Rold¨¢n daba apariencia de legalidad a obras ya realizadas, seg¨²n la intervenci¨®n de Hacienda
La Direcci¨®n General de la Guardia Civil legalizaba con posterioridad obras ya iniciadas, e incluso concluidas y, por tanto, adjudicadas fraudulentamente. As¨ª lo haceconstar el interventor delegado de Hacienda en Interior, Fernando Mart¨ªnez Genique, en un informe de fiscalizaci¨®n, fechado el pasado 25 de marzo, que ha sido remitido a la comisi¨®n del Congreso que investiga la gesti¨®n de Luis Rold¨¢n al frente del instituto. El mismo interventor ya advirti¨® en 1991 que hab¨ªa adjudicaciones ama?adas y que se evitaba sistem¨¢ticamente la concurrencia de ofertas.
Las irregularidades descritas en el informe no se limitan a las adjudicaciones de obras. En la fiscalizaci¨®n del ¨²ltimo trimestre del pasado a?o -el ¨²ltimo periodo del mandato de Rold¨¢n- se hace constar que, en tres operaciones de adquisici¨®n de combustible, por un importe conjunto de 298 millones,- la "fecha de emisi¨®n de las facturas es anterior a la fecha de formalizaci¨®n del contrato"; lo que resulta manifiestamente irregular. Este mismo "error", como lo califica el interventor, "se repite en un n¨²mero considerable de expedientes".La afirmaci¨®n de que algunos contratos se firmaban cuando el trabajo estaba casi acabado la ilustra as¨ª el interventor: "En tres expedientes -obras en la Academia de Baeza; primera certificaci¨®n de obras del cuartel de Gerona; y primera certificaci¨®n de obras de la Academia de El Escorial- se observa que, en un plazo relativamente corto, en funci¨®n del plazo de ejecuci¨®n establecido en el contrato, certifican el 90% e incluso un porcentaje mayor del importe total de la obra. De ello se deduce que se pod¨ªa estar dando apariencia de legalidad a actuaciones ya realizadas".
La celeridad de estas obras contrasta con otros dos ejemplos del informe: el interventor se pregunta por qu¨¦ la reforma del cuartel de Erita?a (Sevilla) iba a iniciarse en noviembre de 1993, cuando el plazo de ejecuci¨®n era de tres meses y el gasto se aprob¨® en julio, "no existiendo inconveniente para la ejecuci¨®n de la obra". M¨¢s sorpresa le produjo recibir, en julio de 1993, el proyecto reformado de las obras del cuartel de Menasalbas (Toledo), que debieron ser terminadas en 1991, "sin que se expliquen suficientemente las causas de tan dilatada demora, ni si existe o no responsabilidad del contratista o de la Administraci¨®n en el retraso".
Los obras de Baeza, Gerona y El Escorial no son las ¨²nicas que, seg¨²n el interventor, se legalizaron despu¨¦s de haberse empezado ilegalmente. "En tres de los expedientes examinados [de los que s¨®lo aporta el n¨²mero de libramiento], se desprende de la documentaci¨®n aportada que se podr¨ªa estar dando apariencia de legalidad a actuaciones ya realizadas". Dos de estos expedientes se refieren a obras en Malia?o (Santander) y Amedo (La Rioja), por cuatro millones.
En otras ocasiones, el interventor, m¨¢s lac¨®nico, se limita a apostillar: "Apariencia [de] legalidad de actuaciones ya realizadas", junto a la anotaci¨®n de la primera certificaci¨®n de las obras del cuartel de Pola de Lena (Asturias), que ascendi¨® a 12.539.437 pesetas.
Los expedientes en los que la fecha de la factura es anterior a la formalizaci¨®n del contrato son numerosos: el informe del 5 de abril 1993 recoge 36 casos sobre las 222 operaciones examinadas; y el del 1 de diciembre de 1992 contabiliza 12 casos sobre 134. El interventor concluye: "No existe correlaci¨®n entre las fechas de formalizaci¨®n de contrato, constituci¨®n de la fianza y emisi¨®n de las facturas".
