo".