Fondos de bolsillo

LA DISPOSICI?N por parte del aparato estatal de fondos reservados -no sometidos a control institucional- es una pr¨¢ctica que no por estar generalizada en todo el mundo deja de resultar inquietante. El caso Amedo convirti¨® casi en certidumbre la sospecha de que tales fondos pudieron ser destinados a financiar actividades no ya irregulares, sino delictivas. Su supuesta utilizaci¨®n para pagar sobresueldos a los encargados de administrarlos convertir¨ªa a los fondos reservados, adem¨¢s, en tapadera de la corrupci¨®n. La desconfianza no s¨®lo estar¨ªa justificada, sino que obligar¨ªa a reconsiderar su existencia o, como m¨ªnimo, a reforzar dr¨¢sticamente las garant¨ªas necesarias para considerarlos compatibles con el Estado de derecho.Cualquier utilizaci¨®n de dineros p¨²blicos para fines privados repugna la conciencia c¨ªvica, pero hacerlo al amparo de la confianza especial que supone la existencia de fondos reservados supone una vileza a?adida. Por el ventajismo que implica aprovechar en beneficio propio esa especial confianza concedida a los encargados de administrarlos, y por lo que tiene de burla directa al Parlamento: si ¨¦ste renuncia al control estricto de esos fondos es precisamente bajo la presunci¨®n de que ser¨¢n destinados a los fines para los que son librados. No hacerlo as¨ª supone romper el pacto de confianza que justifica su existencia.

El que fue ministro del Interior entre 1988 y 1993, Jos¨¦ Luis Corcuera, ha negado que esa pr¨¢ctica se realizara "peri¨®dicamente", si bien ha admitido que ocasionalmente dichos fondos han podido servir para gratificar a alg¨²n mando policial por su esfuerzo y dedicaci¨®n a la lucha contra el terrorismo. De entrada, hay que rechazar que tales fondos puedan servir para compensar esfuerzos y riesgos personales en la lucha antiterrorista, para lo que ya existen las correspondientes partidas presupuestarias. ?C¨®mo se va a justificar que el Gobierno pague a funcionarios p¨²blicos con fondos fiscalmente opacos?

Precisamente porque los fondos reservados lo son por decisi¨®n parlamentaria, las Cortes est¨¢n legitimadas para investigar su posible mal uso, e incluso para modificar su excepcional r¨¦gimen presupuestarlo. No existe, pues, obst¨¢culo para que la Comision Rold¨¢n investigue los fondos reservados destinados a la Guardia Civil, e incluso podr¨ªa ser habilitada para investigar los de Interior en su conjunto. El Partido Popular e Izquierda Unida cumplieron con su deber al sollcitar ayer una investigaci¨®n parlamentaria, bien a trav¨¦s de la propia Comisi¨®n Rold¨¢n, como parece razonable, bien de otra constituida al efecto.

En contra de lo que a veces parece darse a entender, la normativa aplicable a los fondos reservados (entre otras, la resoluci¨®n de la Direcci¨®n General de Presupuestos de 15 de marzo de 1985) no deja fuera de cualquier control el uso de tales fondos. Lo que establece, dado el car¨¢cter y naturaleza de las actividades a que son destinados, es que su r¨¦gimen de justificaci¨®n sea distinto del que rige para los gastos ordinarios del Estado, y atribuye al titular del departamento que dispone de estas cantidades (Interior, Defensa, Justicia y Exteriores) la responsabilidad de acreditar que se dedican a los fines para los que son libradas por el poder legistativo.

Corresponde a los ministros de Interior y al anterior secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, a cuyo departamento se destin¨® la mayor¨ªa de los casi mil millones de fondos reservados asignados a Interior, acreditar que no han sido utilizados en beneficio personal de nadie, aunque sea en nombre de la lucha antiterrorista. En el juicio sobre el caso Amedo, Vera manifest¨® que exist¨ªa una contabilidad de los fondos reservados, que llevaba personalmente, y asegur¨® que "con los controles que existen sobre el funcionamiento de tales fondos, que son muy estrictos, es muy dificil desviarlos para cosas ajenas a la seguridad del Estado". Si es as¨ª, el Parlamento debe poder clarificar que tales fondos no son una especie de cheque en blanco en manos de aprovechados y desaprensivos.

Si ni siquiera hay garant¨ªas de que los encargados de gestionarlos no van a met¨¦rselos al bolsillo al amparo del secreto que los cubre, los ciudadanos, y en su nombre los diputados, tendr¨¢n que negar al Gobierno autorizaci¨®n para disponer de esos fondos.