El Gobierno abandona su idea de subir el umbral del delito fiscal, que seguira en cinco millones
El Gobierno decidi¨® ayer, en el ¨²ltimo Consejo de Ministros antes de las vacaciones, mantener el umbral del delito fiscal en cinco millones de pesetas y abandonar su idea de elevarlo a 15 millones. Esta decisi¨®n contrasta radicalmente con los informes a favor de elevar el umbral M delito elaborados por Hacienda y Justicia, as¨ª como por expertos fiscales. Defraudar a Hacienda ser¨¢ delito cuando el importe ocultado supere los cinco millones de pesetas. La nueva norma equipara el delito fiscal a los, fraudes por obtener subvenciones indebidas (cuando la cantidad supere los 10 millones de pesetas), por no pagar a la Seguridad Social (a partir de 15 millones) o por cometer fraude contable (de m¨¢s de 30 millones de pesetas).
El ministro de la Presidencia, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, justific¨® el mantenimiento de los cinco millones de pesetas de fraude como frontera entre la sanci¨®n administrativa y el paso a los tribunales de Justicia porque "para la relaci¨®n individual con Hacienda, cinco millones parece una cantidad razonable".Rubalcaba neg¨®, a preguntas de los periodistas, que esta inesperada decisi¨®n sea una respuesta al caso Rubio. "El Gobierno ha adoptado la decisi¨®n por consideraciones generales, no se remite a casos singulares", respondi¨® P¨¦rez Rubalcaba.
El ex gobernador del Banco de Espa?a, seg¨²n los datos del sumario abierto en el juzgado n¨²mero 6 de Madrid, dej¨® de ingresar en Hacienda 6,16 millones de pesetas en 1989 por los ingresos obtenidos de su cuenta opaca 7MM en el despacho del ex s¨ªndico Manuel de la Concha. Es decir, si se hubiera elevado el umbral a 15 millones, los 6,16 millones de fraude que se imputan a Rubio no ser¨ªan delito, sino que deber¨ªan castigarse por la v¨ªa, administrativa.
Fuentes de Hacienda subrayaron la misma idea de Rubalcaba al asegurar que los ingresos, no ya la capacidad de defraudar, de la mayor¨ªa de los ciudadanos no superan los cinco millones de pesetas. Durante 1993, casi la mitad de los 199 expedientes de delito fiscal que Hacienda remiti¨® a los tribunales correspond¨ªan a fraudes de entre cinco y 15 millones de pesetas. Fuentes de Hacienda negaron ayer que la Agencia Tributar¨ªa haya cursado ninguna orden para que se pospusiera el tr¨¢mite de los expedientes por delito fiscal de entre cinco y 15 millones de pesetas.
La lentitud de los tribunales y la dificultad pr¨¢ctica para lograr el cobro de la deuda y de la sanci¨®n contaban como motivos impl¨ªcitos en la defensa de subir el umbral del delito. Ahora, la consideraci¨®n de la capacidad de fraude de la mayor¨ªa de los ciudadanos ha pesado m¨¢s. No en vano se trata de un proyecto de ley org¨¢nica, que requiere el respaldo de dos tercios de la C¨¢mara. Rubalcaba estim¨® ayer que el tr¨¢mite parlamentario se dilatar¨¢ "unos seis meses" y fuentes gubernamentales no descartan negociar el apoyo necesario en las discusiones que el Gobierno mantiene para la aprobaci¨®n de los Presupuestos. Tras su aprobaci¨®n, esta ley se integrar¨¢ en el nuevo C¨®digo Penal.
Al mantener invariado el umbral del delito, las novedades del proyecto de ley org¨¢nica se refieren a los nuevos fraudes que pasan a la jurisdicci¨®n de los tribunales de Justicia. Hasta ahora, el impago de las cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo, no estaba tipificado como conducta delictiva, aunque pod¨ªa ser objeto de sanci¨®n penal a trav¨¦s de la figura de "apropiaci¨®n indebida". El proyecto fija en 15 millones de pesetas el fraude A la Seguridad Social, que ser¨¢ castigado como delito. De igual forma, recibir subvenciones indebidas por un importe de m¨¢s de 10 millones de pesetas se considerar¨¢ "delito de subvenciones" y falsear la contabilidad de una empresa por m¨¢s de 30 millones ser¨¢ "delito contable".
Voluntad de defraudar
Las penas previstas para todos estos delitos quedan unificadas en el proyecto de ley. El importe de la sanci¨®n podr¨¢ llegar hasta seis veces la cantidad defraudada. Esta sanci¨®n podr¨¢ estar acompa?ada de prisi¨®n menor. Adem¨¢s, cuando concurran circunstancias que denoten una especial voluntad de defraudar y de dificultar la investigaci¨®n, o cuando haya una estructura organizativa pensada para facilitar el fraude, la pena a imponer ser¨¢ la m¨¢xima prevista en el proyecto de ley.
La regularizaci¨®n fiscal antes de que empiece la inspecci¨®n ser¨¢ la ¨²nica v¨ªa de evitar estas penas. El proyecto de ley calca la norma administrativa (la que opera para el fraude fiscal de menos de cinco millones) al eximir de castigo a quienes regularicen antes de que se les notifique el inicio de una actuaci¨®n inspectora.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprob¨® ayer la venta de Artespa?a (por 50 millones de pesetas) a la empresa Medino, SL, y de CAIVSA, sociedad del INH, a Gas Natural. Esta ¨²ltima, por 2.265 millones de pesetas. Adem¨¢s, el Ejecutivo suprimi¨® las C¨¢maras Oficiales de la Propiedad Urbana, as¨ª como su Consejo Superior.
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