La Protecci¨®n de la salud, un compromiso

La sanidad es una de las funciones m¨¢s complejas que atiende el Estado. En esto parece que todos estamos de acuerdo. Antes, cuando se reduc¨ªa al control de las epidemias, era una tarea infinitamente m¨¢s sencilla, pero el problema se ha complicado cuando la Administraci¨®n p¨²blica ha asumido la responsabilidad de asegurar la protecci¨®n de la salud individual de cada ciudadano, y los avances cient¨ªficos han puesto en manos de la medicina una enorme cantidad de recursos diagn¨®sticos y terap¨¦uticos.Hablar hoy de sanidad es, por tanto, hablar de una responsabilidad del Estado. Se puede tambi¨¦n tratar la sanidad desde muchas otras perspectivas. Desde la ciencia, la cl¨ªnica, la econom¨ªa, la ¨¦tica o la sociolog¨ªa. Todas estas ¨¢reas, y muchas otras, intervienen en la sanidad moderna. Pero, en raz¨®n de esta complejidad, parece conveniente partir del hecho de que la sanidad es, antes que nada y fundamentalmente, una cuesti¨®n de responsabilidad pol¨ªtica. Y la pol¨ªtica, en un Estado democr¨¢tico, es un asunto de todos los ciudadanos. Por ello, por complejos que sean los problemas sanitarios, por m¨²ltiples que sean sus parcelas, estamos obligados a tratarlos de manera que todos podamos entendemos. "Todo lo que se puede decir, se puede decir con claridad", escribi¨® Wittgenstein, y ten¨ªa raz¨®n.

La sanidad p¨²blica, como sistema de cobertura sanitaria universal, es una conquista b¨¢sica del Estado de bienestar. Es elemento esencial de una pol¨ªtica de protecci¨®n social que nos permite seguir avanzando como sociedad en estabilidad, cohesi¨®n y seguridad.

La Constituci¨®n espa?ola reconoce, en su art¨ªculo 43, el derecho a la protecci¨®n de la salud. La efectividad de este derecho requiere la actuaci¨®n tutelar de los poderes p¨²blicos a trav¨¦s de medidas preventivas y una actuaci¨®n directamente prestadora mediante la organizaci¨®n de los servicios necesarios.

La salud ya no es un fin del Estado que se impone a los ciudadanos a trav¨¦s de la "polic¨ªa sanitaria", sino un derecho subjetivo que obliga a los poderes p¨²blicos a adoptar las medidas necesarias para su efectividad.

Este cambio s¨®lo ha sido posible con la afirmaci¨®n constitucional del Estado social y la consiguiente superaci¨®n de concepciones abstencionistas o pasivas sobre el papel de los poderes p¨²blicos.

El derecho a la protecci¨®n de la salud est¨¢ directamente vinculado al derecho fundamental a la vida, a la dignidad de la persona y a la mejora de la calidad de vida.

No s¨®lo se tiene derecho a vivir: se tiene derecho a vivir sano, y la salud requiere que la vida de las personas discurra en condiciones adecuadas de calidad.

No se puede ser neutral frente al dolor, frente a la enfermedad.

La Ley General de Sanidad de 1986, al establecer el principio de universalizaci¨®n de las prestaciones sanitarias, ha proporcionado respaldo jur¨ªdico suficiente a las demandas de asistencia de los ciudadanos, en congruencia con el derecho fundamental a la protecci¨®n de la salud. Con ello ha depositado en el sistema nacional de salud la responsabilidad de atender las solicitudes de asistencia sanitaria de los ciudadanos, las situaciones de enfermedad o de quebranto accidental de la salud, de forma que sea efectivo ese derecho.

En esta tarea todos debemos comprometernos.

S¨®lo desde la solidaridad que representa hoy un sistema p¨²blico, universal y equitativo puede afrontarse el enorme coste que representa la asistencia sanitaria. Lo que se garantiza desde el sistema es nada menos que la igualdad en la salud. Y esa conquista es tan importante que debemos corresponsabilizarnos como sociedad en el objetivo prioritario de consolidar el sistema nacional de salud. Para ello hay que ofrecer soluciones a los problemas que hoy tiene planteados.

Los ciudadanos sufren listas de espera para ser atendidos, se quejan del funcionamiento de determinados servicios y de falta de informaci¨®n. El sistema tiene, adem¨¢s, un serio problema que afrontar: el control del crecimiento del gasto.

Tenemos que mejorar la informaci¨®n a los pacientes, evitar los fallos en el funcionamiento de los servicios que, cuando de la salud se trata, producen gran desvalimiento a quien los sufre y ser capaces de atender a los enfermos en tiempo razonable. Para conseguirlo hay que adaptar mejor la organizaci¨®n del trabajo a las necesidades de asistencia, aumentar la capacidad de los servicios y, todo ello, dentro del marco financiero disponible que es siempre limitado.

Es necesario ordenar mejor el sistema nacional de salud, definir sus objetivos y corresponsabilizar a todos en la correcta utilizaci¨®n de los recursos sanitarios; sean ¨¦stos una cama, una consulta o una receta.

En este sentido, el proyecto de definici¨®n de las prestaciones del sistema nacional de salud que ha iniciado el Ministerio de Sanidad y Consumo ya a ser un instrumento fundamental.

La definici¨®n positiva de las prestaciones sanitarias es, adem¨¢s, una garant¨ªa para la igualdad.

Es muy importante que cada persona sepa qu¨¦ le ofrece el sistema nacional de salud para que sus expectativas se correspondan exactamente con sus derechos.

Es bueno que sepamos qu¨¦ prestaciones hacen efectivo el derecho a la protecci¨®n de la salud que el Estado garantiza. No todo lo que hoy ofrece la tecnolog¨ªa m¨¦dica es generalizable en su aplicaci¨®n. Se habla ya de la tercera revoluci¨®n de la medicina para alertar sobre la necesidad de distinguir entre lo t¨¦cnicamente posible y lo conveniente para cada enfermo en cada caso concreto.

Tampoco desde la solidaridad de un sistema p¨²blico, universal y gratuito deben atenderse prestaciones que no guarden relaci¨®n directa con la protecci¨®n de la salud.

Seguir garantizando a todos los espa?oles la atenci¨®n sanitaria en condiciones de igualdad, mejorar la calidad de la atenci¨®n, reducir los tiempos de espera a plazos razonables dentro del marco financiero posible, es nuestra tarea en los pr¨®ximos a?os.