El Gobierno no reflej¨® gastos de 1,42 billones en el presupuesto de 1990, seg¨²n el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, en su declaraci¨®n definitiva sobre los presupuestos del a?o 1990 remitida a las Cortes, afirma que el Gobierno no reflej¨® o lo hizo incorrecta mente gastos por valor de 1,42 billones de pesetas. A?ade que se ha incumplido el l¨ªmite legal al crecimiento del gasto (art¨ªculo 10 de la Ley de Presupuestos) y destaca anomal¨ªas contables en la valoraci¨®n de determinadas partidas. En su informe previo, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Mi guel Ib¨¢?ez, se?ala que "no parece que hasta el momento por parte de la Administraci¨®n se hayan adoptado medidas para evitar estas carencias". El Ministerio de Hacienda ha declinado pronunciarse sobre este informe hasta que lo hagan las Cortes.

La declaraci¨®n definitiva, fechada el pasado 21 de diciembre, se?ala que la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 1990 "presenta la estructura y contenido establecidos en las disposiciones que le son de aplicaci¨®n". Sin embargo, explica a continuaci¨®n que el reflejo exacto en la contabilidad y en la situaci¨®n patrimonial de la actividad econ¨®mico financiera del Estado y sus organismos aut¨®nomos, est¨¢ condicionado por 1as salvedades e infracciones a las normas presupuestarias y contables", que se han detectado.El Tribunal explica que las partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o incorrectamente aplicadas a 31 de diciembre de 1990, "supondr¨¢n un cargo neto en las cuentas de resultados de la Administraci¨®n General del Estado ( ... ) de 1.421.702 millones de pesetas".

Esta cuant¨ªa se desglosa en 629.950 millones de pesetas de cantidades no reflejadas, m¨¢s otros. 665.352 millones correspondientes a intereses de letras y pagar¨¦s del Tesoro devengados en ese a?o y 126.400 millones de devoluciones pendientes del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor a?adido.

En anteriores ocasiones, el Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas han discrepado sobre la forma de contabilizar los intereses de la deuda. Seg¨²n Hacienda, el momento de reflejarlos en el presupuesto es cuando se pagan, es decir, a su vencimiento. El Tribunal considera que debe ser a la fecha de devengo, es decir, en el momento de la emisi¨®n. Hacienda dice seguir al respecto los criterios contables de la Comunidad Europea. En cualquier caso son cantidades no ocultadas porque acaban apareciendo en ejercicios posteriores, igual que ocurre con las devoluciones de impuestos.

El Tribunal a?ade que a estos 1,42 billones de pesetas no reflejados habr¨ªa que sumar la carga futura por el desplazamiento de la financiaci¨®n estatal de los d¨¦ficit de Renfe, por importe de 131.265 millones de pesetas. Tambi¨¦n est¨¢ pendiente la regularizaci¨®n contable de algunas partidas del balance sobre pr¨¦stamos que se consideran incobrables. En concreto, uno de 318.235 millones de pesetas, concedido a la Compa?¨ªa Espa?ola de Seguro de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n (CESCE) que, seg¨²n el Tribunal, "constituye realmente p¨¦rdidas asumidas por el Estado".

El Tribunal considera, en base a estos datos, que el Gobierno ha incumplido el art¨ªculo 10 de la Ley de Presupuestos, seg¨²n el cual, las obligaciones reconocidas al final del ejercicio no pueden superar los cr¨¦ditos iniciales, m¨¢s los extraordinarios, los suplementos de cr¨¦ditos y las generaciones financiadas con ingresos previos. Este l¨ªmite ha sido suprimido por decreto ley para el ejercicio 1993.

Defectos formales

Sobre las cuentas de los organismos aut¨®nomos, el Tribunal de Cuentas entiende que las de siete de ellos presentan graves defectos formales. Existen, en general, discrepancias contables "muy numerosas", pero destaca las producidas en el Centro de Gesti¨®n Catastral, el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo y el Instituto de la Juventud.El informe del fiscal del Tribunal de Cuentas, de 16 de diciembre de 1993, en el que se basa la declaraci¨®n posterior,- se?ala que "subsiste el defecto cl¨¢sico de incumplimiento del deber de rendir cuentas, de hacerlo en el plazo legalmente establecido o con la extensi¨®n y correcci¨®n marcadas por la ley". El fiscal, Miguel Ib¨¢?ez, a?ade que "no parece que hasta el momento por parte de la Administraci¨®n se haya adoptado ninguna actuaci¨®n para evitar tales carencias, que son grav¨ªsimas".

No se trata, en su opini¨®n, de "fallos formales", sino de aplicaci¨®n "excesiva" de facultades de la Administraci¨®n y de vulneraci¨®n, en su caso, de normas vigentes. Respecto de las ampliaciones de cr¨¦dito -3,35 billones-, Ib¨¢?ez afirma que no se pueden considerar "ilegales", pero s¨ª puede suponer que "la capacidad presupuestaria que corresponde a las Cortes quede, de hecho, en manos de la Administraci¨®n". Todo ello, concluye, "nos lleva a considerar que la cuenta general del Estado es, cuando menos, manifiestamente mejorable".