La necesidad de un debate sobre la defensa

JOS? MIGUEL HERN?NDEZEl crecimiento exponencial de la cifra de objetores de con-. ciencia que se viene produciendo en Espa?a -sin parang¨®n en los pa¨ªses europeos- est¨¢ dando pie a un debate en los medios de comunicaci¨®n sobre el servicio militar obligatorio; debate del que, como consecuencia, se deriva otro sobre el modelo de Fuerzas Armadas: mixto -como se prev¨¦ para el horizonte del a?o 2000, conforme al acuerdo adoptado en el Congreso de los Diputados en junio de 1991 - o profesional, puesto que en ning¨²n caso se considera hoy la hip¨®tesis de unos Ej¨¦rcitos en los que la totalidad de la tropa y mariner¨ªa fueran de reemplazo.Evidentemente, el tema del incremento de la objeci¨®n de conciencia, unido a las expectativas demogr¨¢ficas espa?olas para los pr¨®ximos anos, supone, por s¨ª mismo, un asunto de la suficiente importancia como para hacer pensar en la conveniencia de un debate pol¨ªtico sobre el efecto que esta din¨¢mica puede provocar con vistas al cumplimiento de los objetivos propuestos en el modelo FAS-2000 aprobado (que implica un volumen de efectivos globales de unos 180.000 miembros, con una tasa de profesionafizaci¨®n del 50%).

Sin embargo, afrontar el problema planteado exclusivamente en t¨¦rminos frenar y reconducir este proceso -quiz¨¢ en parte debido a nuestra propia incapacidad para organizar el servicio civil sustitutorio- ser¨ªa evadir la resoluci¨®n del verdadero problema planteado en Espa?a de c¨®mo configurar unas Fuerzas Armadas adecuadas a los objetivos de la defensa. Conviene recordar, a este respecto, que la reducci¨®n de los presupuestos de Defensa en los ¨²ltimos a?os -parad¨®jicamente desde 1991, a?o de la aprobaci¨®n del modelo propuesto- imposibil¨ªta su consecuci¨®n, para la que se precisaba de un gasto anual sostenido del orden del 2% del PIB, inferior en todo caso al del resto de los pa¨ªses integrados en la OTAN (con la ¨²nica excepci¨®n de Luxemburgo).

En definitiva, que nuestros Ej¨¦rcitos est¨¦n constituidos parcialmente por personal de reemplazo o exclusivamente por personal profesional es una cuesti¨®n que afecta a los medios -y, por consiguiente, al gasto- y no a los objetivos de la defensa, y es la adecuaci¨®n de aqu¨¦llos a ¨¦stos lo que deber¨ªa ser objeto. de nueva reflexi¨®n por parte de nuestras fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria para que, de este modo, alcance tambi¨¦n a la sociedad en su conjunto.

La conciencia de la sociedad espa?ola sobre la defensa nacional -posiblemente por razones hist¨®ricas- tiene un nivel m¨¢s bajo que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses- europeos. Como consecuencia, adopta una posici¨®n no exenta de un cierto desinter¨¦s que s¨®lo se quiebra cuando surge el tema del servicio militar obligatorio; por lo que se refiere al gasto en Defensa la posici¨®n es obvia: a favor de su reducci¨®n, aun cuando, al tiempo, se est¨¦ decantando en la opini¨®n p¨²blica un sentimiento favorable a los, ej¨¦rcitos profesionales, sin que el nivel de informaci¨®n existente le indique si ese sentimiento es o no contradictorio con su postura.

Por otra parte, algunas opiniones pol¨ªticas que se expresan p¨²blicamente contribuyen, sin duda, a crear cierto grado de confusionismo puesto que es frecuente escuchar argumentos tan contradictorios como los que se refieren a que unos ej¨¦rcitos profesionales son demasiado caros -sin determinar su dimensi¨®n- o, por el contrario, que ser¨ªan muy econ¨®micos si fueran suficientemente reducidos.As¨ª, hay incluso voces que indican, demag¨®gicamente, al ciudadano que debe saber a qu¨¦ estar¨ªa dispuesto a renunciar, infraestructuras o gastos sociales, a cambio de un supuesto mayor gasto en Defensa, ignorando con ello dos cuestiones fundamentales. La primera, que -seg¨²n el art¨ªculo 97 de la Constituci¨®n- es el Gobierno quien dirige la pol¨ªtica interior y exterior, la Administraci¨®n civil y militar y la defensa del Estado, oblig¨¢ndose por tanto a incluir, entre otras declaraciones program¨¢ticas, unos criterios b¨¢sicos para la pol¨ªtica a seguir en materia de defensa nacional; los ciudadanos, con su apoyo o su rechazo a ese programa de Gobierno, expresaran su opini¨®n en las elecciones generales. La segunda que, en aplicaci¨®n de dichos criterios, es igualmente el Gobierno quien debe proponer al Parlamento tanto el modelo de Fuerzas Armadas que considera adecuado como los presupuestos que es necesario aplicar para alcanzar dicho modelo en el plazo establecido; a los representantes de la voluntad popular corresponde su aprobaci¨®n o rechazo. Al tiempo, otras voces expresan, con una rotundidad ayuna de datos que lo avalen, que unos ej¨¦rcitos profesionales con 100.000 componentes puede significar exclusivamente un gasto del 1% del PIB, lo que implica un ahorro sobre el modelo FAS 2000 del orden del 50%.

