Puerta equivocada

LA SALA de lo Civil del Tribunal Supremo ha ido a elegir, entre las posibles v¨ªas para dirimir el contencioso sobre la real o presunta invasi¨®n de sus funciones por el Tribunal Constitucional (TC), la ¨²nica que no conduce a ninguna parte: la de involucrar al Rey. en dicho contencioso. La actuaci¨®n de los magistrados es, adem¨¢s de inadecuada, profundamente perturbadora del escenario institucional.?Existe realmente tal conflicto? S¨ªntomas de que existe hay muchos. La funci¨®n que corresponde al TC es velar para que las leyes se atengan a la, Constituci¨®n y las resoluciones de los jueces no vulneren los derechos fundamentales. Pero el TC no puede usurpar las funciones del Parlamento ni las del Poder Judicial haciendo leyes o dictando sentencias, convirti¨¦ndose en tercera C¨¢mara legislativa o en ¨²ltima instancia jurisdiccional. El riesgo de que tal cosa pueda suceder ha sido se?alado, a veces, desde el ¨¢mbito pol¨ªtico-parlamentario y, frecuentemente, desde el judicial.

El caso concreto que ha motivado la apelaci¨®n al Rey por parte de los miembros de la Sala de lo Civil del Supremo es, sin duda, controvertido. Al resolver un recurso de amparo contra una sentencia de dicha sala del Supremo (la que declar¨® no obligatorias las pruebas de paternidad de quien es acusado de ser padre de un hijo no matrimonial), el TC no s¨®lo anul¨® dicha sentencia, sino que convalid¨® la del tribunal inferior, que se hab¨ªa pronunciado previamente en sentido contrario. Es decir, que, de existir la invasi¨®n de funciones que la Sala de lo Civil del Supremo imputa al Constitucional, lo que se plantea es un conflicto entre jurisdicciones -la ordinaria y la constitucional- en el que el Rey poco puede hacer.

?Por qu¨¦, entonces, la apelaci¨®n al Rey? Si la iniciativa fuera fruto del recelo y la desconfianza frente a los ¨®rganos institucionales con capacidad de encauzar o resolver el posible conflicto, habr¨ªa que calificar aqu¨¦lla de irresponsable y temeraria. El papel de "¨¢rbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones" que la Constituci¨®n atribuye al Rey no puede ser invocado para eludir, desconocer o desvirtuar las funciones que esta misma Constituci¨®n asigna a dichas instituciones. Hacerlo es sencillamente desestabilizador. En ese sentido, la iniciativa no s¨®lo puentea al Tribunal Supremo como tal, sino que margina al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Como ¨®rgano de gobierno de los jueces, al que compete especialmente velar por su independencia jurisdiccional, el CGPJ ser¨ªa la ¨²nica instancia legitimada. para poner en marcha las medidas capaces de resolver el conflicto planteado y recabar, en su caso, la pertinente colaboraci¨®n de los otros poderes -el legislativo, y el Ejecutivo-, e incluso la del jefe del Estado. Aunque no se ve bien c¨®mo podr¨ªa encajar en la misi¨®n arbitral y moderadora del Rey la resoluci¨®n de un conflicto. esencialmente t¨¦cnico-Jur¨ªdico que posiblemente, exija alguna iniciativa de car¨¢cter legislativo, como la de delimitar con m¨¢s precisi¨®n el recurso de amparo ante el TC.

Al acudir por libre al Rey, los magistrados de la Sala Civil del Supremo han llamado a una puerta equivocada, quiz¨¢ por una todav¨ªa no superada reticencia ante instituciones de origen reciente. Con ello se han arriesgado a crear un conflicto institucional de mayor calado que el que pretend¨ªan resolver.