Los defectos, la mayor¨ªa de ellos formales, se repiten en todos los expedientes de pago de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil, pero alcanzan un volumen inusitado en los de obras. As¨ª, el informe de fiscalizaci¨®n del primer trimestre de 1992 encuentra errores en el 28,41% de los expedientes (77 sobre 221). Este porcentaje se eleva hasta el 78,57% cuando se refiere s¨®lo a los de obras (33 sobre 42).
La subcontrataci¨®n irregular tambi¨¦n es denunciada por el interventor. Al fiscalizar la construcci¨®n del cuartel de San Andr¨¦s de la Barca (Barcelona), advierte: "Se observa que, siendo Huarte S. A. la empresa adjudicataria de las actuales obras, sin embargo, la factura es emitida por Hispano Alemana de Construcciones". Y agrega: "Una vez examinadas todas las certificaciones tramitadas, cuyas copias obran en poder de esta oficina, se observa la misma discrepancia entre la tercera y la cuarta". No se trata, pues, de un error mecanogr¨¢fico.
[Mientras, Jos¨¦ Luis Corcuera, antes de dejar Interior, nombr¨® a Rold¨¢n comisario honorario del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, cuando ya se hab¨ªa destapado el esc¨¢ndalo en torno a su patrimonio, seg¨²n inform¨® ayer la COPE. Este nombramiento otorga a Rold¨¢n la condici¨®n de agente de la autoridad, con el derecho llevar placa y armas de fuego].
PP e IU piden que declaren el interventor y Rafael Vera
Los representantes del Partido Popular e Izquierda Unida en la comisi¨®n del Congreso que investiga la gesti¨®n de Rold¨¢n pedir¨¢n hoy la comparecencia del interventor delegado en Interior y del ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Tanto Rogelio Ba¨®n, del PP, como Antonio Romero, de IU, dijeron ayer que quieren que el interventor explique sus informes de 1991, difundidos el pasado domingo por EL PA?S, en los que advert¨ªa de la adjudicaci¨®n fraudulenta de obras por la Guardia Civil.Seg¨²n el art¨ªculo 95.5 de la Ley General Presupuestaria, los informes peri¨®dicos sobre fiscalizaci¨®n posterior de los gastos, mediante t¨¦cnicas de muestreo o auditor¨ªa, como los realizados por el interventor delegado en el Ministerio del Interior, son remitidos al jefe del departamento (en este caso, el director general de la Guardia Civil), "para que formule, en su caso, y en el plazo de quince d¨ªas, las alegaciones que considere oportunas, elev¨¢ndolos posteriormente a la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado", dependiente del Ministerio de Econom¨ªa.
"La Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado", agrega el mismo art¨ªculo, "dar¨¢ cuenta al Consejo de Ministros y a los centros directivos que resulten afectados de los resultados m¨¢s importantes de la fiscalizaci¨®n realizada con posterioridad y, en su caso, propondr¨¢ las actuaciones que resulten aconsejables para asegurar que la administraci¨®n de los recursos p¨²blicos se ajuste a las disposiciones aplicables a cada caso".
En su informe de marzo de 1992, el interventor advierte que la mayor parte de ellos Pos defectos denunciados] no han sido subsanados, o este extremo no ha sido comunicado a esta Intervenci¨®n Delegada" y agrega: "Respecto a los informes emitidos en trimestres anteriores, no se ha recibido escrito de alegaciones, [de la Guardia Civil] en ninguno de los casos".
La petici¨®n de comparecencia de Vera se basa en una respuesta del Gobierno a IU en la que se dice que la realizaci¨®n de las obras de la Guardia Civil y su contrataci¨®n por adjudicaci¨®n directa eran aprobadas por Vera. IU est¨¢ barajando incluso solicitar la comparecencia de Carlos Solchaga ministro de Econom¨ªa cuando el interventor alert¨® sobre las irregularidades. En la documentaci¨®n remitida al Congreso se especifica que los contratos de entre 10 y 2.000 millones eran autorizados por Vera, aunque los firmaba Rold¨¢n por delegaci¨®n del primero.
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