La sentencia de Alcal¨¢ 20 impone al Estado que pague las indemnizaciones

Enrique Gimbernat, letrado defensor del ex concejal socialista Emilio Garc¨ªa Horcajo, responsable municipal de Seguridad la noche en que se desat¨® la tragedia, se?al¨® ayer que desconoc¨ªa la sentencia pero que, en caso de confirmarse, rehabilita pol¨ªticamente a su cliente. La condena hubiera sido como culpar a un guardia civil por no detener al coche que va a tener un accidente. En Madrid hay 300.000 locales susceptibles de ser inspeccionados. Y lo que no se puede exigir es que se inspeccione aquel donde se va a producir la tragedia, eso es adivinar", coment¨® el abogado en relaci¨®n a la acusaci¨®n que pesaba contra Garc¨ªa Horcajo.

Gimbernat se mostr¨® tranquilo ante la posibilidad de que alguna de las partes presente un recurso ante el Tribunal Supremo, y mostr¨® su disgusto por "los a?os de calvario que han pasado los perjudicados y los inocentes".

El actual concejal de Seguridad, Carlos L¨®pez Collado (PP), expres¨® ayer su satisfacci¨®n por la absoluci¨®n de su antecesor en el cargo. L¨®pez Collado dijo no haber dudado de la inocencia de Garc¨ªa Horcajo. "Y no ha sido por corporativismo", matiz¨® el edil. El alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, subray¨® durante su declaraci¨®n como testigo en el juicio que el Ayuntamiento de Madrid s¨®lo pagar¨ªa si el tribunal as¨ª lo estimaba.

Aunque ayer desconoc¨ªa el contenido de la sentencia, Antonio Garc¨ªa de Pablos, abogado de las familias de 57 v¨ªctimas del incendio, indic¨®: "Lo importante es que hallamos tenido sentencia", ya que "la tesis de Gobierno es que mientras no haya sentencia no paga", en referencia a los 2.000 millones fijados de indemnizaci¨®n, de los que es responsable civil subsidiario el Estado. As¨ª, De Pablos puso como ejemplo a los afectados del desbordamiento de la presa de Tous. En cualquier caso, el abogado se?al¨® que s¨®lo comentar¨ªa en profundidad el fallo de la Audiencia cuando pueda estudiar y reflexionar sobre sus conclusiones.

Indemnizaciones

Junto a las penas de prisi¨®n que pidi¨® para los procesados (con excepci¨®n de Garc¨ªa Horcajo), la fiscal Josefa Checa reclam¨® indemnizaciones de 20 millones de pesetas para los herederos de los fallecidos y 25 millones cuando las v¨ªctimas tuvieran hijos menores de edad.

Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n del fiscal (que la sentencia asume en gran parte), la ¨²nica manguera antiincendios que hab¨ªa en la sala de fiestas el 17 de diciembre de 1983, d¨ªa del siniestro, no lleg¨® a funcionar: era corta y estaba tan mal instalada que el agua no alcanz¨® el primer foco de incendio. Tampoco sirvieron para nada los extintores. As¨ª, lo que en un principio fue un incendio de escasa envergadura, se convirti¨® minutos despu¨¦s en una gran masa de humo t¨®xico. Las causas de las 81 muertes est¨¢n claras para el tribunal: algunos murieron abrasados por las llamas, otros por aplastamiento a la salida y otros por inhalaci¨®n de humo t¨®xico.

Seg¨²n ese escrito inicial de la fiscal¨ªa, los copropietarios de Alcal¨¢ 20 -los procesados Emilio Urdiales, Pedro Rasc¨®n, Carlos Mendoza y Doroteo Mart¨ªn reformaron el mobiliario del local utilizando un material "altamente combustible y t¨®xico".

Cuando los clientes buscaban desesperadamente las puertas de emergencia se encontraron con que ¨¦stas o estaban cerradas con llave o carec¨ªan de una adecuada se?alizaci¨®n luminosa. Y todo ello bajo la nube de humo t¨®xico que desprend¨ªan los materiales que adornaban la discoteca.

Hoy se conocer¨¢ con exactitud la cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n que ha impuesto la Audiencia a los acusados. La condena del ex vocal de la Junta de Espect¨¢culos Guillermo Herranz es lo que ha permitido al tribunal declarar al Estado responsable civil subsidiario de las indemnizaclones (cerca de 2.000 millones). El Estado tendr¨¢ que abonar casi todo ese dinero -los bienes de los procesados est¨¢n embargados- porque los acusados son insolventes.