Evidentemente, esta disparidad de opiniones s¨®lo puede conducir a la siguiente pregunta: ?en definitiva, el presupuesto actual de Defensa es mucho o es poco?, y, correlativamente, ?por que es mucho o es poco? La respuesta a esta pregunta exige, inevitablemente, un juicio pol¨ªtico. Pero un juicio pol¨ªtico basado en la correcta valoraci¨®n de las diferentes alternativas existentes para cumplir, con el menor coste y la m¨¢xima eficacia posibles, los objetivos de la defensa nacional. Si sobre esta cuesti¨®n se tiende un manto de secretismo, s¨®lo justificado en algunos detalles adjetivos, no podr¨¢ responderse con conocimiento de causa a lo sustantivo de la pregunta. Y si, entretanto y por a?adidura, se oculta el bajo nivel de operatividad -con la exclusi¨®n de algunas unidades profesionales- al que est¨¢n conduciendo a nuestras Fuerzas Armadas las sucesivas reducciones presupuestar¨ªas, que imposibilitan as¨ª mismo el logro del modelo propuesto para el horizonte del a?o 2000, habr¨¢ que convenir que no se desea conocer la realidad. Pero la realidad es tozuda, y ah¨ª est¨¢ la dificultad a?adida por el proceso desencadenado con la objeci¨®n de conciencia para confirmarlo.

En estas circunstancias, cabe preguntarse: ?tiene sentido mantener un Ej¨¦rcito intensivo en medios humanos para luego decir que, con nuestra actual intervenci¨®n en misi¨®n de paz en la ex Rep¨²blica yugoslava, estamos al l¨ªmite de nuestra capacidad?, y tambi¨¦n: ?es l¨®gico aceptar una estructura de gasto para la defensa en la que un 83% del mismo se destina a gastos de personal, vida y funcionamiento del mismo y mantenimiento de material, dedicando ¨²nicamente un 17% a inversiones para la modernizaci¨®n de las FAS, aplazadas as¨ª pr¨¢cticamente sine die y provocando con ello una crisis en nuestro sector de industrias de la defensa que puede provocar su casi total desaparici¨®n?

En la definici¨®n del modelo FAS 2000, debatido en el Congreso, se consider¨® que las grandes l¨ªneas del dise?o militar europeo se encaminan hacia la consecuci¨®n de unas FAS m¨¢s reducidas aunque altamente tecnificadas y, por tanto, con un mayor grado de eficacia operativa, bien adiestradas y con gran movilidad, polivalencia y flexibilidad. En esa misma sesi¨®n se dec¨ªa que el objetivo de una tasa de profesionalizaci¨®n en torno al 50% era prioritario al ser ineludible la potenciaci¨®n de la tropa y mariner¨ªa profesionales, cuya raz¨®n de ser consiste en asegurar la operatividad y eficacia de las unidades mediante la realizaci¨®n de aquellas tareas cuya responsabilidad o complejidad requieren una continuidad, experiencia. o periodo de formaci¨®n prolongados. As¨ª mismo, se reconoc¨ªa que nuestras FAS carec¨ªan, aunque en grado diferente en cada ej¨¦rcito, de la proporci¨®n adecuada entre el volumen de sus efectivos humanos y el nivel de sus recursos materiales, por lo que era obligado adoptar las medidas necesarias para configurar una estructura de ej¨¦rcitos que responda a par¨¢metros similares a los que son comunes en los pa¨ªses europeos de nuestro entorno. Y se conclu¨ªa que ello requer¨ªa aplicar un esfuerzo presupuestario que tienda hacia el 2% del PIB (recu¨¦rdese que, en la actualidad, dicho esfuerzo se aproxima al 1,7% del PIB en t¨¦rminos OTAN).Pues bien, es evidente que, si por imposibilidad de financiaci¨®n o por no disponer de los recursos humanos suficientes, ese modelo no fuera viable, habr¨ªa que reconsiderar una vez m¨¢s la entidad de nuestras FAS, sometiendo al Parlamento una propuesta que rebajara sustancialmente el personal militar, lo que conducir¨ªa, casi inevitablemente, a su total profesionalizaci¨®n y obligar¨ªa a un reajuste de la organizaci¨®n y el personal de las FAS (conviene recordar, a este respecto, que adem¨¢s existe un contingente de personal civil en Defensa de 45.000 personas, entre personal funcionario y laboral que, igualmente, se ver¨ªan sometidos a una fuerte reestructuraci¨®n).

Llegados a este punto es clara la necesidad de plantearse si unos ej¨¦rcitos profesionales de una dimensi¨®n equivalente o ligeramente superior a la componente profesional del modelo FAS 2000 -esto es, en torno a 100.000 miembros-, debidamente estructurados, equipados y adiestrados ser¨ªan suficientes en tiempo de paz (ante una situaci¨®n de conflicto en un horizonte previsible habr¨ªa de recurrirse, en cualquier caso, a una movilizaci¨®n en los t¨¦rminos que legalmente se establezcan) y si resultar¨ªan m¨¢s econ¨®micos que el modelo de referencia. Y parece l¨®gico responder afirmativamente a ambas cuestiones, aunque advirtiendo que el coste de esta alternativa no estar¨ªa tampoco muy alejado del 2% del PIB, al menos durante todo el largo y necesario proceso de reconversi¨®n. Son justamente estas dudas las que es obligado resolver para adoptar una u otra soluci¨®n a la problem¨¢tica planteada en la actualidad. Y ¨¦sta es la raz¨®n de que se considere necesario un nuevo debate sobre nuestra defensa.