Crueldad y ocio

EL GOBIERNO, en su af¨¢n de apoyar una paternidad responsable sobre la infancia y juventud espa?olas, ha promovido una ley sobre la televisi¨®n que, entre otras materias, regula la emisi¨®n de programas con escenas pornogr¨¢ficas o de violencia gratuita., La normativa proh¨ªbela emisi¨®n de estos productos entre seis de la manana y diez de la noche, y reserva a la Administraci¨®n tanto la facultad punitiva como el derecho a esta blecer qu¨¦ se entiende por conceptos tan manejables como violencia gratuita. Es evidente que debe salva ,guardarse a los ciudadanos menos protegidos de la difusi¨®n de mensajes nocivos. La intenci¨®n es encomiable.Las dudas se plantean en c¨®mo satisfacer este objetivo.

La citada ley distingue los mensajes que fomenten el odio racista, xen¨®fobo, sexista, etc¨¦tera, que proh¨ªbe tajantemente, y las escenas de violencia gratuita o pornograf¨ªa, que acota en el horario de su emisi¨®n. Inicialmente, la ¨²nica cautela qu¨¦ establec¨ªa el Congreso sobre este segundo tipo de productos audiovisuales era la obligaci¨®n de advertir por medios ¨®pticos y visuales de su contenido. No limitaba su difusi¨®n a unas horas determinadas. Una enmienda en el Senado ha reforzado las exigencias.

Mientras que con la primera f¨®rmula se dejaba a los tutores del menor la decisi¨®n sobre la conveniencia de que su pupilo consumiera tales emisiones, ahora se sustrae al ciudadano este deber de tutela por la v¨ªa de impedir, en determinadas horas, que ello sea posible. Eximir de tal responsabilidad a los padres o tutores del menor es una manera indirecta de fomentar un uso de la televisi¨®n como mera guarder¨ªa audiovisual que inmoviliza al menor ante la pantalla sin que nadie en casa -porque ya lo hace la Administraci¨®n- vele por los contenidos que propician esta permanencia paralizante ante la peque?a pantalla.

El debate sobre el impacto de los mensajes violentos est¨¢ abierto. Hay quien duda de que, si realmente se produce una inducci¨®n en las conductas del menor, sea tanto por los contenidos como por la necesidad casi fisiol¨®gica de compensar tantas horas. de inmovilidad y falta de dedicaci¨®n de sus mayores.

La ley espa?ola obedece al seguimiento de una directiva europea que dejaba a los Gobiernos la f¨®rmula para regular alg¨²n tipo de protecci¨®n de los menores y j¨®venes ante la oferta audiovisual. El problema radica en que en Espa?a no existe la misma tradici¨®n que en otros pa¨ªses europeos, que ya tienen en marcha f¨®rmulas de tutela socialmente aceptadas. El hecho de que algunas televisiones generalistas hayan incumplido el c¨®digo ¨¦tico que ellas mismas suscribieron en estos asuntos debilita su voz a la hora de quejarse por la iniciativa gubernamental. Pero no impide una reflexi¨®n sobre los problemas que plantea.

El primero y fundamental es el aspecto vaporoso de las definiciones que se dan para fijar los programas susceptibles de prohibici¨®n o control horario. . Conceptos como el de pornograf¨ªa o violencia innecesaria se sostienen en una incorregible polisemia y permiten al funcionario que, debe fijar sus fronteras conceptuales enviar muchas obras cumbres de la cinematograf¨ªa al infierno de los proscritos.

El segundo aspecto llamativo de esta nueva ley es que deja al Gobierno, concretamente al Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes, establecer qu¨¦ programas o mensajes son pornogr¨¢ficos o violentos y las atribuciones represoras. El ministerio encargado del transporte de las se?ales audiovisuales y de la ecolog¨ªa es, parad¨®jicamente, la autoridad pol¨ªtica en este asunto tan indefinido. Es discutible, por tanto, que se atribuya esta competencia, a no ser que considere dentro de sus tareas la vigilancia de la poluci¨®n ideol¨®gica o audiovisual. La falta de una autoridad audiovisual, semejante a los organismos que existen en otros pa¨ªses europeos, convierte en cuesti¨®n de Gobierno un tema que, si se acepta alg¨²n control, debe ser socialmente consensuado. Una comisi¨®n de lo audiovisual, donde los telespectadores tengan voz y voto, podr¨ªa ser una instancia adecuada si se sabe encontrar una f¨®rmula para que la elecci¨®n de sus integrantes no caiga en el sistema de cuotas tan querido por los partidos pol¨ªticos espa?oles.