Una dominicana a una red de prostituci¨®n a un edil del PP en Benidorm

Alida Batista Alcequiez, una dominicana de 33 a?os afincada en Benidorm, ha denunciado la existencia de una red de prostituci¨®n dedicada a la explotaci¨®n de inmigrantes ilegales. En una querella judicial ratificada ayer, implica a Francisco Saval, concejal del PP en esa ciudad alicantina. ?ste neg¨® a este peri¨®dico cualquier vinculaci¨®n suya con el supuesto grupo: "Se trata de un chantaje, un montaje y un ultraje propio de una mente calenturienta y despreciable". Seg¨²n Batista, las v¨ªctimas de la organizaci¨®n son obligadas a vender sus cuerpos para obtener permisos de residencia y trabajo.Alida Batista ha presentado su querella ante el Juzgado n¨²mero 6 de Benidorm por los presuntos delitos de prostituci¨®n, coacciones y falsedad en documento p¨²blico. En el escrito figuran como acusados Francisco Saval Rom¨¢n, edil popular; su hermano, Juan, y Mar¨ªa Cristina Camilo Almonte.

Seg¨²n la denuncia, esa mujer caribe?a lleg¨® a finales de 1988 a Espa?a, pa¨ªs en el que permaneci¨® de forma ilegal hasta el 19 de noviembre de 1991, cuando consigui¨® al fin permiso de residencia y trabajo por un a?o.

Justamente en el transcurso de ese plazo, siempre de acuerdo con su versi¨®n, tuvo conocimiento a trav¨¦s de otras mujeres de su misma nacionalidad de que una residente en Benidorm, a la que se conoce con el apodo de Sandra -al parecer, se trata de Mar¨ªa Cristina Camilo-, pod¨ªa conseguir las debidas autorizaciones.

La querellante asegura que Sandra le pidi¨® la cantidad de 280.000 pesetas para iniciar los tr¨¢mites para su legalizaci¨®n. En ese momento, aduce, le fue presentado Juan Saval, due?o de una asesor¨ªa en Benidorm, con el que presuntamente colaboraba su hermano, Francisco, concejal del PP.

Batista obtuvo el d¨ªa citado el permiso para un a?o. Los querellados, alega, le pidieron entonces 50.000 pesetas mensuales para pagar con ellas la cotizaci¨®n relativa a la Seguridad Social. Como ella no dispon¨ªa de recursos, fue inducida a dedicarse a la prostituci¨®n "como ¨²nica posibilidad de obtener ingresos", seg¨²n la denuncia, "bajo la amenaza de que, en el supuesto de fallar [en tal actividad], se le dar¨ªa de baja y se le expulsar¨ªa de Espa?a".