Bater¨ªa de resoluciones para atajar la corrupci¨®n

El Pleno del Congreso debati¨® ayer un total de 234 propuestas de resoluci¨®n de los siete grupos parlamentarios, de las que casi un centenar fueron aprobadas. El cap¨ªtulo anticorrupci¨®n se llev¨® el grueso de las resoluciones, tanto por el n¨²mero como por la trascendencia. Se rechaz¨® la propuesta del PP de crear una comisi¨®n para investigar el caso Filesa y se aprob¨®, en cambio, una comisi¨®n de estudio sobre la financiaci¨®n de todos los partidos con representaci¨®n parlamentaria desde 1979. Las comisiones de investigaci¨®n ser¨¢n p¨²blicas y los arrepentidos en casos de corrupci¨®n no cumplir¨¢n penas de c¨¢rcel. En el ¨¢mbito fiscal destaca la reducci¨®n de la tarifa de varios impuestos en proporci¨®n a la inflaci¨®n anual.

La propuesta del PP para crear una comisi¨®n que investigue el caso Filesa y el destino de los fondos que recaudaba la trama de empresas en torno a la citada fue rechazada. Sin embargo, el Congreso acept¨® la formaci¨®n de una comisi¨®n no permanente para estudiar la financiaci¨®n de los partidos desde 1979, "puesta en cuesti¨®n por los casos como Filesa, Naseiro, etc¨¦tera". La resoluci¨®n cont¨® con apoyo un¨¢nime, pese a que los populares denunciaron luego que se trata de un "simulacro" para eludir la investigaci¨®n sobre Filesa.Las tres ¨²ltimas palabras entrecomilladas -"Filesa, Naseiro, etc¨¦tera"- provocaron una dura negociaci¨®n con los nacionalistas de CiU, que exigieron garant¨ªas de que en ning¨²n caso se analizar¨¢ la llamada operaci¨®n Roca, es decir, la financiaci¨®n d¨¦ frustrado proyecto electoral del Partido Reformista, que concurri¨® a las elecciones de 1986 en cabezado por el secretario general de CiU, Miquel Roca.

El PSOE neg¨® de forma tajante este punto. Tambi¨¦n se exigi¨® al Grupo Socialista eliminar una referencia expresa al caso Casinos, que afecta presuntamente a. la financiaci¨®n de CiU.

Algunas de las medidas aprobadas ayer por el Grupo Socialista, e incluso presentadas al Pleno por ¨¦l mismo, fueron llevadas al Congreso en el pasado por otros grupos, en especial el Popular e IU-IC, y rechazadas por los diputados del PSOE.

Los grupos de CiU, PNV e IU se mostraron satisfechos por la actitud receptiva hacia sus propuestas de los socialistas, mientras el portavoz de Coalici¨®n Canaria, Lorenzo Olarte, asegur¨® que hab¨ªa sido "castigado" por los socialistas por su actitud en¨¦rgica en el debate del martes.

El PP acab¨® votando la totalidad de las propuestas socialistas, con alguna excepci¨®n menor por diferencias t¨¦cnicas, incluido el bloque de medidas anticorrupci¨®n, para hacer patente su voluntad de limpiar la vida p¨²blica.

Pero Rodrigo Rato, portavoz popular en el Congreso, sigui¨® criticando ayer lo que considera un intento del PSOE de hacer olvidar sus actitudes pasadas present¨¢ndose como adalid de la lucha contra la corrupci¨®n.

Del conjunto de medidas, muchas de ellas presentadas de forma similar por varios grupos, destacan las siguientes:

Comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el patrimonio de Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de Espa?a, y del posible uso de informaci¨®n privilegiada y tr¨¢fico de influencias.

Las comisiones de investigaci¨®n tendr¨¢n car¨¢cter p¨²blico, salvo que afecten a cuestiones protegidas por el secreto oficial. Se eliminar¨¢n los obst¨¢culos legales que les impiden acceder a la informaci¨®n que precisan.

Se crea la figura del arrepentido en materia de corrupci¨®n y se garantiza que no cumplir¨¢ penas de c¨¢rcel por su participaci¨®n en los hechos que denuncie. El texto fue pactado por el PSOE sobre la propuesta de CiU.

Endurecimiento de penas para delitos econ¨®micos.

El jurado decidir¨¢ sobre delitos de corrupci¨®n y se agilizar¨¢n su instrucci¨®n y enjuiciamiento.

Creaci¨®n de una fiscal¨ªa especial para la prevenci¨®n y represi¨®n de delitos econ¨®micos.

Creaci¨®n de una unidad especial en el Servicio Jur¨ªdico del Estado para la lucha contra el fraude y la corrupci¨®n.

Nueva regulaci¨®n de los fondos reservados que garantice su control parlamentario, para que s¨®lo se destinen a los fines que les sean propios. Las partidas no podr¨¢n ser modificadas sin autorizaci¨®n de las Cortes.

Se ampl¨ªa el n¨²mero de altos cargos y autoridades obligados a entregar en el registro p¨²blico su declaraci¨®n de bienes.

Los diputados quedar¨¢n obligados a entregar al registro de intereses del Congreso sus declaraciones de renta y patrimonio y la Comisi¨®n del Estatuto podr¨¢ actuar de oficio para investigar sus actividades econ¨®micas.

El Tribunal de Cuentas incrementar¨¢ sus competencias fiscalizadoras y sancionadoras. En relaci¨®n a la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, podr¨¢ solicitar informaci¨®n de personas privadas, f¨ªsicas o jur¨ªdicas.

Mecanismos legislativos para controlar el gasto p¨²blico con intervenci¨®n previa de su legalidad.

Propuestas rechazadas

Entre las medidas anticorrupci¨®n que fueron rechazadas destaca la pretensi¨®n del PP de sustituir al actual fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez. Una propuesta del PP para la creaci¨®n de una ponencia dedicada al estudio del modelo de servicios de informaci¨®n del Estado y la fijaci¨®n de instrumentos de control parlamentario fue tambi¨¦n rechazada.

Una propuesta de contenido similar de los PP y CiU para establecer un procedimiento de examen previo parlamentario de los candidatos a ¨®rganos constitucionales y altos cargos, como el gobernador del Banco de Espa?a o el presidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, fue aprobada en la redacci¨®n de los nacionalistas catalanes.