La insaciable cabeza de la solitaria

La reforma de la ley electoral, aprobada la semana pasada con la vista puesta en los com1clos europeos de junio, ha aprovechado el viaje para dar un tijeretazo a los gastos electorales y bajar su techo autorizado en un 20%. Los diputados se hacen eco, as¨ª, de las quejas dirigidas contra el despilfarro de los partidos, lanzados a desenfrenadas campa?as -carteles, propaganda domiciliaria, anuncios, caravanas, actos p¨²blicos- m¨¢s all¨¢ de los espacios gratuitos cedidos por la televisi¨®n y la radio p¨²blicas. En Mediocridad y delirio (Anagrama, 1991), Hans Magnus Enzensberger compar¨® el derroche de los partidos alemanes con el Potlacht, una instituci¨®n creada por los pobladores septentrionales de la costa norteamericana del Pac¨ªfico. Las ceremonias de destrucci¨®n de bienes para humillar al rival y realzar el propio prestigio estudiadas por los antrop¨®logos tienen algo en com¨²n con el fren¨¦tico despliegue de medios perecederos realizado por los modernos partidos democr¨¢ticos: ambas son formas ritualizadas de despilfarro social. Sin embargo, los billetes incinerados en el alegre Potlacht de nuestra tribu no pertenecen al rumboso anfitri¨®n, sino que proceden de los contribuyentes.En efecto, las cuotas de los militantes constituyen un porcentaje m¨ªnimo de los ingresos de los partidos; y los donativos de los simpatizantes est¨¢n severamente restringidos por la legislaci¨®n vigente. As¨ª, las formaciones pol¨ªticas dependen casi exclusivamente de los recursos p¨²blicos para costear sus campanas y para pagar los gastos generales de sus aparatos y de sus fundaciones: los tres afluentes por donde arriban a puerto los galeones cargados con el oro presupuestario son las subvenciones destinadas al funcionamiento ordinario de las organizaciones, a los gastos electorales y a los grupos parlamentarios. Y aunque el dinero p¨²blico haya sido hasta ahora muy generoso con esos manirrotos hijos pr¨®digos de la democracia (perceptores desde 1979 de fondos que superan con creces los 100.000 millones), las exigencias del Potlacht y la voracidad de los aparatos han conducido a los partidos a endeudarse con los bancos y las cajas de ahorro hasta cifras superiores -seg¨²n algunas estimaciones- a los 30.000 millones.

Pero ni siquiera ese cuerno de la abundancia presupuestaria y crediticia derramado sobre las formaciones pol¨ªticas basta para satisfacer los apetitos de sus dirigentes. La financiaci¨®n irregular de los partidos espa?oles es un secreto a voces; y aunque la discreci¨®n de esas operaciones ilegales -s¨®lo ocasionalmente llevadas ante los tribunales- impida un c¨¢lculo fidedigno de su monto, las cifras italianas avisan del enorme potencial de tales pr¨¢cticas. Los donativos encubiertos y las comisiones delictivas son las v¨ªas usualmente utilizadas para cubrir las insaciables necesidades de los aparatos; el caso Filesa es un muestrario de los dispositivos aplicados por el PSOE para burlar los topes legales en los comicios de 1989. Dadas esas experiencias, la elogiable decisi¨®n de rebajar el techo autorizado de gastos electorales podr¨ªa ser mal¨¦volamente interpretada como un hip¨®crita gesto masoquista de los partidos para obligarse a intensificar sus recaudaciones irregulares.

Pero no perdamos las esperanzas. De ser eficaz, la reducci¨®n de gastos electorales tal vez podr¨ªa servir para purgar al sistema democr¨¢tico de esa voraz solitaria que es la financiaci¨®n ilegal de los partidos. No cabe descartar, sin embargo, que la insaciable cabeza de la corrupci¨®n sean los aparatos partidistas, es decir, los sueldos y gastos de representaci¨®n de sus dirigentes, los alquileres y amortizaciones de sus locales y los gastos generales de sus organizaciones: s¨®lo una auditor¨ªa imparcial de esas n¨®minas y cuentas -una tarea por ahora imposible- permitir¨ªa desechar tan inquietante y desagradable hip¨®tesis.