Medidas en cascada

SI LOS casos Rold¨¢n y Rubio sirven para que los socialistas abandonen su estrategia obstruccionista frente a la corrupci¨®n, a la que tozudamente se han aferrado estos a?os, algo se habr¨¢ avanzado. Aunque no es seguro que esta rectificaci¨®n, por lo tard¨ªa y obligada, baste para reforzar su credibilidad pol¨ªtica, es posible que los corruptos lo tengan m¨¢s dificil a, partir de ahora.Buen n¨²mero de las 230 resoluciones propuestas ayer por los grupos parlamentarios al t¨¦rmino del debate sobre el estado de la naci¨®n fueron relativas a la lucha contra la corrupci¨®n. Era lo obligado y esperado tras la alarma social creada por los ¨²ltimos esc¨¢ndalos. Para que estas medidas no sean un brindis al sol, como ha ocurrido con otras en el pasado, tienen que ir acompa?adas de la voluntad firme de aplicarlas de inmediato, principalmente por el Gobierno.

De entrada, la abundancia de medidas no garantiza gran cosa por s¨ª sola. Sobre todo, cuando algunos de los proponentes han contribuido a desvirtuar las dos o tres normas realmente b¨¢sicas en la lucha contra la corrupci¨®n institucional y pol¨ªtica: el normal funcionamiento de los mecanismos de control internos (Intervenci¨®n General del Estado) y externos (Tribunal de Cuentas y comisiones de investigaci¨®n parlamentarias) y la debida y pronta colaboraci¨®n con la justicia. Las medidas contra la corrupci¨®n, como contra cualquier otra lacra social, mejor pocas y eficaces. Y, sobre todo, voluntad de cumplirlas.

De las medidas propuestas y aprobadas ayer algunas son novedosas. La ampliaci¨®n de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras del Tribunal de Cuentas (extensi¨®n de sus competencias al sector privado) es una de ellas, aunque fue anunciada en el paquete sobre el impulso democr¨¢tico del Gobierno. Su falta se ha hecho sentir sobre todo en la investigaci¨®n del caso Filesa y, en general, en todo lo relacionado con la financiaci¨®n ?legal de los partidos pol¨ªticos. Tambi¨¦n constituyen una novedad en nuestro ordenamiento la propuesta de Converg¨¨ncia i Uni¨® para que determinados altos cargos se sometan al examen previo del Parlamento antes de ser nombrados por el Ejecutivo o las que avanzan f¨®rmulas de control sobre los fondos reservados.

Pero la mayor¨ªa, o son redundantes o voluntaristas. Ejemplo de redundancia: la creaci¨®n de un grupo espec¨ªfico en el seno del Servicio Jur¨ªdico del Estado encargado de personarse en los procesos por corrupci¨®n en defensa de los intereses patrimoniales p¨²blicos. ?Qu¨¦ impide que el Servicio Jur¨ªdico del Estado ejerza esa tarea? Tambi¨¦n resulta redundante la creaci¨®n de una fiscal¨ªa especial anticorrupci¨®n, que adem¨¢s puede resultar ineficaz si el fiscal general del Estado decide mirar para otro lado. Voluntaristas son todas aquellas medidas tendentes a establecer un procedimiento judicial r¨¢pido en los asuntos de corrupci¨®n. Lo mismo sucede con las comisiones de investigaci¨®n parlamentarias. Est¨¢ muy bien que se las dote de mayor capacidad para obtener informaci¨®n del Gobierno, pero su creaci¨®n no deber¨ªa estar r¨ªgidamente sometida a la ley de las mayor¨ªas.

La discusi¨®n sobre la comisi¨®n de investigaci¨®n del caso Filesa, propuesta por el PP, revel¨® las contradicciones del partido del Gobierno, pero tambi¨¦n del primero de la oposici¨®n. El PSOE plante¨® convertirla en una comisi¨®n de estudio sobre la financiaci¨®n de los partidos -de todos-, y acept¨® una propuesta de Roca para que ese estudio comprendiera expresamente casos como el de Naseiro y el de Filesa. Al hacerlo reincidi¨® el PSOE en la estrategia del y t¨² m¨¢s que en su d¨ªa rechaz¨®, y que resulta especialmente arriesgada cuando se alienta desde el Gobierno, responsable ¨²ltimo de evitar cualquier pr¨¢ctica irregular en ese terreno, al margen de cu¨¢l sea el partido afectado.

Pero result¨® patente la hipocres¨ªa del portavoz popular cuando aleg¨® que s¨®lo el PSOE est¨¢ bajo sospecha en materia de tramas ?legales de financiaci¨®n, y que en todo caso nadie ha planteado acusaciones en ese terreno contra su partido. Si de lo que se trata es precisamente de acabar con el cinismo que ha presidido la actitud de los socialistas respecto a las evidencias de Filesa, no es posible que el PP haga como que no sabe que fueron defectos formales en la incoaci¨®n del proceso los que motivaron el sobreseimiento del caso Naseiro.