La carga de la prueba

Entre la pol¨ªtica y el derecho hay una clara frontera; esto es, contacto pero, sobre todo, separaci¨®n. La pol¨ªtica es la esfera de la incertidumbre. El derecho es, o al menos debe ser, la esfera de la seguridad. En la esfera de la pol¨ªtica tienen lugar disputas en las cuales es incierto qui¨¦n tiene la raz¨®n. En la esfera del derecho tambi¨¦n se discute con frecuencia qui¨¦n tiene la raz¨®n, pero esta discusi¨®n est¨¢ siempre predecidida material o/y formalmente. La pol¨ªtica es, pues, la esfera del enfrentamiento en la incertidumbre. El derecho es la esfera del enfrentamiento en la seguridad, es decir, de la disputa presidida material y/o formalmente, desde el punto de vista del contenido y/o procedimiento.Esta distinci¨®n no es s¨®lo acad¨¦mica, sino que tiene una relevancia pr¨¢ctica extraordinaria. Cuando no se entiende adecuadamente, se acaban cometiendo errores, tanto pol¨ªticos como jur¨ªdicos.

Algo de esto es lo que le viene ocurriendo al Gobierno y al partido socialista desde finales de 1989. Ha reaccionado jur¨ªdicamente cuando ten¨ªa que haberlo hecho pol¨ªticamente, y a la inversa. Los resultados est¨¢n a la vista.

Pero no es al pasado a lo que quiero referirme, sino al presente y al inmediato futuro, porque puede volver a incurrirse en el mismo error. Me estoy refiriendo a la pol¨ªtica territorial del Gobierno y a los pactos con los partidos nacionalistas y en particular con CiU.

El Gobierno est¨¢ reaccionando como si se tratara de una cuesti¨®n que tiene que ser dilucidada ante un tribunal de justicia. Que la oposici¨®n demuestre que no se est¨¢ haciendo una pol¨ªtica de Estado, sino que se est¨¢ haciendo Una pol¨ªtica parcial, que privilegia a determinadas zonas del territorio en detrimento de otras. En EL PA?S del martes pasado, sin ir m¨¢s lejos, aparec¨ªan unas declaraciones del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Pe?a, en las que "retaba" -a que alguien le demostrara que se hab¨ªa tomado una sola medida que beneficiara a Catalu?a "sobre otras comunidades aut¨®nomas".

De esta forma de argumentar tendr¨¢ que hacer uso en su d¨ªa el abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional en el recurso del 15% ' porque all¨ª la cuesti¨®n se va a decidir con criterios jur¨ªdicos. Pero esa argumentaci¨®n no vale en pol¨ªtica.

El Gobierno no puede nunca, en una materia tan capital como es ¨¦sta de la estructura del Estado m¨¢s importante, que, todas, que el paro, que las pensiones, que todas utilizar el argumento "que me demuestren". Es, ¨¦l el que tiene que demostrar que su pol¨ªtica no es una pol¨ªtica parcial, que es una pol¨ªtica general para todo el Estado.

En este terreno es ¨¦l quien tiene que soportar la carga de la prueba. Es el Gobierno el que tiene que demostrar, esto es, mostrar p¨²blicamente, la pol¨ªtica que est¨¢ haciendo, despejando de esta manera las dudas que puedan tener los ciudadanos al respecto.

?sta es la regla del juego. Y es una buena regla. La acumulaci¨®n de poder en el Gobierno del Estado democr¨¢tico de nuestros d¨ªas y al margen no de discrecionalidad, sino de libertad de que dispone para hacer uso del mismo, exige que el Gobierno d¨¦ cuenta permanentemente a la opini¨®n p¨²blica de la pol¨ªtica que est¨¢ haciendo. ?ste es el mecanismo de control del poder m¨¢s, importante del que dispone la sociedad. Si el Gobierno no lo entiende as¨ª, es que ha perdido el sentido de la realidad. Sus consecuencias ya se sabe cu¨¢les son.