El juez Barbero cita a declarar como inculpado en el 'caso Filesa' al banquero Alfonso Esc¨¢mez

El juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa, ha aceptado la solicitud del fiscal Antonio Salinas para que se llame a declarar como inculpado a Alfonso Esc¨¢mez, ex presidente del Banco Central. La citaci¨®n se ha concretado para el pr¨®ximo jueves, d¨ªa 7. Otros siete directivos de empresas que pagaron distintas cantidades de dinero a Filesa por la elaboraci¨®n de informes inexistentes tambi¨¦n han sido citados a declarar como inculpados. El largo procedimiento seguido en la instrucci¨®n del caso Filesa parece que finalmente empieza a concretarse.

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye las diligencias del conocido caso Filesa -posible financiaci¨®n irregular del PSOE a partir de un conglomerado de sociedades que supuestamente elaboraban informes para otras empresas- decidi¨® ayer acceder a la petici¨®n del fiscal y citar a declarar a ocho personas como inculpados por los presuntos delitos de falsedad de documento mercantil, apropiaci¨®n indebida y delito fiscal.Entre ellos se encuentra Alfonso Esc¨¢mez, presidente del Banco Central en el momento en que ocurri¨® el caso Filesa y en la actualidad presidente de Cepsa. Junto a ¨¦l tendr¨¢n que declarar como inculpados Eugenio Mar¨ªn, consejero delegado de Cepsa; Felipe Benjumea, ex presidente de Abengoa; Miguel ?ngel Olalla, director de relaciones industriales de Abengoa; Julio Calleja, ex presidente de ABB; Jos¨¦ Molina, ex presidente de Enasa; Francisco Javier Iglesias, vicepresidente de Asfaltos y Construcciones Elsah, y Diego Ramos, gerente de la empresa Camunsa.

Fuentes jur¨ªdicas conocedoras del caso Filesa han mostrado su sorpresa por la decisi¨®n del fiscal de solicitar que Esc¨¢mez -y el resto de personas llamadas a declarar- sea inculpado por estos tres presuntos delitos citados. Para estas fuente , el principal de los tres posibles delitos es el fiscal y ¨¦ste, en principio, no existir¨ªa, ya que las empresas que pagaron a Filesa presentaron una declaraci¨®n complementaria ante Hacienda en los primeros momentos de las investigaciones, lo que les exonerar¨ªa de ese delito.

Declaraci¨®n complementaria

Efectivamente, distintas sociedades pagaron cantidades millonarias a Filesa por unos presuntos estudios que no han aparecido nunca y que nadie ha visto realmente. En concreto, el entonces Banco Central, hoy Banco Central Hispano, pag¨® 204 millones de pesetas por dos estudios; el BBV, a trav¨¦s del entonces Banco de Vizcaya, pag¨® 196 millones; Cepsa desembols¨® 244 millones. Otras sociedades como FCC, ABB, Elsan, Pryca o Enasa pagaron por esos informes cantidades que oscilaron ligeramente por encima de los 100 millones y otras mucho menores.

Estas cantidades fueron inicialmente declaradas como gastos deducibles a efectos fiscales, y por eso los bancos y el resto de empresas presentaron una declaraci¨®n complementaria para el pago de las cantidades no satisfechas en el momento en que se destap¨® el esc¨¢ndalo. El BCH abon¨® 85 millones de pesetas por el impuesto de sociedades e IVA; el BBV, 82 millones, y Cepsa super¨® ligeramente los 100 millones.

Seg¨²n algunos medios, "el bien jur¨ªdico a proteger en este caso eran los ingresos p¨²blicos" y ¨¦stos se produjeron una vez que se present¨® la declaraci¨®n complementaria. ?sta es la tesis-elpago a Hacienda antes de iniciarse un sumario excluye de responsabilidad penal- defendida al principio s¨®lo por Miguel Moreiras, juez de la Audiencia Nacional, a la que posteriormente se ha sumado Hacienda. No obstante, hay un auto de la propia Audiencia Nacional que discrepa de la posici¨®n de Moreiras y mantiene que la regularizaci¨®n no elimina el posible delito fiscal.

El posible delito fiscal cometido por estas personas como responsables de las sociedades que pagaron distintas cantidades a Filesa llevaba aparejada la falsedad de documento mercantil, ya que se emiti¨® una factura que no reflejaba la realidad porque figuraba que a cambio del dinero se recib¨ªan unos estudios que no exist¨ªan.

La petici¨®n del fiscal Antonio Salinas se produce a las pocas semanas del nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Carlos Granados, lo que parece haber supuesto un cierto nuevo impulso al procedimiento que lleva tres a?os instruy¨¦ndose. En los ¨²ltimos d¨ªas del pasado mes de abril declaraba Alfonso Esc¨¢mez ante el juez Barbero y aceptaba que hab¨ªa "autorizado, aunque no ordenado" el pago de 204 millones de pesetas por dos informes.

Cambio de orientaci¨®n

La decisi¨®n del fiscal, secundada por el juez, supone dar un paso importante, ya que por primera vez se decide calificar como posibles inculpados no s¨®lo a las personas que recibieron el dinero pagado por las distintas sociedades sino tambi¨¦n a quienes pagaron dichas cifras. De ah¨ª la petici¨®n del fiscal para que se inculpe a Alfonso Esc¨¢mez, Eugenio Mar¨ªn, Felipe Benjumea, Julio Calleja, Jos¨¦ Molina, Francisco Javier Iglesias, Miguel ?ngel Olalla y Diego Ramos.

Sorprende, no obstante, que la lista se limite a estos ocho nombres cuando la relaci¨®n de sociedades que pagaron dinero a Filesa es m¨¢s extensa y figuran en ella personas de la misma importancia que otras a las que si se pide su inculpaci¨®n. Por ejemplo, quienes ordenaron en el BBV, FCC y Pryca que se pagaran cantidades elevadas a Filesa por estudios que no aparecen, de lo que no se responsabilizan y que han quedado excluidos de esta petici¨®n de inculpaci¨®n por parte del fiscal.