La sospecha persigue a Galindo desde hace cinco a?os

La presunta relaci¨®n del coronel de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo, un hombre clave en la lucha contra ETA, con redes de narcotr¨¢fico y contrabando y su aparente enriquecimiento s¨²bito han sido investigados sin ¨¦xito durante m¨¢s de cinco a?os por la fiscal¨ªa de San Sebasti¨¢n. La exigencia de aclaraci¨®n presentada ahora por el PN-V en la comisi¨®n Rold¨¢n no es nueva. El asunto ya mereci¨® en 1991 infructuosas preguntas parlamentarias al fiscal general del Estado, entonces Leopoldo Torres.En el centro de la investigaci¨®n se sit¨²a el informe del fiscal de San Sebasti¨¢n Luis Navajas, elaborado a partir de las denuncias de otros dos miembros del instituto armado, el capit¨¢n del servicio de informaci¨®n Juan Manuel Casta?eda y el guardia Garcilaso Casado. Ambos comunicaron en noviembre de 1988 al fiscal sus sospechas sobre "evidente implicaci¨®n" de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en redes mafiosas.

Tras interrogar individualmente a cinco presuntos delincuentes relacionados con la trama, Navajas redact¨® un informe y lo elev¨® en marzo de 1989 al fiscal general, Javier Moscoso. Navajas afirmaba la existencia de indicios de conducta delictiva sobre 31 personas, entre ellas 13 guardias.

Las indagaciones en tomo a Rodr¨ªguez Galindo se centraron en sus relaciones con personas presuntamente implicadas en el narcotr¨¢fico y en su sospechoso patrimonio, en el que llegaron a contabilizarse 11 pisos. Un contrainforme de la Guardia Civil recoge las explicaciones de Rodr¨ªguez Galindo, seg¨²n el cual se han mezclado con sus propiedades reales pisos de sus hijos, otros que ya no le pertenecen y algunos m¨¢s de un ciudadano de Sevilla de sus mismos nombre y apellidos.

El c¨²mulo de sospechas lleg¨® al Congreso en abril de 1991, de la mano del entonces diputado de Eusko Alkartasuna (EA) Joseba Azkarraga. El diputado se?alaba que exist¨ªan indicios documentales de un incremento del patrimonio del militar en 120 millones de pesetas en pocos a?os. El entonces fiscal general, Leopoldo Torres, declar¨® que se continuar¨ªa la investigaci¨®n y lleg¨® a hablar de la inminencia de detenciones. Las indagaciones judiciales siguieron empantanadas y el juez orden¨® archivarlas en enero pasado. Fuentes judiciales han se?alado que la publicidad de las actuaciones y el obstruccionismo de sectores de las fuerzas de seguridad imposibilitaron cualquier avance. Seg¨²n estos medios, se lleg¨® al caso de que guardias civiles encargados de vigilar a los sospechosos detectaron que eran a su vez vigilados por miembros del mismo cuerpo.