Cangrejo o camelo de ley

La determinaci¨®n del perfil legislativo del Gobierno y de su funci¨®n directora sobre la Administraci¨®n del Estado suscita desde hace tiempo -como se?ala un reciente editorial de EL PA?S (Gobierno de ley)-, discusi¨®n entre los especialistas. La cuesti¨®n admite diversas concreciones, desde los requisitos exigibles para acceder a los cargos directivos hasta la tipolog¨ªa de ¨¦stos. Pero tanto el grueso de la proposici¨®n de ley del PP sobre la Administraci¨®n General del Estado (AGE) cuanto la "propuesta de reducci¨®n de altos cargos" que la acompa?a provocaran perplejidad y rechazo al analista a poco que ¨¦ste se aproxime con una m¨ªnima informaci¨®n y con al menos un poco de sentido com¨²n.La raz¨®n es simple. Lo m¨¢s llamativo de la propuesta popular estriba en su disparatada lectura de lo que sean las exigencias de econom¨ªa presupuestaria en una Administraci¨®n moderna, traducida en una irracional reducci¨®n de empleos p¨²blicos. Tal reducci¨®n, sin embargo, es cangrejo o es camelo: supone una marcha atr¨¢s o enga?a al querer obtener ochenta a cambio de ocho. No s¨®lo porque el 80% de cargos a suprimir est¨¦n ocupados ya por funcionarios de carrera, sino, lo que es m¨¢s importante, porque las cuentas del PP no cuadran en manera alguna a poco que se las contraste. No es la primera vez que el PP intenta confundir a la opini¨®n p¨²blica con una "reducci¨®n de altos cargos" que, cuando menos, merece la calificaci¨®n de demag¨®gica. Siempre que la ha planteado, se ha visto luego en la necesidad de rectificarla. As¨ª ha sucedido cuando ha tenido oportunidad de dar trigo en otras administraciones bajo su responsabilidad, y no s¨®lo de seguir predicando: Castilla y Le¨®n, Galicia, Cantabria o en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que se va buscando es el golpe de efecto, pero sus autores saben perfectamente que ni es real en las cifras ni viable en su formulaci¨®n.

No hay, en primer lugar, tal hiperinflaci¨®n: ni en la Administraci¨®n del Estado hay 7.694 altos cargos (son 489), ni de su supresi¨®n se derivar¨ªa un ahorro de casi 80.000 millones de pesetas. Ni los subdirectores generales, ni los subdirectores generales adjuntos, ni los consejeros t¨¦cnicos y asimilados son legalmente altos cargos. No lo son seg¨²n la ley, y no lo son tampoco en la realidad de la organizaci¨®n. Son 7.418 funcionarios de carrera que han accedido, mediante oposici¨®n, a los cuerpos superiores de la Administraci¨®n del Estado y que, por su cualificaci¨®n profesional y t¨¦cnica, ocupan las posiciones directivas de la organizaci¨®n. No son, por tanto, "pol¨ªticos", ni personas "afines o adictas" al PSOE, ni han sido "nombrados a dedo por el Gobierno". Son funcionarios civiles que ejercen su labor profesional como abogados del Estado, inspectores de finanzas, diplom¨¢ticos, administradores civiles del Estado, t¨¦cnicos de la Seguridad Social..., altos funcionarios que tienen la responsabilidad de ejecutar las directrices pol¨ªticas del Gobierno de acuerdo con la ley, y que ser¨ªan los principales y m¨¢s directos afectados por una dr¨¢stica propuesta de reducci¨®n de puestos.

La propuesta s¨®lo admite tres opciones. Si lo que el PP pretende es echar a la calle a estos altos funcionarios, que lo diga abiertamente. Porque, superada hace ya d¨¦cadas y d¨¦cadas la fase del spoil system, a estos altos funcionarios, con la Constituci¨®n y con la ley en la mano, s¨®lo se les puede echar previo expediente disciplinario por comisi¨®n de falta MUY grave. Si lo que se pretende es degradar a estos funcionarios directivos y predirectivos de la AGE, que se diga tambi¨¦n abiertamente. Porque, en tal caso, no se ahorrar¨¢n ni 80.000 millones ni 8.000. En fin, si lo que se busca es en realidad confundir deliberadamente a la opini¨®n p¨²blica espa?ola, procediendo a una degradaci¨®n meramente formal seguida de alg¨²n otro tipo de compensaciones no precisadas, que lo expliciten as¨ª en su propuesta. Porque, en tal caso, no habr¨¢ ahorro, sino, previsiblemente, un incremento del gasto.

En cuanto a los que s¨ª son legalmente altos cargos (secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales), que la opini¨®n p¨²blica debe saber que ya actualmente cerca del 80% son tambi¨¦n funcionarios de cuerpos superiores, suprimir sus puestos de trabajo no eximir¨ªa a la Administraci¨®n de la obligaci¨®n de concederles el reingreso. Pero es que ni siquiera dando por bueno que fuese posible sin m¨¢s "echar a la calle" a todos los funcionarios de cuerpos superiores podr¨ªan sostenerse los c¨¢lculos de la propuesta. Un ministro no gana, como pretende el PP, 41 millones, sino 9,9 (retribuciones brutas). Como tampoco gana un director general 24, sino 8,9; ni un subdirector general 16,5, sino 7. ?A qui¨¦n se incluye en estas cifras desorbitadas y totalmente alejadas de la verdad? Al parecer, no contentos con tergiversar la realidad, se mete en el mismo saco de la depuraci¨®n de cargos p¨²blicos a los funcionarios directivos, a todos los administrativos, auxiliares y personal subalterno, igualmente funcionarios, dependientes de alg¨²n modo del ¨®rgano a suprimir. Como de costumbre, no se explica por qu¨¦ camino se optar¨¢. Por la sencilla raz¨®n de que ninguna de las v¨ªas comportar¨ªa semejante ahorro. Es muy f¨¢cil hacer malabarismos con el cu¨¢nto cuando no se dice el c¨®mo.

Los objetivos a cubrir y el camino para ello son muy otros. El Gobierno y la mayor¨ªa que lo sustenta han reafirmado ante las Cortes su compromiso de encuadrar la relaci¨®n entre el Ejecutivo y la Administraci¨®n General del Estado, regular el estatuto del responsable pol¨ªtico de un departamento como algo diferenciado del de sus directivos, fijar las bases de la Administraci¨®n institucional al tiempo que redefinir la organizaci¨®n perif¨¦rica, desde el obligado marco de la culminaci¨®n de los traspasos en la actual etapa de profundizaci¨®n auton¨®mica. La simplificaci¨®n y la reducci¨®n de unidades administrativas superfluas son, pues, desaf¨ªos reales permanentes para la modernizaci¨®n de las administraciones p¨²blicas. Importantes decisiones han venido traduciendo esta l¨ªnea de impulso en estos ¨²ltimos meses. Pero sin atender a los datos de la realidad, ning¨²n proyecto de actuaci¨®n puede ser valorado en t¨¦rminos de racionalidad y de viabilidad, que es lo que los ciudadanos tienen derecho a esperar.

es ministro para las Administraciones P¨²blicas.