Asalto a la anticorrupci¨®n

"Nuestras c¨¢rceles se encuentran pavorosamente superpobladas por miles de personas que no han sido condenadas en procesos regulares, y que languidecen en espera de juicio. Se trata de personas que la ley nos obliga a considerar inocentes, y que, en cambio, son tratadas como si hubieran sido ya condenadas. Tanto en Italia como en el extranjero se nos acusa abiertamente de violar algunos principios de los derechos humanos".Berlusconi se expres¨® de este modo el pasado s¨¢bado, en el comunicado con el que trat¨® de calmar la explosi¨®n de protestas desencadenada por las primeras aplicaciones del decreto-ley que modifica la normativa vigente en Italia sobre la prisi¨®n preventiva, y cuya aprobaci¨®n por v¨ªa de urgencia, el martes anterior, provoc¨® un aluvi¨®n de protestas debido a que los presuntos reos de delitos de corrupci¨®n no podr¨¢n ya entrar en la c¨¢rcel antes de haber sido condenados.

En principio, la estad¨ªstica penal italiana, no muy distinta de la que se encuentra en otros pa¨ªses europeos, deber¨ªa prestar una base de raz¨®n al referido argumento expuesto por el primer ministro. Pero la realidad no es esa. M¨¢s all¨¢ de los ataques directos a los jueces que Berlusconi intercala en sus razonamientos, el decreto-ley en cuya defensa se ha empe?ado el primer ministro quebranta el principio de equidad, dicen los jueces, al introducir grandes diferencias en el trato a los delincuentes.

Por ejemplo, un usurero o un navajero sorprendidos in fraganti ingresar¨¢n inmediatamente en prisi¨®n, mientras que un empresario, acusado de corromper a un pol¨ªtico podr¨¢ ser sometido, como m¨¢ximo, a arresto domiciliario, aun en el caso de que la pena de c¨¢rcel que pueda corresponderle sea mucho m¨¢s elevada que la del usurero o la del navajero.

De ah¨ª la soledad de Berlusconi en la defensa de una medida que sabe a manipulaci¨®n del debate sobre la prisi¨®n preventiva y a desmantelamiento del marco legal en el que lograron desarrollarse unas investigaciones sobre corrupci¨®n que han cambiado radicalmente el panorama pol¨ªtico italiano.

La v¨ªa del decreto-ley y las razones de urgencia esgrimidas para aprobarlo, evitando el debate en el Parlamento, repercuten ulteriormente en el desprestigio de una iniciativa que no apoyan ni los aliados de Forza Italia en el Gobierno (Alianza Nacional y la Liga Norte) ni estrechos colaboradores de Berlusconi como el abogado Raffaele della Valle, portavoz de sus diputados, o Tiziana Parenti, la ex magistrada de la investigaci¨®n Manos Limpias que se uni¨® a Forza Italia tras denunciar que sus colegas de Mil¨¢n aplicaban las leyes con prejuicios pol¨ªticos.

Saturaci¨®n penal

Cuando entr¨® en vigor el decreto de Berlusconi, en las c¨¢rceles italianas hab¨ªa 56.000 presos, de los que 31.000 segu¨ªan pendientes de sentencia definitiva. De ¨¦stos, 13.818 esperaban todav¨ªa ser juzgados en primera instancia.Tales cifras configuran un panorama problem¨¢tico de contaminaci¨®n moral y f¨ªsica de la poblaci¨®n penal, agravado por la proliferaci¨®n de delitos como el peque?o tr¨¢fico de drogas y por la lentitud de una Administraci¨®n de Justicia que adolece de falta cr¨®nica de medios.

Pero semejante panorama no fue una preocupaci¨®n especial hasta que notorios empresarios y pol¨ªticos comenzaron a entrar en la c¨¢rcel como presuntos reos de delitos de corrupci¨®n y de concusi¨®n. Los datos sobre los primeros liberados en aplicaci¨®n del decreto del presidente Berlusconi indican que estos reclusos ilustres vienen a representar el 10% de los detenidos preventivos, es decir, algo m¨¢s de 500.

La pol¨¦mica sobre el encarcelamiento preventivo surgi¨® como consecuencia de una anomal¨ªa de la legislaci¨®n italiana, que prev¨¦ tres supuestos de prisi¨®n cautelar: peligro de fuga del detenido, reincidencia y riesgo de manipulaci¨®n de las pruebas. Este ¨²ltimo supuesto no est¨¢ previsto en los pa¨ªses europeos.

La posible destrucci¨®n de pruebas ha sido, sin embargo, la circunstancia alegada casi invariablemente por los magistrados italianos para mantener incluso durante meses en prisi¨®n a los pol¨ªticos y magistrados investigados por delitos de corrupci¨®n relacionados con la financiaci¨®n de los partidos. Los cr¨ªticos han se?alado que, de hecho, la prisi¨®n preventiva era utilizada en Italia como un arma de presi¨®n para lograr la confesi¨®n de estos detenidos ilustres.

La reforma de Berlusconi no cambia ese marco de referencia. Pero introduce la distinci¨®n ya mencionada: la prisi¨®n preventiva se reserva a los delitos de Mafia, terrorismo, gran tr¨¢fico de drogas y, en general, de violencia, incluidos los robos con fractura o violaci¨®n de domicilio.

Queda exclu¨ªda en los dem¨¢s, como los peque?os hurtos y el peque?o tr¨¢fico de drogas, y como los grandes delitos de corrupci¨®n pol¨ªtica, la quiebra fraudulenta y todos los de tipo econ¨®mico.

Los magistrados lamentan tambi¨¦n que el decreto-ley impide dar publicidad a las diligencias previas y afirman que debilita la lucha contra la Mafia, en la medida en que las investigaciones s¨®lo podr¨¢n ser mantenidas en secreto durante tres meses.