Nuevo C¨®digo, segundo intento

DE TODOS los proyectos legislativos que quedaron aparcados con motivo del adelanto de las elecciones generales del pasado 6 de junio, el m¨¢s importante era, probablemente, el del nuevo C¨®digo Penal. Un a?o despu¨¦s de aquella interrupci¨®n parlamentaria -el proyecto estaba siendo dictaminado por la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso-, el ministro Juan Alberto Belloch lo ha puesto nuevamente en circulaci¨®n con algunas aportaciones de nuevo cu?o, acertadas unas y discutibles otras.El proyecto de nuevo C¨®digo Penal que el Gobierno reenviar¨¢ pr¨®ximamente al Congreso es, pues, casi en un ciento por ciento el mismo sobre el que ya se ha producido un cierto debate doctrinal y social (colegios de abogados, asociaciones de jueces y fiscales, representantes del mundo de la Universidad, etc¨¦tera) e incluso alguna aproximaci¨®n pol¨ªtica entre los grupos parlamentarios. No tiene raz¨®n, por tanto, el portavoz del Grupo Popular en temas jur¨ªdicos, Federico Trillo, cuando echa en falta ese debate previo con los sectores sociales implicados y con las fuerzas pol¨ªticas de la oposici¨®n.

Precisamente, el punto m¨¢s novedoso de la aportaci¨®n de Belloch al proyecto de nuevo C¨®digo Penal constituye una contribuci¨®n de primer orden al consenso pol¨ªtico: la elevaci¨®n de la mayor¨ªa de edad penal desde los 16 hasta los 18 a?os. Los socialistas, electoralmente favorables desde siempre a esta medida, nunca se atrevieron a llevarla a la pr¨¢ctica como decisi¨®n de gobierno, mientras que el Partido Popular, del que cabr¨ªa presumir una actitud reticente, de acuerdo con sus tradicionales posiciones en materia de seguridad ciudadana, se ha manifestado inequ¨ªvocamente a favor de su inclusi¨®n en el nuevo C¨®digo Penal. Claro que la contrapartida a esta medida es la paralela elaboraci¨®n de una Ley Penal Juvenil, que d¨¦ una respuesta punitiva espec¨ªfica -centros y sistemas penitenciarios adecuados- a una delincuencia nutrida de j¨®venes entre 16 y 18 a?os de edad.

No es poco, pues, que el nuevo C¨®digo Penal nazca con vocaci¨®n de perdurabilidad en una cuesti¨®n social y doctrinalmente tan controvertida como la edad penal. En el anterior e interrumpido debate parlamentario, los grupos pol¨ªticos en su conjunto ya adoptaron esta actitud en otras cuestiones -concretamente, el tratamiento penal de los brotes racistas y xen¨®fobos en la sociedad actual-, y no debe haber raz¨®n para que no la sigan manteniendo en el pr¨®ximo sobre las l¨ªneas maestras del proyecto, sean cuales sean sus refriegas en el campo de la pol¨ªtica.

Algunas de las aportaciones de Belloch al proyecto de nuevo C¨®digo ganar¨¢n mucho si se las somete a la conveniente labor de ali?o y reflexi¨®n parlamentaria. Una de ellas es la admisi¨®n de la pol¨¦mica figura del arrepentido en los delitos de corrupci¨®n, cuando no se ha logrado el necesario consenso doctrinal y pol¨ªtico para introducirla en los, de narcotr¨¢fico y terrorismo; otra, la sustituci¨®n de la pena de c¨¢rcel a los insumisos por la de inhabilitaci¨®n de 10 a 14 a?os para acceder a la funci¨®n p¨²blica y recibir ayudas y subvenciones de este car¨¢cter. De esta ¨²ltima, hasta se puede dudar de que est¨¦ penalmente bien orientada: responde a una concepci¨®n vindicativa y de represalia impropia del derecho penal moderno. Y es absolutamente desproporcionada. Si adem¨¢s se quiere penar a los insumisos con la retirada del carn¨¦ de conducir, supondr¨ªa un caso de privaci¨®n de derechos dif¨ªcilmente encajable en el marco constitucional.

En todo caso, son propuestas que adolecen de una formulaci¨®n concreta precipitada -quiz¨¢s porque responden a urgencias e intereses del momento-, y que, por tanto, deben ser sustancialmente mejoradas con el concurso de todos los grupos parlamentarios. Algo que huelga en el delito de tortura: su tipificaci¨®n se ajusta plenamente a las exigencias de los convenios internacionales sobre este aberrante delito.