Pacto ling¨¹¨ªstico

POCAS DUDAS hay de la existencia de sectores interesados, por motivos pol¨ªticos coyunturales, en agitar la bandera del conflicto ling¨¹¨ªstico en Catalu?a. Pero algunas de estas reacciones son inevitables y ser¨ªa verdaderamente alarmante que un proceso tan delicado, que necesariamente afecta a derechos individuales -los de miles de maestros, por ejemplo-, pasase por la sociedad catalana como la luz por un cristal. Es temeraria cualquier iniciativa que estimule la aparici¨®n de dos comunidades ling¨¹¨ªsticas separadas; pero nada la favorece tanto como la descalificaci¨®n sumaria de cualquier muestra de desconfianza o disidencia respecto a la opini¨®n mayoritaria -pero no un¨¢nime- existente en Catalu?a respecto a la cuesti¨®n de la lengua.Los problemas asociados al proceso de normalizaci¨®n del catal¨¢n apenas han tenido repercusi¨®n p¨²blica, y, de hecho, s¨®lo el 10% de la poblaci¨®n se considera preocupado por ellos. El asunto se ha ido crispando, sin embargo, a ra¨ªz de la difusi¨®n de unas circulares de la Generalitat sobre criterios ling¨¹¨ªsticos y la posterior aparici¨®n de un proyecto de modificaci¨®n de la Ley de Normalizaci¨®n, y, m¨¢s recientemente, por la presentaci¨®n por parte del Tribunal Supremo de una consulta sobre la constitucionalidad de tres art¨ªculos de esa ley, que viene aplic¨¢ndose desde 1983.

Muchas personas han considerado anacr¨®nica o perturbadora esa iniciativa del Supremo; aunque lo fuera, ello no justifica desaf¨ªos que han condicionado la plena aceptaci¨®n de la Constituci¨®n a una resolu

ci¨®n del Tribunal Constitucional favorable a sus tesis. Pero, adem¨¢s, es posible que el debate abierto con ese motivo alerte a tiempo sobre ciertos problemas que permanec¨ªan en estado latente y que s¨®lo se manifiestan, cuando lo hacen, en la forma de un difuso resentimiento por parte de sectores de la poblaci¨®n.Seg¨²n el censo de 1991, habla catal¨¢n el 68% de los catalanes y lo entiende el 93%. Pero la mitad de la poblaci¨®n, entienda o no el catal¨¢n, lo hable o no, tiene el castellano por lengua materna. Por otra parte, el ciento por ciento de los ciudadanos catalanes entiende y habla el castellano (hace 30 a?os era el 95%). As¨ª pues, Catalu?a es mayoritariamente biling¨¹e, y existen condiciones favorables para que en un plazo razonable lo sea pr¨¢cticamente toda la sociedad. En un plazo razonable: el necesario para que ese objetivo se alcance sin que el sector de la poblaci¨®n cuya lengua habitual es el castellano lo interiorice como una imposici¨®n.

Se argumenta que la Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica fue aprobada por unanimidad, que ha gozado desde hace 10 a?os de un amplio consenso pol¨ªtico y que su aplicaci¨®n no ha suscitado conflictos en la poblaci¨®n. Todo ello es cierto, y se trata del principal argumento en favor de la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de la Generalitat. La experiencia aconseja, sin embargo, introducir dos cautelas. Primera, que el consenso pol¨ªtico fue posible por el acuerdo previo sobre la conveniencia de evitar el conflicto ling¨¹¨ªstico: ser¨ªa bien parad¨®jico ampararse ahora en la unanimidad del acuerdo b¨¢sico para hacer una aplicaci¨®n unilateral, abusiva, desconsiderada, de la ley. Algunas circulares de inspiraci¨®n monoling¨¹e sobre la utilizaci¨®n del catal¨¢n en la Administraci¨®n p¨²blica y ciertos aspectos del proyecto de reforma de la ley de 1983 -con elementos de un intervencionismo ins¨®lito- revelan que esa tentaci¨®n existe.

Segunda, que el consenso social respecto a la aceptaci¨®n del catal¨¢n como veh¨ªculo de ense?anza obligatoria puede no ser del todo espont¨¢neo cuando el poder establece a la vez disposiciones expresa o sutilmente discriminatorias en favor de los catalanohablantes: en el acceso a puestos de trabajo, becas de estudio, subvenciones, etc¨¦tera; los padres aceptar¨ªan la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y cualquier otra medida con tal de evitar que sus hijos padecieran esa discriminaci¨®n.

Es cierto que nada ser¨ªa tan discriminatorio como la institucionalizaci¨®n de dos redes de ense?anza paralelas: ello supondr¨ªa en la pr¨¢ctica, en muchas localidades., la consagraci¨®n de la marginaci¨®n en un gueto del sector monoling¨¹e castellano, adem¨¢s del empobrecimiento cultural del otro sector. Por otra parte, la llamada inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica es en principio una leg¨ªtima t¨¦cnica pedag¨®gica destinada a garantizar el aprendizaje del catal¨¢n por los ni?os cuya lengua materna es el castellano. Pero la pol¨ªtica sobre la lengua no puede guiarse exclusivamente por criterios de eficacia pedag¨®gica. Es cierto que esa inmersi¨®n la practican los ni?os de cualquier provincia espa?ola que estudian en liceos franceses, colegios ingleses, etc¨¦tera. Pero sus padres eligen ese modelo de ense?anza voluntariamente; mientras que el proyecto de la Generalitat lo hace obligatorio.

De ah¨ª que la renovaci¨®n del pacto ling¨¹¨ªstico pase ahora por extremar las garant¨ªas sobre el car¨¢cter voluntario de la opci¨®n de cada ciudadano y, por tanto, por un uso cuidadoso de los est¨ªmulos discriminatorios en favor de los catalanohablantes. Resulta contradictorio con la idea de consenso el argumento de que los avances registrados permiten aplicar hoy normas m¨¢s exigentes que cuando se aprob¨® la ley; es al rev¨¦s: precisamente porque el problema est¨¢ bien encauzado -el n¨²mero de ciudadanos capaces de hablar catal¨¢n ha aumentado- es posible renunciar a esas discriminaciones.

Hay motivos para temer que, sin ese pacto, lo que ahora es una pol¨¦mica en parte artificial se convierta en un foco de resentimientos y hostilidades que arruine el proyecto de sociedad biling¨¹e y civilmente arm¨®nica a que aspira la inmensa mayor¨ªa de los catalanes.