Alquileres definitivos

LA REFORMA del marco legal de los arrendamientos urbanos est¨¢ resultando ser una de las m¨¢s laboriosas de cuantas han propiciado los Gobiernos socialistas. Los intereses en juego, los distintos puntos de vista barajados para conjugarlos y la interferencia de citas electorales se han dado la mano para que una reforma que empez¨® a discutirse en la primera legislatura socialista s¨®lo haya podido llevarse a la pr¨¢ctica en los inicios de la cuarta.Parece que esta vez se dan todas las condiciones para desbloquear una situaci¨®n an¨®mala que perdura en nuestro pa¨ªs desde hace d¨¦cadas y que razones de todo tipo -legales, econ¨®micas y sociales- urgen a no prolongar por m¨¢s tiempo. Existe un proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) suficientemente elaborado, tiempo para discutirlo sin sobresaltos y una mayor¨ªa parlamentaria suficiente para aprobarlo. Es decir, nada deber¨ªa impedir que a mediados de a?o quede enterrada de una vez una legislaci¨®n -tanto la congeladora e intervencionista Ley de Alquileres de 1964 como el ultraliberal decreto Boyer de 1985- que ha provocado situaciones cada vez m¨¢s insoportables para los arrendadores, en el primer caso, y para los inquilinos, en el segundo.

La nueva remisi¨®n del proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al Congreso de Diputados, acordada por el Consejo de Ministros del pasado viernes, tiene, pues, todos los visos de ser la definitiva. Ciertamente, el actual texto ley no es al ciento por ciento el mismo parcialmente discutido en la anterior legislatura y que decay¨® en abril pasado por la convocatoria de las elecciones del 6 de junio. Como es l¨®gico, responde a la nueva situaci¨®n parlamentaria, en la que Converg¨¨ncia i Uni¨® se ha convertido en el imprescindible sost¨¦n legislativo del Gobierno. De ah¨ª que el nuevo proyecto de ley recoja algunas sugerencias aportadas por los nacionalistas catalanes, tendentes sobre todo a arbitrar soluciones m¨¢s equilibradas en la actualizaci¨®n de los alquileres antiguos de oficinas y de locales de negocio.

Es ¨¦sta una reforma controvertida: porque afecta a grupos de poblaci¨®n, arrendadores y arrendatarios, con intereses econ¨®micos no ya diferentes sino contrapuestos. El proyecto intenta hacerlos compatibles hasta donde sea posible, dosificando la consideraci¨®n de ciertos derechos adquiridos con las condiciones reales del mercado inmobiliario.

Desde el punto de vista econ¨®mico es obligado acabar con el estrangulamiento de un sector del mercado sometido a un intervencionismo discriminador y oneroso, como es el de los alquileres congelados y sujetos a pr¨®rroga forzosa (aproximadamente, 1,7 millones). Como lo es, desde unas m¨ªnimas exigencias de seguridad jur¨ªdica y de estabilidad vital, acabar con la excesiva temporalidad -un a?o- de los contratos de arrendamiento de viviendas (unos 200.000) establecidos al amparo del decreto Boyer.

Lo problem¨¢tico es el dise?o de la reforma, as¨ª como el tiempo y la manera como debe ser llevada a la pr¨¢ctica. En lo que se refiere a los alquileres acogidos al decreto Boyer, no es descabellado, ni oneroso para la parte arrendadora, que pasen a tener una duraci¨®n m¨ªnima de cuatro a?os y con una actualizaci¨®n de renta seg¨²n el IPC previsto.

M¨¢s discutibles pueden ser los plazos de actualizaci¨®n de alquileres o, en su caso, de extinci¨®n de contratos, en lo que se refiere a viviendas y locales de negocio de renta antigua, y entre ¨¦stos, a los que tengan menos de cinco trabajadores fijos. No puede ignorarse que una parte importante de los afectados por la reforma son familias con rentas bajas, pensionistas y peque?os comerciantes con dificultades en su negocio. Sin plazos ni soluciones transitorias que hagan soportable el periodo de adaptaci¨®n, la reforma del r¨¦gimen arrendaticio ser¨ªa inviable. El que unos y otras sean razonables y asumibles por las partes, aunque alguna con mayor sacrificio que la otra, depende ahora del buen sentido de los diputados que tendr¨¢n que discutir y aquilatar el proyecto legislativo elaborado por el Gobierno.