Los asesinos

En la noche del 18 de julio de 1992 un comando militar peruano, dirigido por dos mayores del Ej¨¦rcito, Mart¨ªn Rivas y Carlos Pichilingue, a quienes el presidente Fujimori hab¨ªa hecho premiar poco antes, "por trabajos especiales en la lucha contrasubversiva", entraron a la Universidad Enrique Valle y Guzm¨¢n, conocida como La Cantuta, y secuestraron a nueve estudiantes -siete varones y dos muchachas- y a un profesor, sospechosos de colaborar con Sendero Luminoso.Momentos despu¨¦s, en un descampado de las afueras de Lima, los diez universitarios fueron asesinados de un tiro en la nuca y enterrados en una fosa com¨²n. Pasado alg¨²n tiempo, y ante la creciente publicidad que la desaparici¨®n de las v¨ªctimas provocaba por obra de los familiares y la prensa de oposici¨®n, el comando militar desenterr¨® los cad¨¢veres, los quem¨® y volvi¨® a sepultar los restos carbonizados en lugares m¨¢s escondidos. De este modo, el r¨¦gimen crey¨® haber borrado todas las huellas del crimen. Pero se equivoc¨®, pues, alertado al parecer por oficiales constitucionalistas, el Semanario SI revel¨® algunos meses despu¨¦s el lugar del entierro y promovi¨® una vigorosa campa?a que, apoyada por diversas organizaciones de derechos humanos, culminar¨ªa con la exhumaci¨®n de los restos y la apertura de un proceso judicial..

Para saber que los verdaderos responsables de este asesinato colectivo nunca ser¨ªan juzgados ni menos sancionados, no hac¨ªa falta ser perspicaz. El golpe de Estado del 5 de abril de 1992, que, utilizando como testaferro al propio presidente de la Rep¨²blica, dio una c¨²pula de militares felones, ten¨ªa, entre sus objetivos declarados, garantizar carta blanca en la estrategia antisubversiva a unas Fuerzas Armadas para las que el sistema democr¨¢tico, con un Congreso fiscalizador, jueces independientes y medios de expresi¨®n libres, constitu¨ªa un inaceptable engorro, un obst¨¢culo para la acci¨®n eficaz.

Que el crimen de La Cantuta era un tema particularmente sensible para los m¨¢ximos jerarcas del r¨¦gimen qued¨® en evidencia en abril del a?o pasado, cuando, en un acto que equival¨ªa a una proclama de culpabilidad, el comandante general del Ej¨¦rcito, Nicol¨¢s de Bari Hermoza, a una t¨ªmida invitaci¨®n del Congreso Constituyente -el Congreso de las geishas- fraguado por FuJimor? para reemplazar al leg¨ªtimo que clausur¨®, a fin de que viniera a explicar la participaci¨®n de su instituci¨®n en aquel suceso, respondi¨® sacando los tanques a la calle, es decir con una m¨¢s que expl¨ªcita amenaza de mandar a sus casas a toda la tropilla de parlamentarios hechizos si exced¨ªa las funciones estrictamente instrumentales para la que hab¨ªa sido elegida.

No le faltaba raz¨®n al valiente general para alarmarse de ese modo, pues, si se llevaba a cabo una investigaci¨®n imparcial de la matanza, era casi seguro que ¨¦l, junto con su compa?ero y c¨®mplice en la destrucci¨®n del Estado de derecho en el Per¨², el asesor presidencial para asuntos de seguridad, capit¨¢n VIadimiro Montesinos, hubieran ido a parar al banquillo de los acusados como responsables intelectuales del crimen de La Cantuta. ?sta no es una conjetura delirante de un adversario de la dictadura peruana; ¨¦sta es una acusaci¨®n muy concreta hecha contra ese par de personajes -que son, hoy, el verdadero poder detr¨¢s del trono fujimorista- por alguien que ten¨ªa c¨®mo saber de lo que hablaba: el general Rodolfo Robles, quien, asqueado con lo que ocurr¨ªa a su alrededor en el r¨¦gimen del que formaba parte, prefiri¨® denunciarlo, aunque tuviera por ello que exiliarse (a Buenos Aires, donde, para sobrevivir, entiendo que hace ahora de taxista). El general Robles, dicho sea de paso, no es el ¨²nico oficial ¨ªntegro y constitucionalista que parece quedar en el Per¨²; otros, como el general Jaime Salinas, hoy preso en la prisi¨®n del Real Felipe por su defensa de la legalidad, han corroborado las acusaciones de Robles sobre la responsabilidad personal de Bari Hermoza y de Montesinos en las incontables violaciones a los derechos humanos -torturas, desapariciones, exilios, ejecuciones extra-judiciales, encarcelamientos arbitrarios, acoso e intimidaci¨®n de opositores- que se cometen en el Per¨², en la m¨¢s absoluta impunidad, desde la instalaci¨®n del r¨¦gimen autoritario, har¨¢ pronto dos a?os.

