Gobierno de ley

EL PARTIDO Popular ha tomado la delantera al PSOE al presentar en el Congreso de los Diputados una proposici¨®n de ley del Gobierno y de la Administraci¨®n p¨²blica con el objeto de delimitar m¨¢s n¨ªtidamente que hasta ahora los contornos pol¨ªticos y administrativos que confluyen, se sobreponen y a veces se confunden en el entramado organizativo de las administraciones p¨²blicas. Durante a?os, el PSOE ha barajado la idea, pero nunca se ha atrevido a plasmarla en ninguna norma, ni siquiera cuando ha tenido una ocasi¨®n de oro para hacerlo: la nueva Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas de 26 de noviembre de 1992. La iniciativa del PP no es, pues, en absoluto artificiosa: responde a un problema real que no ha hecho sino agravarse en los ¨²ltimos a?os, y desarrolla aspectos constitucionales que incomprensiblemente han permanecido en el olvido, como la regulaci¨®n del estatuto de los miembros del Gobierno.Puede discutirse a qu¨¦ nivel jer¨¢rquico debe discurrir la l¨ªnea- divisoria entre cargos pol¨ªticos y administrativos, pero de lo que no cabe duda es de que en un Estado democr¨¢tico moderno en el que la alternancia pol¨ªtica funcione con normalidad, las administraciones p¨²blicas deben estar protegidas en lo posible de los vaivenes del poder. Como axioma pol¨ªtico-constitucional, ninguna objeci¨®n cabe hacer, pues, a lo afirmado por el portavoz parlamentario del PP, Rodrigo Rato, en la presentaci¨®n de la propuesta de su partido en la Mesa del Congreso de los Diputados: "Se pretende que la Administraci¨®n no quede al capricho del partido del Gobierno, sino que dependa de la ley y del derecho", ha dicho el dirigente popular.

Para el PP, el subsecretario ministerial debe ser un cargo administrativo, que quede fuera del ¨¢mbito de la libre designaci¨®n. De ah¨ª hacia abajo, todos los miembros de la Administraci¨®n ser¨ªan funcionarios profesionales; ninguno de sus actos ser¨ªa estrictamente pol¨ªtico. Tendr¨ªan car¨¢cter administrativo y, por tanto, siempre podr¨ªan ser revisados por los tribunales de justicia. La propuesta es ciertamente discutible, pero apunta en el sentido correcto: la reducci¨®n de los altos cargos de designaci¨®n directa, la "funcionarizaci¨®n" de la c¨²pula directiva de la Administraci¨®n del Estado y el sometimiento, salvo casos muy concretos, de la actuaci¨®n ordinaria del Ejecutivo al control de legalidad y a la exigencia de responsabilidades.

El PSOE ha tildado de "demag¨®gica" y de "revanchista" la receta del PP, y ha acusado a ¨¦ste de no aplicarla all¨ª donde ejerce el poder. Pero, aunque as¨ª fuera, no por ello es menos cierto que la propuesta es, en lo sustancial, constitucional y pol¨ªticamente irreprochable, y que responde a exigencias de econom¨ªa presupuestaria y de racionalidad organizativa dif¨ªcilmente cuestionables. En todo caso, tiempo ha tenido el PSOE de clarificar de acuerdo a sus criterios las reglas de actuaci¨®n del Ejecutivo en la c¨²pula pol¨ªtico-administrativa del Estado. ?O es que esos criterios eran m¨¢s bien dejar las cosas como est¨¢n y no modificar una situaci¨®n que pern-¨²te al Gobierno actuar pr¨¢cticamente a su antojo en la pol¨ªtica de nombramientos? Las quejas y reproches socialistas carecen, por tanto, de fundamento. Parecen el ladrido del perro del hortelano.

Los altos cargos suprimibles podr¨¢n o no ser 5.000, como quiere el PP, y desde luego las estimaciones de ahorro presupuestario parecen claramente demag¨®gicas; los nombramientos de libre designaci¨®n deber¨¢n o no detenerse en el nivel de subsecretario; los actos del Gobierno tendr¨¢n o no car¨¢cter administrativo sin excepci¨®n alguna y estar¨¢n o no sujetos en su totalidad al control de los tribunales. Son cuestiones pol¨ªticamente controvertidas, y alguna de ellas hasta constitucionalmente.

Pero todo ello debe ser sometido a debate pol¨ªtico, y lo que no admite discusi¨®n es que el PSOE ha inflado la n¨®mina de los altos cargos hasta l¨ªmites dif¨ªcilmente soportables desde criterios organizativos y presupuestarios. Ha abusado de los nombramientos a dedo en las m¨¢s diversas ¨¢reas administrativas y ha manifestado una peligrosa tendencia a eximir a sus actos de gobierno de los controles jur¨ªdicos exigibles en un Estado de derecho. La propuesta del PP merece que todos los grupos parlamentarios le presten la atenci¨®n. Y urge que se ponga orden en un ¨¢mbito tan propicio a la corrupci¨®n y oneroso al erario p¨²blico.