CONCLUSIONES

1 y 2. Se deducen indicios racionales de criminalidad en la actuaci¨®n de Rold¨¢n como director general de la Guardia Civil. No se descartan indicios referidos a otras personas. Ha podido existir menoscabo de caudales o efectos p¨²blicos, constitutivo de responsabilidad contable.3, 4 y 5. Rold¨¢n, como delegado del Gobierno en Navarra, no hizo la declaraci¨®n de actividades, ni realiz¨® hasta diciembre de 1993 la declaraci¨®n de bienes que debi¨® presentar un a?o antes. Tambi¨¦n incumpli¨®, de hecho, la ley de incompatibilidades al nombrar a Esparza administrador de Europe Capital.

6 y 7. Se emple¨® de forma abusiva la ley de Contratos del Estado y hay serios indicios de que la adjudicaci¨®n directa sirvi¨® para favorecer a determinadas empresas. Las multiplicaci¨®n de modificaciones en los proyectos ya aprobados, los llamados reformados, aumentaban el coste real de las obras y "parecen ocultar otro incumplimiento", la prohibici¨®n de fraccionar contratos.

8. La contrataci¨®n de arquitectos y t¨¦cnicos revela "una sospechosa concertaci¨®n de encargos guiados por el amiguismo y la arbitrariedad, que podr¨ªa suponer il¨ªcito penal".

9. Se ha conocido la existencia en la Guardia Civil de ingresos y gastos absolutamente at¨ªpicos.

10. Se propone la reprobaci¨®n de la conducta de Rold¨¢n y de su gesti¨®n pol¨ªtica, presupuestaria y administrativa al frente de la Guardia Civil. Se constatan insuficiencias objetivas en los sistemas de gesti¨®n y control que facilitaron la comisi¨®n de irregularidades. Durante el desarrollo de los trabajos de la Comisi¨®n, se han producido hechos significativos y singulares en la aceptaci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas suficientes, por parte de altos cargos de Interior.

11 y 12. Se insta al Congreso a reforzar el papel de las comisiones de investigaci¨®n y a poner en marcha una oficina presupuestaria de apoyo a la C¨¢mara.

13, 14 y 15. La nueva ley de Contratos del Estado debe garantizar la transparencia y objetividad en la adjudicaciones. Las razones de urgencia o seguridad deber¨¢n justificarse expresamente. Se recomienda crear una clasificaci¨®n de empresas acreditadas para este tipo de obras. La normativa de fomento a la exportaci¨®n debe revisarse para evitar su aplicaci¨®n fraudulenta.

16. Se pide un r¨¦gimen especial de incompatibilidades para quienes intervengan en la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos.

17. Se debe comprobar la biograf¨ªa de los altos cargos.

18. Se reclama un proyecto de ley regulador de los fondos reservados que garantice su correcta utilizaci¨®n, responsabilidad pol¨ªtica y control parlamentario. Su dotaci¨®n presupuestaria no podr¨¢ aumentarse sin autorizaci¨®n de las Cortes. Tambi¨¦n se pide una nueva regulaci¨®n interna de los mismos y la creaci¨®n de un registro de intereses de las personas capacitadas para usarlos.

19. Se recomienda cambiar la normativa para asegurar que se cumplen las recomendaciones de la Intervenci¨®n y que se garantiza la concurrencia de ofertas.

20, 21 y 22. Se propone regular los fondos extrapresupuestarios de la Guardia Civil y los gastos de viaje. Debe modernizarse su gesti¨®n presupuestaria.