?stos son los antecedentes de la crisis de gobierno y el reciente esc¨¢ndalo en tomo a los acusados del crimen de La Cantuta, que, en la ¨²ltima semana, han servido al menos para abrir los ojos de la comunidad intemacional sobre la verdadera naturaleza del r¨¦gimen de Fujimori, un r¨¦gimen con el que numerosos gobiernos democr¨¢ticos se hab¨ªan venido mostrando hasta ahora inexplicablemente complacientes.

Los hechos son conocidos, pero vale la pena recordarlos. Ante el temor de que el crimen de La Cantuta fuera ventilado por el fuero com¨²n y los abogados de la parte civil exigieran la comparecencia del general Bari Hermoza y del capit¨¢n Montesinos ante el juez, el Congreso Constituyente, actuando con nocturnidad y alevos¨ªa, aprob¨® entre gallos y media noche una ley anticonstitucional que permit¨ªa transferir la causa al fuero militar. La Corte Suprema -tambi¨¦n hechura del r¨¦gimen- se apresur¨® a desistirse del proceso y a legitimar el enjuague. Sin p¨¦rdida de tiempo, un tribunal militar de jueces an¨®nimos y reunido en secreto juzg¨® y conden¨® a los once militares implicados en la matanza de La Cantuta, y, por supuesto, exoner¨® de toda culpa al alto mando del Ej¨¦rcito, a su comandante general y al Servicio de Inteligencia.

Sin embargo, con exquisita incongruencia, impuso cinco a?os de prisi¨®n al general Juan Rivero, que dirig¨ªa aquel servicio en la ¨¦poca del crimen, "por negligencia", y veinte a?os a los mayores Mart¨ªn Rivas y Carlos Pichilingue, los jefes del comando exterminador, a quienes, en un memor¨¢ndum de 10 de julio de 1991 dirigido al ministro de Defensa, que acaba de hacer p¨²blico la revista Oiga, de Lima, el presidente Fujimori ped¨ªa que se ascendiera en reconocimiento a "exitosas Operaciones Especiales de Inteligencia" (y estipulando, a la vez, que, por razones de seguridad, este documento no deb¨ªa hacerse p¨²blico). ?Cu¨¢ntos d¨ªas, semanas o meses demorar¨¢ el perd¨®n presidencial en excarcelar y enviar al extranjero a los reci¨¦n condenados ejecutantes de la exitosa operaci¨®n de La Cantuta? ?O ser¨¢ tal vez una misteriosa fuga del cuartel donde cumplen sentencia la que devolver¨¢ la libertad a esos oficiales a los que ahora ha sacrificado el comando para salvar la cara y acallar las presiones internacionales?

En todo caso, el r¨¦gimen ha salido algo ensuciado de este asunto. La renuncia, en se?al de protesta por lo ocurrido, del primer ministro y ministro de Industrias, Alfonso Bustamante -un empresario bastante m¨¢s despierto que sus cong¨¦neres y al que algunos hubi¨¦ramos cre¨ªdo incapaz de acostarse con una dictadura-, es un s¨ªntoma del progresivo, aunque todav¨ªa muy lento, deterioro del apoyo popular con que cuenta. Si las ¨²ltimas encuestas no mienten -lo hacen muy a menudo, por desgracia- la cota del presidente cay¨® diez puntos -de 64 a 54 por ciento- y, de competir en una elecci¨®n contra el ex secretario general de la ONU Javier P¨¦rez de Cu¨¦llar, ¨¦ste ahora lo derrotar¨ªa. Ha sido sorprendente, en estos d¨ªas, con motivo de la aprobaci¨®n de la Ley de La Cantuta por el Congreso de las geishas, ver a un buen n¨²mero de pol¨ªticos y de periodistas, hasta ahora geishas diligentes ellos mismos, como los enquistados en el baluarte del fujimorismo que ha sido el diario Expreso, tomar cierta distancia cr¨ªtica e incluso lamentar, en palabras del director de esa publicaci¨®n, que, en este delicado asunto, el presidente hubiera "optado por los cuarteles".

?Indica todo esto un saludable renacimiento democr¨¢tico en una sociedad a la cual los horrores del terrorismo de Sendero Luminoso y la corrupci¨®n y los desastres econ¨®micos del gobierno populista de Alan Garc¨ªa desencantaron de la ley y de la libertad y echaron en brazos de un demagogo, t¨ªtere de la fuerza militar? ?Es esto el comienzo de una verdadera movilizaci¨®n popular antiautoritaria de la cual puede resultar el desplome del sistema dictatorial que se puso en marcha el 5 de abril de 1992 y el restablecimiento de la democracia? ?O se trata de un alboroto pasajero, sin consecuencias pol¨ªticas mayores, que el r¨¦gimen acabar¨¢ por digerir, resarci¨¦ndose de un modo u otro de los apoyos que en estos d¨ªas ha perdido? Me gus-

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