12.780 personas est¨¢n en prisi¨®n en Espa?a sin haber sido condenadas por los jueces

Doce mil setecientas ochenta personas est¨¢n en prisi¨®n preventiva en las c¨¢rceles espa?olas, donde hay un total de 48.900 internos. Eso supone el 26% de la poblaci¨®n reclusa, lo que fuentes penitenciarias consideran "nor mal" y porcentualmente "muy inferior" a la cifra que hab¨ªa hace cuatro a?os. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que se decretar¨¢ la prisi¨®n provisional cuando el juez, lo considere "necesario" por "las circuntancias del hecho, la alarma social que su comi si¨®n haya producido o la frecuencia con la que se cometan hechos an¨¢logos". Juristas y abogados penalistas atribuyen la reducci¨®n de preventivos a la mayor rapidez en los juicios y a que los magistrados tienden a aplicar la medida de prisi¨®n en casos extremos.

El n¨²mero de internos preventivos en los centros penitenciarios se mantiene pr¨¢cticamente estable durante los ¨²ltimos cuatro a?os. Eso supone una evidente, disminuci¨®n porcentual en relaci¨®n con la creciente cifra global de reclusos, seg¨²n datos facilitados por la secretar¨ªa de Estado de Asuntos Penitenciarios referidos a los centros dependientes de este organismo (todos excepto los de Catalu?a). En paralelo ha ido ascendiendo de forma espectacular la cifra de penados.El art¨ªculo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisi¨®n preventiva puede prolongarse hasta un m¨¢ximo de cuatro a?os si hay circunstancias que hagan prever que la causa no podr¨¢ ser juzgada antes y si el juez entiende que "el inculpado pudiera sustraerse a la acci¨®n de la justicia". El instructor tiene potestad para decretar la libertad bajo fianza del inculpado si cree que ¨¦ste no va a escapar o si su delito no ha producido alarma social.

La legislaci¨®n permite a los jueces actuar con gran discrecionalidad, lo que motiva que la opini¨®n p¨²blica se sienta a veces desorientada ante decisiones diferentes para casos similares. En los magistrados pesa mucho la repercusi¨®n social de sus decisiones, Io que quiz¨¢ est¨¢ llevando a un endurecimiento en la medida de la prisi¨®n preventiva para casos sonados.

Un ejemplo puede ser el encarcelamiento del ex responsable de finanzas de UGT y presidente de la cooperativa PSV, Paulino Barrab¨¦s, por orden del juez Miguel Moreiras, que dos semanas despu¨¦s acord¨® su libertad a cambio de una fianza de s¨®lo 10 millones de pesetas.

Una medida con riesgos

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha alertado sobre "el riesgo de que un juez dicte una prisi¨®n preventiva como m¨¦todo de investigaci¨®n, cuando en realidad la naturaleza de esa medida cautelar no es la de investigar, sino la de asegurar el resultado del juicio con la obtenci¨®n de pruebas".La "alarma social" ante los casos de corrupci¨®n, sobre todo tras la fuga del ex director de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n, explica posiblemente el encarcelamiento preventivo de Carlos Sotos y Paulino Barrab¨¦s, directivos de la cooperativa de viviendas PSV, vinculada a UGT. En otra situaci¨®n, es posible que el juez no hubiera acordado una medida tan dura, ya que no es previsible que ninguno de ellos eludiese la acci¨®n de la justicia, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

La frecuencia con que personajes p¨²blicos ingresan en prisi¨®n en los ¨²ltimos meses contrasta con lo que suced¨ªa anteriormente. Tradicionalmente los jueces han ordenado el encarcelamiento de presuntos delincuentes desarraigados, sin trabajo ni domicilio conocidos, acusados de robos, tr¨¢fico de drogas y agresiones contra las personas.

En la actualidad, la tendencia judicial es ordenar prisi¨®n preventiva s¨®lo para supuestos terroristas, narcotraficantes, atracadores, secuestradores, homicidas y violadores, mientras que se evita hacerlo en casos de robo u otro tipo de delitos contra la propiedad.

En 1990 hab¨ªa en las prisiones 28.358 internos, el 38% de los cuales lo estaba en calidad de preventivo (10.801 personas). En 1991 hab¨ªa 32.399 reclusos, el 35,4% en r¨¦gimen de preventivos (11.471 personas). En 1992, la poblaci¨®n reclusa era de 35.918 personas, de las que el 32,4% estaban detenidas cautelarmente (11.662). El a?o pasado hab¨ªa 39.640 presos, de los que el 29,5% lo estaban preventivamente (11.699 personas).

Durante el presente a?o contin¨²a la misma l¨ªnea. El 1 de abril pasado se encontraban privadas de libertad un total de 41.771 personas, de las que 11.840 lo estaban con car¨¢cter preventivo. Tres meses despu¨¦s, es decir, el 1 de julio pasado, la cifra de detenidos cautelarmente en las prisiones dependientes del Gobierno central baj¨® a 11.075.

El Consejo General del Poder Judicial estima que el n¨²mero de causas en las que hay presos preventivos "ofrece los niveles que, cada vez con mayor raz¨®n, pueden estimarse como normales y representativos de la situaci¨®n de tales procedimientos" en los tribunales, seg¨²n consta en la recientemente aprobada memoria de dicha instituci¨®n.

La prisi¨®n cautelar es una medida que se ha convertido en objeto de debate, sobre todo a causa del encarcelamiento del ex gobernador del Banco de Espa?a, Mariano Rubio; el ex s¨ªndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha; la ex directora del BOE, Carmen Salanueva; o Blanca Rodr¨ªguez-Porto, esposa del ex director de la Guardia Civi, Luis Rold¨¢n. En la mayor¨ªa de los casos, sus abogados est¨¢n convencidos de que los jueces no habr¨ªan decretado su privaci¨®n de libertad si no se hubiera tratado de personajes p¨²blicos.