La negativa a dimitir del jefe de Carabineros de Chile, primer choque entre Frei y el Ej¨¦rcito

El rechazo del jefe de Carabineros y ex miembro de la Junta Militar chilena, general Rodolfo Stange, a la petici¨®n de dimitir que le formul¨® el martes el presidente, Eduardo Frei, ha desatado el primer conflicto del nuevo Gobierno con los militares por atropellos a los derechos humanos. Frei, no obstante, dice confiar en que Stange-reconsiderar¨¢ su negativa; en caso contrario convocar¨¢ al Consejo de Seguridad Nacional para que le pida la dimisi¨®n. En la noche del martes, la C¨¢mara de Diputados apoy¨® a Frei.Stange, acusado por un juez de obstruir la investigaci¨®n del crimen de tres dirigentes comunistas degollados en 1985, se reuni¨® el martes en el Palacio de Gobierno con Frei. El presidente, que debido a las amarras dejadas por la dictadura no puede destituir al jefe policial, manifest¨® a Stange la conveniencia de retirarse de Carabineros.

Con el respaldo del alto mando de la polic¨ªa y de la derecha, el general rechaz¨® la petici¨®n de Frei. "Cualquiera puede pedir lo que quiera, pero de ah¨ª a que yo acepte cargar con una culpa que no tengo es otra cosa", afirm¨®.

El Consejo de Seguridad al que piensa recurrir el presidente es una entidad creada en el r¨¦gimen de Augusto Pinochet y compuesta por igual n¨²mero de civiles y militares. Lo componen, adem¨¢s de Frei, los presidentes del Senado y Corte Suprema y el controlador de la Rep¨²blica, junto con los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas, entre ellos el propio Pinochet, en representaci¨®n del Ej¨¦rcito, y Stange, por los carabineros.

Para los militares, el caso se ha convertido en una defensa de sus prerrogativas. El Gobierno est¨¢ poniendo a prueba su respaldo, pues carece, para presionar a Stange, de otro mecanismo que el Consejo de Seguridad, donde no tiene mayor¨ªa.

El martes, otro juicio por atropellos a los derechos humanos cometidos en el r¨¦gimen militar lleg¨® a una etapa decisiva. La primera sala de la Corte Suprema dej¨® pendiente su resoluci¨®n ante las apelaciones por el caso del crimen del espa?ol Carmelo Soria, cometido en 1976 por la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (Dina). A los alegatos asistieron Carmen Soria, hija de la v¨ªctima, y el embajador de Espa?a en Chile, Pedro Bermejo. Alfonso Insunza, el representante de la familia Soria, pidi¨® la reapertura del caso, al recalcar las numerosas diligencias a¨²n pendientes, como la declaraci¨®n del exjefe de la Dina el general retirado Manuel Contreras, los careos entre los inculpados y un exhorto a un testigo que est¨¢ condenado en EE UU.