Alta tecnolog¨ªa bajo sospecha
En Espa?a existen cerca de 2.300 empresas relacionadas con la seguridad privada. Muchas ajustan su comportamiento al marco legal vigente, pero existen contundentes sospechas de que un grupo de esas firmas vulnera abiertamente la legalidad y se dedica al fen¨®meno creciente del espionaje industrial. Menudean los empresarios que cimentan su solidez en el n¨²mero de dossieres confidenciales que son capaces de acumular contra sus rivales en los negocios, e incluso sobre sus propios subordinados.En la mayor parte de los casos resulta indemostrable probar que los contratantes conocen los m¨¦todos ilegales que emplean sus contratados para vigilar al enemigo, pero es obvio que no pocas empresas de seguridad se aprovechan hoy de un doble fil¨®n consistente tanto en realizar escuchas ilegales como en prevenirlas (a veces, al mismo cliente).
La actual feria nacional del sector, Sicur 94, es un buen ejemplo de ello. Lo mismo se ofertan medidas de "ataque de ambiente y telefon¨ªa", l¨¦ase escuchas ilegales, que "contramedidas para la localizaci¨®n de escuchas en el ambiente y en el tel¨¦fono (tecnolog¨ªa militar)". Un centenar de empresas de este tipo exhiben su material estos d¨ªas en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, bajo el reclamo de Sal¨®n Internacional de la Seguridad. En la mayor¨ªa de ellas, explotan sus conocimientos antiguos polic¨ªas, ex guardias civiles y ex miembros del Cesid que utilizan contactos que dejaron en sus anteriores destinos.
Empresarios contratantes
Algunos empresarios han utilizado equipos de investigaci¨®n que utilizaron m¨¦todos claramente ilegales, sin poderse demostrar que el cliente conociera tales mecanismos.
La investigaci¨®n sobre los m¨²ltipes pinchazos sufridos en Barcelona puso de relieve la existencia de al menos cuatro empresas sospechosas de realizarlos. Finalmente, la polic¨ªa s¨®lo hall¨® pruebas sobre una de ellas, General de Consulting y Comunicaci¨®n, la que dirig¨ªan Miguel Ruiz Mart¨ªnez, el Lobo, y el ex coronel del Cesid Fernando Rodr¨ªguez.
El actual ministro del Interior, Antoni Asunci¨®n, ha mostrado a sus colaboradores la preocupaci¨®n que le inspira este sector, sobre el que ha ordenado una reforzada vigilancia. El problema es que los 30 agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada han de controlar 2.300 empresas. Buena parte de estos dossieres de dudoso origen no son realizados por empresas de seguridad, sino por compa?¨ªas que se dedican al asesoramiento mercantil, lo que dificulta la acci¨®n de los investigadores que topan con cierta impunidad: grabar conversaciones ajenas est¨¦ penado con s¨®lo seis meses de prisi¨®n.Esta informaci¨®n ha sido realizada por los miembros del Equipo de Investigaci¨®n de EL PA?S
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